Flanqueado por Matías Kulfas, ministro de Desarrollo Productivo, Luis Basterra, ministro de Agricultura, y Cecilia Todesca, vice jefa de Gabinete, el ministro expresó que “estos anuncios tienen que ver con la hoja de ruta que hemos venido marcando para propiciar la recuperación económicas de nuestro país”. Las iniciativas tienden a “promover sectores claves para el desarrollo de bienes exportables y promover el mercado interno, en particular la construcción, que es un sector clave que va a jugar un rol clave en la recuperación económica”. Para convencer a los argentinos de ahorrar e invertir en pesos Guzmán anticipó que el martes “estaremos licitando una herramienta-un bono-en pesos, atado a la variación del dólar”. Destacó que el BCRA “presentará una tasa que será referencia de todos los sectores”, a la vez que resaltó que los rendimientos de los depósitos a plazo fijo “serán positivos” en relación con la inflación.

Uno de los puntos fundamentales del paquete económico se refiere al campo y la agroindustria. Lo que pretende el gobierno es que los productores de soja liberen la soja para que los exportadores la vendan al exterior. De esa forma lograrían ingresar al país entre 7 mil y 10 mil millones de dólares que carecen de un precio fijo o que no están vendidos. Guzmán remarcó que para lograr el impulso de las exportaciones habrá “una compensación y estímulo a pequeños productores de soja y cooperativas que implicarán una inversión pública de hasta 11.500 millones de pesos para el sector”. Además, “se reducen hasta fin de año las alícuotas para las ventas al exterior del grano de soja como para sus principales derivados”. Guzmán manifestó que se reducirán “los derechos de exportación de los bienes finales industriales a 0 por ciento y de los insumos elaborados industriales al 3 por ciento”. Agregó que el gobierno subirá “el piso de reintegros a la exportación en función del valor agregado: subimos los bienes finales industriales a 7 por ciento y de los insumos elaborados industriales a 5 por ciento”. Respecto a la construcción anunció el envío al Congreso de dos proyectos de ley, uno sobre beneficios impositivos para estimular la inversión en nuevos proyectos y el otro sobre una exención de tres años del pago de bienes personales sobre los activos financieros que se apliquen a nuevas construcciones. El ministro anunció también la creación de un fondo fiduciario de cobertura y promoción para hacer sustentable el sistema de crédito hipotecario (fuente: Página/12, 2/10/020).

Lo primero que cabe destacar de este paquete económico es que el gran convidado de piedra es, una vez más, el pueblo argentino. Esta batería de medidas fueron pensadas pura y exclusivamente para controlar al dólar. A tenor de la cotización del dólar blue el día de la fecha, lamentablemente las noticias no son buenas para el gobierno. En efecto, a las tres y media de la tarde del viernes 2 el dólar blue está a 150$, según lo consigna un diario económico de consulta por el establishment como El Cronista. El gobierno se empecina en no querer darse cuenta de que la confianza y la credibilidad son fundamentales para el éxito de cualquier plan económico. Que el valor del blue sea de 150$ pone en evidencia que la palabra del ministro de Economía está devaluada. En realidad, la que está devaluada, lo que es muchísimo más grave, es la palabra presidencial. ¡Cómo se le puede creer a un presidente que les aconseja a los argentinos ahorrar en pesos cuando sus ministros lo hacen en dólares! Hoy, como tantas veces sucedió a lo largo de nuestra historia, carecemos de moneda. Nadie cree en el peso. Todos lo consideran un papel pintado.

