La Dirección General de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires atraviesa momentos de suma tensión. En medio del conflicto con los gremios, trascendió que un funcionario de la cartera reconoció que más de 100 fallecidos cobraban sus haberes.
El subsecretario de Recursos Humanos de la Dirección General de Cultura y Educación, Claudio Crissio, declaró ante la Justicia que fueron detectadas "inconsistencias e irregularidades" entre casi 800 agentes docentes y no docentes así como más de 100 fallecidos que cobraban haberes.
Según publica DIB, Crissio declaró en calidad de testigo en la fiscalía 6 de La Plata a cargo de Marcelo Romero, en el marco de una investigación por presuntos delitos cometidos con la asignación de horas extras, viáticos y contratos de personal en la cartera educativa.
Según la declaración, Crissio relató que se detectaron 107 personas fallecidas (24 no docentes y 83 docentes) a buena parte de los cuales se les habían seguido liquidando haberes. Puso el ejemplo de un agente fallecido en diciembre de 2008 que "aparece en la base de datos de personal con una liquidación correspondiente al mes de enero de 2009 en concepto de horas extra por un monto de 9600 pesos".
También se detectó que a un preso -detenido en octubre de 2007- se le liquidaron haberes en 2010 y 2011 y una docente de Brandsen que pidió licencia por enfermedad pero viajó a España cuando debía guardar reposo.
El funcionario sostuvo además que se detectaron 115 personas que percibían haberes sin respaldo administrativo pertinente y 568 docentes con presunta "incompatibilidad" en relación al Estatuto del Docente: algunos con más de dos cargos titulares y otros con cargos superpuestos.
Otros casos están bajo la lupa por el número de horas extra. "Detectamos casos de agentes que cobran entre horas extras hábiles y feriadas 278 horas, de las cuales 150 son hábiles y 128 feriadas", sostuvo Crissio.
Precisó un caso de una docente cuya "cantidad de horas extras asignadas equivaldría a trabajar de lunes a viernes siete horas más además de la jornada laboral y 16 horas todos los sábados y domingos del mes". Indicó también que hay "97 agentes que cobran horas extras por más de una dirección".
La declaración de Crissio se suma a las de otros dos funcionarios de Educación que declararon en los días previos. Con estos datos, y por tratarse de delitos contra la administración pública, el fiscal Romero enviaría en las próximas horas las actuaciones a la Fiscalía General para determinar si la causa pasa a la fiscalía especializada en Delitos Complejos.