De esa forma pasará a la historia, para bien o para mal. Además, es lógica ya que, al menos hasta hoy, las encuestas le sonríen. Poniendo cara de bueno y enarbolando las banderas del diálogo y la tolerancia democrática su objetivo no sólo es conservar el caudal electoral de Macri (41%) sino también aumentarlo “robándole” votos al Frente de Todos, especialmente los del espacio político que conduce Sergio Massa. Lo que acaba de acontecer con la decisión del presidente de la nación de quitar por decreto a la CABA más del 1% en concepto de coparticipación para ayudar a Kicillof a pagar el aumento prometido a los bonaerenses, le vino como anillo al dedo. Adoptó una típica estrategia de quien está en campaña: victimizarse. En efecto, al hablar el jueves luego de conocerse la decisión del presidente asumió el rol del “bueno” de la película, del político idealista que confió en Alberto Fernández y que fue traicionado.

Pero en política nadie es inocente. Menos cuando está en juego la presidencia de la nación. Es entonces cuando emerge en toda su magnitud la sentencia de Groucho Marx: “estos son mis principios; si no le gustan tengo otros”. Hoy Larreta se siente ofendido por el decreto de Alberto Fernández. Sin embargo, cuando Macri era presidente fueron sancionados decretos similares que no merecieron crítica alguna del jefe de gobierno porteño. En su edición del día de la fecha (sábado 12) Página/12 recuerda cuando el entonces jefe de Gabinete Marcos Peña defendía los decretos que modifican los fondos coparticipables. Apenas asumió Mauricio Macri dispuso a través del decreto 194/016 el incremento del porcentaje de los fondos coparticipables que le correspondían a la CABA de 1,4% a 3,75%, poniendo como excusa el traspaso de la Policía Federal. Lo que hizo el presidente fue ayudar financieramente a su “amigo” porteño en perjuicio de las provincias del interior. Al exponer por primera vez ante los legisladores nacionales Marcos Peña defendió la legalidad del decreto argumentando que “la ciudad de Buenos Aires no tiene aún un porcentaje de coparticipación propio que surja expresamente de la Ley de Coparticipación Federal, sino que el mismo es fijado discrecionalmente por el Poder ejecutivo”. Recordó que aún “se mantiene vigente” la Ley de Coparticipación Federal, sancionada en 1988. Como en aquel momento la Ciudad Autónoma de Buenos Aires era inexistente, el distrito porteño nunca ingresó al régimen de coparticipación del cual forman parte las provincias. De ahí que hasta que la ley no sea modificada por el Congreso de la Nación, el gobierno está obligado a “sujetarse a los criterios de porcentajes fijos de distribución que ella establece”. En buen romance: en su momento el decreto de Macri estuvo bien para Larreta, pero cuatro años después el mismo decreto pero firmado por Alberto Fernández está mal. En consecuencia Larreta, que hace cuatro años aplaudió el decreto de Macri, ahora toma la decisión de llevar a la Corte Suprema el mismo decreto pero firmado por su flamante enemigo

Para beneplácito de Cristina

La confrontación política le permitió a Cristina Kirchner llegar al poder en 2007, mantenerse en la presidencia hasta 2015, ser el emblema de la oposición durante la presidencia de Mauricio Macri y mover los hilos del poder a partir del 10 de diciembre de 2019. La misma estrategia le permitió a Mauricio Macri llegar al poder en 2015, mantenerse en la presidencia hasta 2019 y ser el emblema de la oposición a partir de la asunción de Alberto Fernández. Cristina y Macri, pese a sus innegables diferencias ideológicas, son mucho más parecidos de lo que muchos suponen. Ambos son astutos, pragmáticos, impiadosos con sus enemigos e implacables con los traidores. Ambos quieren volver a ser presidentes en 2023 aunque no lo expresen en público. Para ellos Alberto Fernández y Horacio Rodríguez Larreta son subalternos suyos. En el fondo los menosprecian, los subestiman. El tiempo dirá si no cometieron un grave error al hacerlo.

Alberto Fernández y Rodríguez Larreta tienen en común su aparente preferencia por el diálogo y la buena educación. Al sumir en diciembre pasado el presidente prometió erradicar definitivamente la Argentina del antagonismo, del odio, de la intemperancia. Tuvo su momento cumbre a partir de la imposición de la cuarentena el 20 de marzo. Cada vez que se juntaba con Rodríguez Larreta para consensuar las medidas a seguir para hacer frente a la pandemia su imagen positiva se incrementaba notoriamente. Lo mismo sucedía con Rodríguez Larreta. No es difícil suponerle desagrado que les debe haber provocado a Cristina y a Macri que sus subalternos fueran tan bien valorados por la opinión pública. Era harto evidente que el consenso propiciado por el presidente y el jefe de gobierno porteño era apoyado por la opinión pública.

Allá por julio, cuando era evidente que el gobierno nacional no lograba controlar al coronavirus el presidente comenzó lentamente a abandonar la política de buena vecindad. Con el correr de las semanas se fue radicalizando y el amigo Larreta pasó a ser su enemigo número uno. La confrontación alcanzó su máxima intensidad cuando Alberto Fernández anunció la semana pasada la quita de aproximadamente el 2% de lo que le corresponde a la CABA en concepto de coparticipación. La reacción de Larreta fue intempestiva. Anunció en conferencia de prensa que iba a recurrir a la Corte para resolver el problema. Los antiguos cultores de los buenos modales perdieron los estribos mientras en la trastienda, seguramente, Cristina y Macri descorchaban botellas de champagne para celebrar.