Así lo acaba de reconocer nada más y nada menos que Sergio Woyecheszen, vicepresidente del Banco Central. En las últimas horas reconoció que “La gente que apuesta al peso, tus abuelos, mis viejos, nosotros, siempre perdió”. Resulta, pues, inentendible que el gobierno pretenda por la fuerza que la gente se maneje sólo con pesos mientras un importante funcionario reconoce que el peso no sirve absolutamente para nada. Luego destacó que en estos momentos el gobierno y el BCRA decidieron pasar a una etapa “ofensiva que tiene que ver con reorientar por un lado la política monetaria y cambiaria hacia lo que entendemos que puede ser una nueva normalidad post pandemia, pero tratando de generar incentivos para que haya oferta del dólar. Tanto por el mercado para pequeños ahorristas como con la suba de las tasas de interés que buscan desincentivar algunas conductas que veníamos teniendo y entre otras cosas liquidar exportaciones que se conecta con los anuncios que realizó ayer el gobierno respecto de las retenciones”. “Esperamos que las cuestiones defensivas estén más o menos resueltas y sigamos armando el medio para que si la pandemia nos deja, aterrizar en una nueva normalidad pronto”. Por último destacó que “el sistema en su totalidad está fuerte en materia de divisas. Cualquiera que quisiera retirar sus divisas las tiene disponibles” (fuente: Infobae, 2/10/020).

Como era previsible los dirigentes del campo recibieron con desagrado las medidas anunciadas por el gobierno nacional. Carlos Iannizzotto, presidente de Coninagro, manifestó: “Las medidas anunciadas no tienen el rumbo que el productor espera, puesto que la temporalidad propuesta hace que el beneficio podría no ser captado por los productores”. “Decididamente bajar las retenciones sobre la soja es una medida fiscalista que difícilmente tenga impacto, puesto que hay varios factores como la brecha cambiaria que no acompañan esta medida, la situación macro sigue inconsistente. En resumen, esto es más coyuntural que estratégico”. “Desde su territorialidad y la impronta de generar puestos de trabajo, Coninagro sigue a disposición para intercambiar propuestas, gestión y contenido en pos del desarrollo local, con políticas que alienten la inversión y la producción, tal como expresa el Plan Coninagro”.

Por su parte, Jorge Chemes, presidente de Confederaciones Rurales Argentinas, aseguró que “Los anuncios demuestran que no conocen la dinámica comercial y logística de la producción de granos. Es una transferencia de recursos del sector productivo a la industria. Un subsidio por parte del sector productivo a la industria”. Mientras que Pelegrina, titular de la SRA, dijo que “Los anuncios fueron peores de lo que había trascendido. Restituyen una medida que nosotros veníamos denunciando desde hace tiempo, que es el diferencial de retenciones entre el poroto de soja y los derivados. Se trata de una transferencia de dinero de los productores a los industriales encargados de la molienda de soja. Ese fue el motivo por el cual nosotros desde la Rural decidimos no participar del Consejo Agroindustrial, porque se promovía esta maniobra de conseguir el diferencial”. “Todo esto ocasiona más trastornos a la transparencia del mercado, con nuevas distorsiones y no lograrán conseguir la medida que buscan que es que los productores se incentiven a vender. Es por eso que no estamos de acuerdo con el fondo de todas estas medidas y tampoco con las formas, porque nada de esto se nos consultó, ni se nos avisó, y las invitaciones para el Acto fueron a último momento” (fuente: Infobae, 2/10/020).

Emerge en toda su magnitud la falta de confianza que genera el gobierno de Alberto Fernández. El dólar blue vale hoy 150$ porque la palabra del presidente se ha desvalorizado tanto como el peso. Ahora bien, esa desconfianza se basa, a su vez, en cuestiones ideológicas. Para el establishment el gobierno nacional es populista, antimercado, antipropiedad privada. En consecuencia, por más que se esmere en congraciarse con el establishment, para sus miembros las medidas que tome siempre serán insuficientes o tomadas a destiempo o lo que fuere. El orden conservador sólo le tiene confianza a un gobierno conservador, por más yerros que cometa. Le perdona todo. No sucede lo mismo con un gobierno “del campo nacional y popular”. Es por ello que el paquete económico que acaba de dar a conocer el gobierno está condenado al fracaso. Por un lado, porque estas medidas ya demostraron su ineficacia. Por el otro, porque el establishment no le cree al gobierno básicamente por motivos ideológicos. Y jamás lo hará.