Si algo faltaba para corroborar el retorno de la política argentina a la confrontación fue la publicación de un artículo de Macri (“Para defender el presente y ganar el futuro”) en La Nación el domingo 13. Escribió el ex presidente:

“Con el compromiso de siempre y la responsabilidad que me cabe, rompo el silencio para compartir con ustedes mi inquietud sobre la dolorosa y delicada circunstancia que atraviesa la República Argentina. Las autoridades al frente del Poder Ejecutivo Nacional vienen desplegando una serie de medidas que consisten en el ataque sistemático y permanente a nuestra Constitución. Para poder gobernar sin límites, violentan la Ley Fundamental de la Nación, que es la encargada de garantizar la protección de nuestros derechos básicos y libertades individuales frente a cualquier intento de abuso de poder por parte de las autoridades. A esta altura de los acontecimientos, el rumbo que ha tomado el país deja al descubierto la intención del gobierno de establecer un Nuevo Contrato Social en la Argentina con principios dominantes inéditos. Se vulnera el equilibrio de los poderes del Estado para el pleno funcionamiento de la República, porque no se respetan los reglamentos de las cámaras del Congreso Nacional para debatir y sancionar las leyes.

Se pretende condicionar al Poder Judicial con una reforma que ya tiene media sanción en el Senado de la Nación y que será tratada en la Cámara de Diputados en las próximas semanas. Se han debilitado los organismos de control existentes en la órbita del Estado con el riesgo de reiterar la falta de transparencia en la gestión de los organismos públicos. Retrocede el federalismo en la Argentina, porque el oficialismo condiciona a los gobernadores de las provincias cualquiera sea su signo político y los extorsiona con el envío de los fondos necesarios para administrar sus distritos si no cumplen con lo exigido por el Poder Ejecutivo Nacional, lo que fue coronado con la reciente e indignante presión al Jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La seguridad jurídica desfallece ante un poder que atrasa y que solo cree en modelos arcaicos, prescindiendo de todas las oportunidades para el crecimiento y el desarrollo de nuestro país que están donde habitan las grandes naciones del mundo y donde las sociedades evolucionan.

“Cede el respeto a nuestras libertades individuales para que el debate y las opiniones no encuentren condicionamientos ni censura, porque la libertad de expresión es una institución democrática peligrosa para un gobierno personalista. Se utilizan las restricciones sanitarias para impedir la libre circulación de los personas, y solo pueden hacerlo aquellos que estén habilitados a extender una declaración jurada que se debe someter a la consideración de las autoridades. Lo que se busca es el control social y evitar que los ciudadanos manifiesten su disconformidad con las medidas que se toman y que perjudican a amplios sectores de una sociedad exhausta de obedecer decretos que atentan contra su bienestar general. No se puede producir ni trabajar para llevar el pan a la mesa de las familias argentinas, porque la idea es avasallar a la clase media para conseguir clientes dependientes del favor del Estado para poder sobrevivir. No se reconocen los derechos básicos de los ciudadanos para que cada uno proyecte su vida como quiera hacerlo, porque es el Estado el que aspira a decidir por nosotros. Pretende nivelar para abajo. El gobierno atenta contra las bases éticas y económicas de una sociedad que aspira a ser libre, que se caracterice por tener una organización social regida según el principio de justicia y no de aquel que resulte conveniente al poder de turno, y donde el rol de las instituciones sea el pilar fundamental para el avance de la Argentina hacia un país moderno y civilizado.

“Pero aun así, en este momento tan agobiante que atraviesa nuestro país, sigo creyendo en la capacidad de nuestro pueblo para superar sus dificultades, porque estoy convencido de que esta sociedad ha madurado. Porque esta sociedad ya no tolera el atropello a las instituciones, la corrupción de los funcionarios, el delito en ninguna forma, la injusticia, la inseguridad, la impunidad, la violencia, la prepotencia y la anomia. Y no lo tolera más porque quiere vivir en libertad, en paz y unida. La sociedad está atenta a que haya jueces que rechacen las presiones y honren la independencia de la justicia. El panorama dramático descripto tiene su contracara: en la Argentina emergió algo nuevo. Ciudadanos movilizados y atentos que han ganado las calles. Desde la lucha contra la resolución 125, la exigencia de verdad sobre la muerte del fiscal Nisman, las marchas del SíSePuede, o el más reciente 17-A la conciencia cívica se expresa. Autoconvocada y vigorosa se hace oír como en las grandes gestas. Nadie debería sorprenderse cuando el pueblo rechaza decididamente una y otra vez los decretos de necesidad y urgencia y las medidas abusivas de un poder inoperante frente a la compleja y delicada realidad que se vive en nuestro país. El pueblo expresa pacíficamente su inquietud y descontento en cada marcha, en cada cacerolazo, en cada protesta, en cada publicación que hace en su red social y en cada conversación que encuentre a un argentino hablando de su país con la emoción de querer vivir en la Patria grande y libre que puede ser, si trabajamos todos juntos en esa dirección.

Con una oposición unida que se erige en alternativa La humanidad ha tomado su lección en el siglo XX y la asume hoy como mandato: liberar al hombre del miedo y de la miseria, con una plena vigencia de los Derechos Humanos. Camino del cual no se puede apartar Argentina. Hay que dar una discusión profunda y responsable sobre cuáles son los principios que deben regir Nuestro Orden Social: es la República o la republiqueta; es Democracia o demagogia; es elecciones libres o no habrá transparencia en los resultados; es seguridad o vivir con miedo; es el Estado de Derecho o es la jungla; es la propiedad o es la apropiación; es libertad de expresión o censura; es educación o adoctrinamiento. Es verdadero o es falso. Es luz o es oscuridad. El insistente y vertiginoso accionar del "vamos por todo", extravía el rumbo de la Nación: hay que ir por el camino que la Constitución manda. Y para defender la Constitución ninguno de nosotros va a dejar de estar, hoy y siempre. Estamos a tiempo. Para defender el presente y para ganar el futuro”.

No puede más que causar asombro estas reflexiones. No por su contenido, compartido por quienes están (estamos) a favor de los principios filosóficos humanistas consagrados por la Constitución de 1853. Lo que nos deja perplejos es que su autor es nada más y nada menos que el predecesor de Alberto Fernández, el presidente que, por su incapacidad para ejercer el poder, para tomar las decisiones adecuadas, enhebró un acuerdo con el FMI que destrozó el bolsillo de la inmensa mayoría de los argentinos. Mauricio Macri habla de las instituciones de la república como si fuera la reencarnación de Juan Bautista Alberdi. Cabe recordar que durante su mandato se aplicó la doctrina Irurzun en virtud de la cual se procedió a la detención de connotados funcionarios cristinistas sin condena firme, en una clara demostración de prepotencia y avasallamiento de las garantías individuales. El ex presidente acusa a este gobierno de intentar imponer una nueva constitución, seguramente muy parecida a la que impera en Venezuela desde que el chavismo está en el poder. Una vez más apela a la táctica del miedo al cuco, empleada desde tiempos inmemoriales por los gobernantes de todo el mundo.

Apelando al pensamiento de Carl Schmitt (aunque no lo nombra) divide a la sociedad en buenos y malos, en amigos y enemigos. Él y sus seguidores son, obviamente, los buenos, sus amigos. Los otros son los malos, sus enemigos. Su slogan es “república o republiqueta”, una clásica concepción binaria del complejo mundo de la política. Aunque ideológicamente se encuentra en las antípodas, Macri se asemeja a la concepción binaria defendida por enésima vez por los sobrevivientes de Montoneros que hace poco emitieron un comunicado a propósito del día del Montonero. Me refiero a la histórica dicotomía “liberación o dependencia”. De este lado están los patriotas, los defensores de la liberación; del otro, los antipatria, los cipayos. Pues bien, Macri y los suyos son los republicanos, los civilizados, mientras que Cristina y los suyos son los antirrepublicanos, los bárbaros. El esquema se reduce al blanco o negro. Los matices, que son muchísimos, son barridos. Los valores básicos de la democracia liberal-el diálogo, la tolerancia, el respeto por quien piensa de otra manera-no hallan cabida en este feroz maniqueísmo político.

Resulta por demás evidente que Macri dio comienzo a su campaña electoral pensando en las elecciones del año próximo. Es probable que la reflexión publicada ayer por La Nación haya tomado por sorpresa a Larreta, a Vidal y a todos los dirigentes de JpC que no están de acuerdo con la intransigencia que pretende enarbolar Macri. Pero lejos estuvo de ser una casualidad el momento que eligió el ex presidente para retornar a la arena política. Consciente de la alta imagen de Larreta no podía permitirse continuar dándose el lujo de mantenerse callado. Y salió con los tapones de punta para golpear a un gobierno que no se cansa de equivocarse.

Alberto recogió el guante

El presidente no desaprovechó la oportunidad y respondió duramente el artículo de su antecesor. Para ello aprovechó el acto en la grifería Hidronet, ubicada en el partido bonaerense de San Fernando, en el que anunció el programa Precios Cuidados para la producción. Dijo Alberto Fernández que el gobierno de JpC estafó al pueblo por haber aumentado la desigualdad y remarcó que lejos estuvo de ser un buen modelo de país a raíz del incremento del desempleo, la pobreza y la caída del poder adquisitivo, el consumo y las ventas. “¿A quién se le ocurre pensar que eso es una buena república?” “El verdadero dilema es entre los que creemos que el Estado asociado a los que producen y trabajan puede hacer un país que integre a todos. Y los que creen que Argentina es un país para pocos, y sólo piensan en que el mejor negocio es tener dinero afuera, invertido en paraísos fiscales, donde no se pagan impuestos y s enriquecen”. “Así potencian el valor de las fortunas que heredaron o evadiendo impuestos”, sentenció. “No existe capitalismo sin consumo…en una sociedad donde unos ganan mucho y otros poco no es una sociedad, es una estafa. No queremos multiplicar la estafa que vivimos en los últimos 4 años”, remató (fuente: Página/12, 14/9/020).

Es cierto que una sociedad es, a la larga, inviable si una élite gana mucho y el resto de la sociedad gana salarios de hambre. Es cierto también que durante el gobierno de Macri esa brecha se ahondó hasta límites grotescos. Pero para ser honestos intelectualmente cabe reconocer que dicho proceso no comenzó el 10 de diciembre de 2015, día en que asumió Macri, sino mucho antes. En efecto, si uno tuviera que señalar un punto de inflexión histórica en este punto haría caer el lápiz en el año 1975, cuando se produjo el tristemente célebre “Rodrigazo”, el primer plan salvaje de ajuste aplicado por el entonces ministro de Economía de “Isabel”, Celestino Rodrigo. A partir de entonces la brecha entre la elite y la clase trabajadora no paró de agigantarse. En este sentido fueron cómplices tanto la dictadura militar que siguió al gobierno peronista como los sucesivos gobiernos democráticos con posterioridad al 10 de diciembre de 1983, día en que asumió como presidente Raúl Alfonsín. Los sucesivos planes de ajuste que se aplicaron desde entonces-el austral, el australito, el plan primavera, la convertibilidad, la pesificación asimétrica, la devaluación de Kicillof en 2014 y la devaluación de Macri a partir de mayo de 2018-perjudicaron severamente el bolsillo del trabajador mientras beneficiaban al poder económico concentrado. Desde 1975 que las villas miseria no paran de aumentar, al igual que el desempleo y la desvalorización de nuestra moneda. La estafa aludida por el presidente ya lleva, pues, casi medio siglo de existencia.