El pedido de juicio político de la diputada (FdT) Vanesa Siley

Vanesa Siley es diputada nacional por el FdT y miembro del Consejo de la Magistratura. Quiso la providencia que justo en medio del tembladeral provocado por la decisión de la Corte de dar lugar al per saltum solicitado por los jueces federales Bruglia, Bertuzzi y Castelli, la legisladora presentara la semana pasada un pedido de juicio político contra Carlos Rosenkrantz, presidente de la CSJN, por su accionar en causas vinculadas con delitos de lesa humanidad. Para Siley el supremo incurrió en mal desempeño y eventuales delitos en el ejercicio de sus funciones, tal como están tipificados en el artículo 53 de la Constitución Nacional. A través de Twitter la legisladora expresó que el 25 de septiembre había presentado “un pedido de juicio político al presidente de la Corte Suprema, Carlos Rosenkrantz ampliando los fundamentos de los pedidos del año 2017”. Ese año organismo de derechos humanos decidieron impulsar el juicio político contra el supremo debido a su voto favorable a la aplicación del beneficio de 2x1 a genocidas condenados por delitos de lesa humanidad. Además, consideró que Rosenkrantz “es responsable de cajonear la causa “Blaquier” para evitar que la Corte confirme el procesamiento de Carlos Pedro Blaquier por delitos de lesa humanidad”.

Considera que Rosenkrantz “obstruye el pleno ejercicio de los derechos y garantías constitucionales” y que “sus compromisos políticos y económicos con corporaciones y personas vinculadas a la responsabilidad civil en la última dictadura militar están frenando el tratamiento de causas”. Respecto al caso Muiña la diputada considera que “el juez aquí denunciado formó la mayoría que en forma contraria al derecho internacional y nacional vigente declaró aplicable a este aberrante caso la lay 24.390, conocida como la ley del 2x1”. Respecto al caso “Ledesma” Siley denuncia los vínculos entre el supremo y la familia de Carlos Pedro Blaquier, dueño del ingenio Ledesma durante la última dictadura militar. “Esos vínculos se extienden a Agustina Cavanagh, esposa de Rosenkrantz, quien integra la ONG “Cimientos” junto a Miguel Blaquier, ex abogado de la empresa azucarera y sobrino directo del principal imputado en la causa”, agrega. “Rosenkrantz despreció y confrontó de manera inadmisible los principios fundamentales que determinan el carácter inamnistiable de estos crímenes, respecto de los cuales resulta insalvablemente nula toda forma de perdón, indulto o conmutación de penas”. “La decisión tomada por este ministerio en los casos Muiña y Rufino batalla agravia de modo intolerable e inaceptable tanto a las víctimas de los delitos de lesa humanidad, a sus familiares y a la sociedad democrática en su conjunto, desbaratando y desarticulando las difíciles y múltiples conquistas que se obtuvieron durante los últimos años en pos de fortalecer la democracia argentina” (fuente: Página/12, 4/10

La respuesta de Carlos Rosenkrantz

El pedido de juicio político presentado por la diputada por el FdT Vanesa Siley mereció una dura respuesta del presidente de la Corte Suprema. He aquí su contenido (fuente: Infobae, 5/10/020):

“Hace tiempo soy blanco de una persistente campaña de desprestigio en distintas publicaciones y por parte de distintas personalidades. Me atribuyen falsamente inconductas, irregularidades y delitos de distinta naturaleza. Así, por ejemplo, me han imputado ante el Juzgado Federal 4 tener nada menos que 71 cuentas en el exterior, todas a mi nombre, para cobrar sobornos en numerosos paraísos fiscales. La imputación no solo es falsa, tal como lo manifesté en una presentación que hice en marzo de este año en dicho tribunal, sino completamente disparatada. Antes enfrenté otras dos acusaciones penales: una por el delito de prevaricato por haber firmado el fallo “Muiña” (en el que se discutía la aplicabilidad de la ley denominada del “2x1”) y otra por ser partícipe durante el tiempo en que ejercía la profesión de abogado en una quiebra fraudulenta de una empresa que tenía una franquicia de una hamburguesería en Pinamar y Villa Gesell. Ambas fueron desestimadas por el juez Rafecas.