El contraataque de Patricia Bullrich

Horas después de la réplica de Alberto Fernández, la presidenta del PRO, la excombatiente montonera Patricia Bullrich, salió con los tapones de punta. Recuperada, afortunadamente, del coronavirus, la ex ministra de Trabajo de De la Rúa dijo que JpC era visualizado “por la sociedad como la posible sustitución de este gobierno en la medida de las elecciones de 2021”. Esta afirmación generó un gran revuelo ya que, dada su ambigüedad, se podía interpretar como una velada apelación a la sustitución de este gobierno por un gobierno de JpC antes del 10 de diciembre de 2023. Creo sinceramente que Bullrich no quiso dar a entender ese deseo, sino tan sólo que la oposición, si continúa el descalabro económico y sanitario propiciado por las medidas económicas del FdT y el Covid-19, tendrá muchas chances de alzarse con la victoria en octubre del año próximo. Hubiera sido conveniente, me parece, que Bullrich, una dirigente a la que le sobra experiencia política, hubiera dicho simplemente eso y no se hubiera valido de una frase cuya ambigüedad provocó algunos malentendidos.

Luego de considerar la carta de Macri “muy clara y conceptual”, la ex ministra de Seguridad del gobierno de JpC expresó que “la cuarentena de seis meses es algo totalmente negativo para el país. Hoy estamos viendo la cantidad de empresas que se están yendo, de gente que se queda sin trabajo; creo que la lógica hubiera sido una cuarentena de dos meses para preparar el sistema de salud y volver a una normalidad cuidando a la gente mayor y con problemas”. “Hoy el mundo entero está cuestionando la cuarentena como una manera de llevar adelante el problema del virus porque finalmente seis meses después tenemos muchos más casos, mucho más problemas y, además, heredamos una situación de cierres, de destrucción de empleo y empresas”. “Si después de casi cinco meses y medio de estar haciendo cuarentena tuve coronavirus, evidentemente con ese nivel de circulación creo que se tendría que haber generado un mayor nivel de protección a partir de un rastreo mucho más eficiente del que se hizo”, remató (fuente: Página/12, 15/97020).

Confieso que no deja de asombrarme el cinismo de Bullrich. Porque tanto ella como Macri no hicieron más que enarbolar la bandera de la anticuarentena desde el instante en que el presidente la impuso el 20 de marzo. Como al principio los resultados en materia de contagios y fallecimientos fueron auspiciosos, no tuvieron más remedio que guardar silencio. Pero con el paso de las semanas y al observar que la pandemia no aflojaba Bullrich y Macri no sólo comenzaron a criticar la estrategia del gobierno sino también a fomentar las manifestaciones antigubernamentales, en las que no hubo ningún respeto por el distanciamiento social y el uso del barbijo. Ellos saben muy bien que lo único que podía hacer Alberto Fernández era imponer la cuarentena para intentar equipar al endeble sistema sanitario del país. Sin embargo, no hicieron más que machacar con la idea de la preservación de las libertades individuales como si Alberto Fernández tuviera desde el 20 de marzo la perversa intención de aprovecharse de la cuarentena para sojuzgarnos e imponernos un régimen similar al chavista. Bullrich y Macri no se cansan de hablar de la importancia de la responsabilidad de cada uno para hacer frente al coronavirus. Todos coincidimos. Pero no hay que ser hipócrita. Porque mientras ambos dirigentes por un lado remarcan ese aspecto, por el otro no hacen más que aplaudir a los irresponsables que marchan por las calles arriesgando su salud y la del resto de la sociedad.

El Covid-19 sigue sin dar tregua

Ayer (martes 15) el número de contagios rozó los 12.000. Todo parece indicar que el virus no tiene pensado aflojar durante un buen tiempo a pesar de la cuarentena impuesta por el gobierno nacional en aquel lejanísimo 20 de marzo. ¿Qué hacer entonces ante semejante realidad? ¿Ignorarla como hacen muchos irresponsables o tomar el toro por las astas? Para responder a semejante interrogante nada mejor que leer el artículo escrito por varios hombres y mujeres de ciencia titulado “¿Cómo combatir la pandemia?”, publicado este domingo por el cohete a la luna.

“Estamos atravesando el peor momento de la epidemia de Covid-19 y la tendencia en marcha es la de empeorar sin pausa.

El anuncio del inicio de producción de algunas vacunas (aún cuando no se hayan terminado las fases clínicas de prueba que se requieren para su distribución), la existencia de algunos tratamientos paliativos y el agotamiento de las distintas medidas de aislamiento han producido un cóctel de ansiedad y negación. Pareciera que la estrategia de restricciones a la movilidad se encuentra al menos parcialmente agotada.

La cuarentena, ¿dejó de ser una opción?

Como toda reducción de la movilidad aporta a reducir la transmisión de la enfermedad, proponemos abandonar la mirada dicotómica (cuarentena sí o no) para empezar a evaluar posibles matices (como el diseño de restricciones parciales, y aplicadas de manera intermitente).

Otra cuestión a tener en cuenta es que la situación del área metropolitana de Buenos Aires, donde se prolongó en términos legales una cuarentena que en los hechos se fue descascarando, no es la situación de todo el país. Hay regiones en las que las restricciones no fueron sostenidas por tiempos prolongados. Por ello tienen un menor desgaste que posibilita implementar aún cuarentenas de emergencia.

Hay que considerar también que existen estrategias para reducir, en algunos casos, la manera en que las restricciones perjudican a la comunidad. Si bien todas las personas sufren las restricciones a la movilidad por la manera en que afectan la vida familiar, afectiva, social y recreativa, hay otros problemas sobre los que es posible interferir para minimizar las consecuencias. Entre ellos, los de tipo económico o las dificultades de acceso a la educación, en los que una política social y una mejora en la conectividad y acceso a equipos, puede hacer una diferencia categórica.

Finalmente, el deterioro sanitario no tiene un impacto neutral. Con hospitales en muchas localidades ya saturados, la percepción de la tragedia sanitaria se hace más evidente y muchas personas que trabajan en relación de dependencia podrían preferir tener el derecho a no exponerse (y por tanto, apoyar una cuarentena). En general, cuando se percibe la gravedad es esperable un mayor acatamiento de restricciones, debido al fenómeno que uno de los aquí firmantes ha calificado conceptualmente como “inmunidad del cagazo”.

Estrategias más allá de la cuarentena

La dificultad desde fines de abril para sostener efectivamente las restricciones dispuestas en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), donde los contagios no dejaban de crecer, comprometió la suerte del resto del país en la lucha contra la pandemia. El plan Detectar, que promovía la estrategia de gestión territorial, se implementó cuando en algunas regiones ya era tarde para que pudiera funcionar. Sin que el gobierno nacional promoviera otras estrategias, la gestión de la pandemia comenzó, en los hechos, a quedar en manos de las provincias y municipios. En el resto de las jurisdicciones, donde se había logrado contener el contagio, el goteo de casos importados del AMBA tuvo un impacto descontrolado, debido a las amplias flexibilizaciones sobre las que habían comenzado a avanzar.

Diseñar otras intervenciones y medidas es una deuda del gobierno nacional que es urgente atender. Hacerlo requiere que en el abordaje, hoy centrado en la mirada médica y hospitalaria, se refuerce la presencia de otras disciplinas (especialmente, las que pueden aportar en cálculos complejos y las ciencias sociales). En las líneas que siguen, comentamos las estrategias que consideramos más importantes.

1. El cuidado como gesto afectivo, solidario y políticamente trans-partidario

Una cuestión fundamental es lograr la adopción masiva de medidas preventivas. Por ello, es necesario trabajar fuertemente en campañas de comunicación que estimulen actitudes solidarias y responsables de cuidado. Principalmente, el uso constante y correcto de barbijos (de buena calidad) manipulados cuidadosamente, fomentar el lavado de manos, el respeto de distancias, la ventilación en ambientes cerrados, la preferencia por el encuentro al aire libre y con pocas personas, y hasta el distanciamiento dentro del hogar cuando haya personas que tengan factores de riesgo y otras que se hayan expuesto. Con este objetivo no solo necesitamos fortalecer el sentido de comunidad y responsabilidad social, sino también instalar la idea del cuidado como acto de amor a aquellas personas que queremos.

Para el éxito de esta estrategia sería clave el respaldo de la oposición política a esos mensajes, de modo que «no cuidarse» pierda el carácter de «gesto anti-oficialista». Por tanto, sería importante trabajar en consensos.

2. Detección y acompañamiento, efectivo y de gran escala

Una política que contribuye a contener el incremento del contagio es el aislamiento «selectivo» (y transitorio) de personas que, por nexo epidemiológico, tienen mayor probabilidad de estar infectadas. Para mejorar los resultados es clave comenzar el trabajo desde el momento en que un caso se considera posible Covid-19 para, sin esperar a que haya un resultado de testeo, alcanzar inmediatamente a sus contactos estrechos.

El sistema de detección y acompañamiento de contactos (usualmente conocido como contact tracing) requiere un diseño con capacidad para escalar en su alcance dentro de la comunidad. De este modo, las personas que deban permanecer en sus hogares podrán ser acompañadas y asistidas para asegurarnos de que cumplan con las dos semanas de aislamiento previstas.

Una cuestión clave es que quienes hagan estas tareas no sean voluntarios, sino que reciban una remuneración, que podría financiarse entre Nación y las provincias. También es indispensable la capacitación de los rastreadores, que puede ser realizada a través del curso on-line gratuito preparado por las Fundaciones Huésped y Fundar.

Como respaldo de esta estrategia, es necesario difundir ampliamente la importancia de que cada persona, como actor fundamental de la lucha contra la Covid-19, tenga registro de las personas a las que vemos cada día, por si luego fuera necesario identificar los contactos estrechos. También, transmitir la importancia de ser muy sinceros en las entrevistas de detección, porque toda persona expuesta podría estar transmitiendo el virus y la enfermedad a sus seres queridos y compañeros de trabajo sin saberlo. Habrá que trabajar, además, para que la presencia del Estado sea significada, no como vigilancia y persecución, sino como respaldo y acompañamiento útil para facilitar cumplir con el aislamiento, y no para impartir castigos por las irresponsabilidades que pudieran haberse cometido.

La provincia de Buenos Aires ya empezó a implementar un sistema de estas características, que consiste en más de 30 centros universitarios de seguimiento y prevención (con alrededor de 1.500 rastreadores involucrados, financiados por la Provincia), que articulan sus tareas con las secretarías de Salud de los municipios. Es imperioso trasladar esta experiencia a todo el territorio nacional.

3. Vigilancia epidemiológica

Sería beneficioso avanzar en diagnosticar Covid-19 por sintomatología clínica y nexo epidemiológico, de modo de poder enfocar los recursos, la infraestructura y los profesionales de diagnóstico en hacer más y mejor vigilancia epidemiológica activa. Así, se podría priorizar la capacidad de testeo por PCR para detectar focos en forma temprana, en especial en poblaciones de riesgo o estratégicas (geriátricos, personal de salud, instituciones semicerradas) y para la detección rápida del estado de los contactos estrechos, de modo de no saturar el sistema de rastreo.