Ahora una diputada oficialista presentó un pedido de juicio político en el que considera configurada la causal de mal desempeño que habilitaría la apertura del procedimiento en la Cámara de Diputados para investigar esos hechos y, en su caso, avanzar con mi destitución.

Las acusaciones son completamente infundadas. No he incumplido deber funcional alguno.

La diputada considera que incurrí en la causal de mal desempeño prevista en el artículo 53 de la Constitución Nacional por haber suscripto mis votos en los casos “Muiña” y “Batalla” (2x1). Afirma que vulneré el bloque de constitucionalidad que obliga a perseguir y condenar delitos de lesa humanidad y también el consenso social. Sostiene que frustré “gravemente el ejercicio de los derechos y garantías de la Constitución al haber favorecido y muchas veces asegurado la impunidad de los responsables del terrorismo de Estado mediante sentencias contrarias al derecho vigente”. Dice que me conduje con “ostensible desprecio por la sensibilidad y consciencia ciudadana” por haber mantenido mi postura sobre el 2x1 después de las protestas ciudadanas de 2017 y la sanción de la ley 27.362. También sostiene que demostré una “palmaria incomprensión del derecho normativo vigente” porque mi voto en “Batalla” no repara en que los delitos de lesa humanidad son inamnistiables o pasibles de indulto o conmutación de pena.

Es curioso que se me acuse ahora por la sentencia de “Muiña”, que fue dictada hace tres años y que también firmaron otros dos jueces. También es llamativo que se me acuse por no ceder frente a las protestas en las calles. En cualquier caso, lo cierto es que, contrariamente a lo que afirma la diputada denunciante, los lineamientos jurídicos defendidos en mis decisiones sobre el “2x1” (tanto en “Muiña” como en “Batalla”) encuentran su apoyo en la Constitución Argentina, en el derecho interamericano y el derecho internacional de los derechos humanos. Los argumentos están en los fallos y no quiero repetirlos aquí. Solo quiero insistir en que, en general, expresan mi convicción profunda de que la Constitución consagra garantías penales en favor de los acusados, incluyendo a aquellos que perpretaron los crímenes más horrendos en la historia de nuestro país. Y quiero decir, en particular, que la acusación de que “no reparé” en que los delitos de lesa humanidad no son pasibles de amnistía, indulto o conmutación de pena revela que la legisladora ni siquiera ha leído mi voto. Expliqué expresamente en los considerandos 20 y 21 de mi disidencia en “Batalla” por qué el cómputo de pena discutido en ese caso, según lo veo, no es en absoluto asimilable a una amnistía, a un indulto o a una conmutación de pena.

La legisladora también me acusa de demorar la resolución de la causa “Blaquier”, un expediente que está en trámite, en lo que califica como una “obstrucción flagrante de la labor jurisdiccional”. Indica que la causa en cuestión está hace mucho tiempo y actualmente en mi vocalía “dilatando de esa forma la resolución de la causa y negando de forma injustificada la justicia”. Además, me cuestiona por “los vínculos explícitos… con la poderosa familia Blaquier” porque mi esposa integra el Consejo de Administración de la ONG “Cimientos” junto a un sobrino del acusado.

La información sobre el movimiento del expediente que inspiró esta acusación es totalmente errónea aunque, curiosamente, la información correcta está disponible en la web. Tal como surge del Sistema de Gestión Judicial (LEX 100), el expediente ingresó a la Corte Suprema el 5 de junio de 2015, es decir, más de un año antes de mi incorporación como Ministro el 22 de agosto de 2016. Por otro lado, tuve la causa en estudio en dos oportunidades: del 2 de mayo de 2019 al 11 de julio de 2019 y luego entre el 5 de agosto de 2019 y el 15 de noviembre de 2019. Al devolver el expediente el 15 de noviembre de 2019 solicité a la Secretaría Judicial n° 3 que la causa siguiera su trámite. No volví a solicitarla y no hubo obstrucción de ningún tipo. De los 53 meses que transcurrieron con el legajo en la Corte, la causa solo estuvo en mi Vocalía menos del 10% del tiempo total.