Para ampliar la vigilancia epidemiológica pueden aprovecharse también las técnicas que se han desarrollado en el país: pool testing, tests serológicos, monitoreo de aguas residuales etc. Además es conveniente generar nuevos laboratorios, exclusivos para vigilancia activa en diferentes lugares del país (como está haciendo la provincia de Buenos Aires en distintos lugares del Conurbano y del interior).

Parte de la potencialidad que se genere podrá en el futuro ser absorbida por los sistemas de salud provinciales, para enfermedades transmisibles que no sean Covid-19. Las enfermedades emergentes suelen aparecer como consecuencia de las actividades humanas en términos de comportamiento productivo, de consumo o de relaciones sociales y culturales. Así, es razonable pensar que nuestro mundo seguirá viendo la aparición o la redistribución de enfermedades desconocidas u olvidadas. Por ello, es necesario construir un programa de vigilancia epidemiológica ahora, que deje capacidades instaladas para mañana.

No bajar los brazos

Si no se toman medidas concretas, para principios de noviembre el número diario de casos alcanzará probablemente los 25.000 y el número de fallecimientos diarios un orden de 400, acumulando para ese entonces cifras inconcebibles hasta hace no muchas semanas, cercanas al millón y medio de casos confirmados y 30.000 muertes.

Las mujeres y hombres que morirían si no estamos a la altura de las circunstancias, muchas de ellas personas que amamos, tendrían quizás muchos años más de vida de no ser por la pandemia. Es fundamental y urgente hacer todo lo que podamos para reducir los contagios y muertes. Que el día que una vacuna esté disponible, quienes vivamos la post-pandemia lo hagamos con menos dolor, y más acompañados.

Sol Minoldo, Dra. en Ciencias Sociales, CONICET , Mario Lozano, Dr. en Ciencias Bioquímicas. UNQ, CONICET, Jorge Aliaga, Dr. en Ciencias Físicas, UNAHUR, CONICET, Daniela Hozbor, Dra. en Ciencias Bioquímicas, UNLP, CONICET, Rodrigo Castro, Dr. en Ingeniería, UBA, CONICET, Rodrigo Quiroga, Dr. en Ciencias Químicas. UNC, CONICET, Diego Garbervetsky, Dr. en Cs. de la Computación, UBA, CONICET, Guillermo Durán, Dr. en Cs. de la Computación, UBA, CONICET, Roberto Etchenique, Dr. en Química, UBA, CONICET, Alberto Kornblihtt, Dr. en Ciencias Químicas, UBA, CONICET, Adrián Paenza, Dr. en Matemáticas, UBA, Rolando González-José, Dr. en Biología, CONICET, Jorge Geffner, Dr. en Bioquímica, UBA, CONICET, Martín Barrionuevo, Contador Público, Senador de la Provincia de Corrientes, Gustavo Tieffenberg, Cineasta, Daniel Feierstein, Dr. en Ciencias Sociales, UNTREF, CONICET, Andrea Gamarnik, Dra. en Bioquímica, FIL, CONICET

(*) El cohete a la luna, 13/9/020

Un nuevo torniquete a la economía

Desesperado por la pérdida de reservas y por la nula confianza de los argentinos en el peso, el Banco Central aplicó un nuevo torniquete a la economía, es decir, impuso una feroz devaluación del 35%. El resultado no se hizo esperar: hoy, miércoles 16, el dólar blue cotiza, antes del mediodía, a 145$, lo que significa un aumento de 14$ respecto al día anterior. Lo que sigue causando asombro son las interpretaciones de algunos funcionarios respecto a la obsesión de muchos argentinos por el dólar. Tal el caso de Miguel Ángel Pesce, presidente del BCRA. En las últimas horas expresó que el blue “es un mercado delictivo. Cuando se han hecho allanamientos en cuevas donde se realizan este tipo de operaciones, se han cruzado bases de datos y uno encuentra narcotraficantes, traficantes de armas, cualquier cosa…Es un mercado que provee al delito y es imposible saber cuál es el tipo de cambio que el delito está dispuesto a pagar”. “Es lo mismo que ir a comprar o vender cosas en un desarmadero de autos”. Y agregó: “Nosotros tenemos la percepción muchas veces de que todo el mundo compra dólares. No llegan a 6 millones, las que compran regularmente son 4 millones y las que compran insistentemente son 2 millones”.

Respecto a este nuevo torniquete manifestó: “Los objetivos de las medidas son varios; en principio, tratar de normalizar el mercado cambiario, que está sufriendo distorsiones a partir de maniobras especulativas en el mercado de títulos y por la demanda de dólar ahorro en el mercado oficial”. Luego sentenció: “Venimos hablando de la situación que dejó el gobierno anterior con el aumento del endeudamiento público, pero también el sector privado se ha endeudado fuertemente en dólares; la deuda financiera del sector privado entre 2015 y 2019 fue de veinte mil millones de dólares, un aumento del 84%, que también está trayendo distorsiones en tanto esa deuda comienza a vencer y las empresas, aprovechando la baja de la tasa de interés en pesos, toman deuda en pesos para comprar dólares y pagar así sus deudas…son grandes empresas que tienen posibilidad de tomar deuda afuera, a las que estamos pidiendo que colaboren con la situación de nuestra balanza cambiaria y reestructuren la deuda con vencimiento en el corto plazo”. “Lo que le estamos diciendo a las empresas es que nos presenten un plan para reestructurar los vencimientos de deuda que le vence a partir del 15 de octubre. Muchas empresas han recorrido este camino, han reestructurado su deuda con el exterior. Otras optaron por financiarse en pesos a tasas muy bajas y con eso pagar sus deudas en el exterior. Necesitamos que no vayan por ese camino sino que dialoguen con sus acreedores” (fuente: Infobae, 16/9/020).

Luego de leer semejante diagnóstico me atrevo, sin ser economista, a predecir para las próximas semanas un dólar blue en la estratósfera.

El diagnóstico de Roberto Cachanosky

En su edición del 16/9/020 el portal Infobae publicó un artículo de Roberto Cachanosky titulado “El Estado ya no se conforma con ordeñar la vaca, comete la locura de matarla”. Su contenido es el siguiente:

“En una nueva decisión al margen del orden republicano, el Gobierno decidió establecer una retención del 35% sobre la compra de dólares en el exterior o bien por la compra de dólares para ahorro. Con esta decisión directamente retrocedemos a 1215 antes que los barones ingleses se sublevaron contra el rey Juan Sin Tierra y lo obligaron a firmar la Carta Magna, que fue el primer intento de limitar el poder de los monarcas. La lógica indica que todo impuesto que se le quiera aplicar al contribuyente, previamente tiene que ser debatido en la Cámara de Diputados que son los representantes del pueblo. Este Gobierno, en el medio de una pandemia y una eterna cuarentena, es el único en el mundo que aumenta los impuestos bajo este contexto adverso sin consultar a los representantes del pueblo. Con el impuesto a la riqueza, el impuesto PAIS y ahora este 35% de retenciones, que es pagar por anticipado Ganancias que no se saben si se van a tener, pretende resolver el enorme problema fiscal a puro impuestazos en una economía que no para de caer en su actividad y dejar gente desocupada. Con esta decisión directamente retrocedemos a 1215 antes que los barones ingleses se sublevaron contra el rey Juan Sin Tierra y lo obligaron a firmar la Carta Magna, que fue el primer intento de limitar el poder de los monarcas

¿Cuál es la razón por la cual los argentinos somos esquilmados impositivamente? La respuesta es muy clara, la política se ha transformado en un gran negocio y la democracia en una competencia populista. Esa competencia populista por mantener el negocio de la política se limita a repartir el fruto del trabajo ajeno ofreciendo a una mayoría de la población regalarle el trabajo ajeno en nombre de la solidaridad social, además de necesitar los recursos para mantener el costoso aparato de la política con su legión de asesores, consultores de imagen, choferes, etc. En el sector privado, cualquier persona decente tiene que levantarse todos los días y generar sus ingresos ganándose el favor del consumidor. Es decir, el ingreso de la gente decente, que vive de su trabajo, consiste producir algo que el otro necesita y, de esa manera, ambos salen ganando. El que compra porque valora más lo que recibe que el dinero que entrega, y el que vende porque valora más el dinero que recibe que lo que le vende a otra persona. En el sector privado, hay intercambio pacífico. Sin usar la fuerza para apropiarse de la riqueza del otro. Todo es cooperación pacífica y voluntaria. A diferencia del sector privado, el estado se financia en forma compulsiva. Utiliza el aparato de compulsión para quitarle a la gente parte del fruto de su trabajo. En un estado liberal clásico, con un gasto público bajo y pagable por la gente, el contribuyente acepta ceder parte de sus ingresos para sostener las expensas de edificio llamado estado. La gente paga sus impuestos para que el Estado le brinde derechos básicos como el derecho a defender la vida, la libertad y la propiedad de las personas.

En estados populistas, el monopolio de la fuerza que se delegó al estado pasa a ser utilizado para violar los derechos individuales, todo en nombre de la justicia social. Los políticos venden el argumento de que ellos tienen el monopolio de la solidaridad y vienen a redistribuir la riqueza. De ahí se pasa a afirmar que la causa de la pobreza es consecuencia de la riqueza de unos pocos. Si alguien es pobre es porque la culpa la tiene el rico, por más que el rico se haya deslomado trabajando y produciendo lo que la gente necesita. ¿Acaso no hemos visto argumentar en los últimos días que hay que igualar haciendo más pobre a la ciudad de Buenos Aires para “resolver” la pobreza de la provincia de Buenos Aires? En el mercado, si alguien no produce lo que la gente necesita termina quebrando porque no tiene ingresos. ¿Ocurre lo mismo con el estado populista? Sí. Basta con leer la historia de las rebeliones fiscales de Charles Adams, para advertir que la historia está llena de rebeliones fiscales. Desde la Carta Magna de 1215, pasando por la Revolución Francesa, la Guerra de la Independencia de Estados Unidos y el mismo Guillermo Tell que se levantó contra el rey Juan de Austria, hay toneladas de ejemplos de hartazgo de la gente de ser explotada por las monarquías. Antiguamente la explotación fiscal se llevaba a cabo para financiar las guerras de conquistas de territorios que iniciaban los monarcas. Ahora es la guerra en que se lanzaron los políticos, transformados en monarcas, por conseguir el voto de la gente regalando el fruto del trabajo ajeno. Pero para poder regalar el dinero ajeno expoliando al contribuyente, tiene que haber contribuyentes.

Cuando uno ve la cantidad de empresas que se están yendo de Argentina, más las que quiebran (desde el inicio de la cuarentena absurda se perdieron 18.000 empresas) más las que decidieron no venir, va quedando al descubierto una cruda realidad: el Estado tiene cada vez menos flujo de ingresos para confiscar mediante impuestos. Y por más que use el monopolio de la fuerza para expropiar el fruto del trabajo ajeno, la gente deja de producir porque no tiene incentivos o bien se va del país. Lo que no advierten los políticos argentinos es que con sus políticas de explotar a los que producen e incentivar la cultura de la dádiva, cada vez queda menos personas para ser explotadas. O porque se van o porque quiebran. ¿En algún momento se plantearon seriamente cómo van a hacer para financiar a sus asesores, sus suculentos sueldos y privilegios el día que ya no quede qué confiscar impositivamente? En Argentina el Estado ya no se conforma con ordeñar la vaca, comete la locura de matar la vaca lechera. Ese sector privado que financia el populismo de los políticos se achica y tiende a desaparecer. La triste realidad es que Argentina va camino a tener el mismo final del libro de Ayn Rand, La rebelión de Atlas. Le sugiero a los populistas y al Presidente que lean ese libro. No vaya a ser cosa que descubran que el camino que tomaron los conduce al suicidio político”.

Acerca de la meritocracia

Este tema había provocado duros intercambios dialécticos entre el oficialismo y la oposición durante la presidencia de Macri. Sucintamente podemos decir que para Juntos por el Cambio el progreso de una persona se debe pura y exclusivamente a su esfuerzo, tesón y dedicación. Pare el Frente de Todos, en cambio, es fundamental que todos los seres humanos dispongan de recursos similares para emprender la dura competencia de la vida. Por más que un hombre o una mujer posean una inteligencia preclara y desee progresar, sino tiene a su disposición recursos que le permitan progresar, quedará condenada a vegetar en el lugar donde nació. En los últimos tiempos el ahora presidente Alberto Fernández retomó la discusión, quizá para que la sociedad no piense tanto en el Covid-19. El guante fue recogido por referentes de la oposición y por connotados periodistas cercanos al macrismo. Desde esos sectores se lo acusa al presidente de pretender igualar para abajo, de imponer la mediocridad, de hacer de la sociedad un hormiguero. En las últimas horas el presidente aclaró que en ningún momento menospreció el mérito sino que destacó el hecho de que sin un mínimo de igualdad de oportunidades el inteligente que nació en la villa miseria no tendrá chances de competir con el mediocre que nació en Barrio Norte.

Como era de esperar el tema, muy profundo por cierto, se politizó. De este lado los enemigos de la meritocracia; del otro lado, sus defensores. Creo que el problema amerita ser tratado como corresponde. Y para ello nada mejor que comenzar por la lectura de aquellos autores que lo han estudiado en profundidad. Tal el caso de Ángel Puyol González, profesor de la Universidad Autónoma de Barcelona, quien en 2007 publicó un ensayo titulado “Filosofía del mérito” (contrastes-Revista Internacional de Filosofía-Universidad de málaga-Volumen XII). A continuación transcribo la primera parte que se refiere al fracaso de la meritocracia.

Introducción

El mérito ocupa un lugar indiscutible entre los valores de la sociedad moderna. Habitualmente lo asociamos a una sociedad más igualitaria y lo consideramos el estandarte de la defensa de la igualdad de oportunidades. Seleccionar social y profesionalmente a los individuos por el mérito (y no por el sexo, la etnia, el origen social, etc.…) se ha convertido en la expresión de la igualdad de derechos en la competición social. Sin embargo, como veremos, el mérito no es un valor comprometido con la igualdad, sino con la eficiencia o con la diferenciación, de modo que confiar la construcción de una sociedad más igual al principio del mérito puede debilitar, en vez de fortalecer, esa construcción. Si queremos fomentar una sociedad más justa e igualitaria, deberíamos subordinar el principio del mérito a la igualdad, y no al revés. Es la única forma de que el mérito no agudice la brecha cada día más abierta de la desigualdad.

El fracaso de la meritocracia

La meritocracia es un sistema social basado en la aristocracia del talento y no en alguna forma de justicia democrática o igualitaria; consiste en distribuir los trabajos, los cargos y las recompensas sociales y económicas de acuerdo a las cualidades y calificaciones individuales, de modo que los individuos con mayores aptitudes y capacidades deberían obtener los cargos y puestos sociales de mayor importancia y prestigio. La actual meritocracia se presenta como una alternativa sin duda más justa que otras concepciones antecesoras del mérito, fundamentadas en las castas o el origen social, puesto que permite que cualquier individuo pueda alcanzar la mayor de las recompensas sociales a partir de sus propias capacidades. Sin embargo, la meritocracia no tiene como fin la eliminación de las jerarquías sociales, sino instaurar un nuevo modo de acceder a ellas. La novela fantasiosa de M. Young, The Rise of Meritocracy, escrita en 1958, proyecta con clarividencia la idea del mérito individual hasta sus límites más grotescos y siniestros, imaginando un mundo –para el siglo XXI– en que los grandes avances en la identificación de la inteligencia y el talento permiten predecir los beneficios de la educación y, consiguientemente, escoger a los más aptos para recibir la mejor formación. Ninguna barrera al mérito individual, como la clase social, el origen familiar, la etnia, el sexo o la religión impediría que los mejor dotados copasen los mejores trabajos. Pero el resultado imaginado por Young para su utopía meritocrática no es una mayor justicia social, sino una sociedad con enormes desigualdades de beneficios y premios vinculados a los trabajos, cuya justificación proviene de la necesidad de generar incentivos y garantizar la eficiencia en la productividad laboral; una sociedad en la que, además, no se eliminan los privilegios heredados, puesto que los más talentosos, una vez en el poder, se aseguran de que sus descendientes continúan perteneciendo a las elites sociales a través de la herencia genética.

No hay más igualdad social en la meritocracia que la que había en cualquier otra concepción jerárquica de la sociedad. Lo que ha cambiado es el modo de justificar las diferencias sociales: ahora es el mérito individual, una combinación de talento y esfuerzo, lo que dota de legitimidad al acceso a la desigualdad. A pesar de ello, el sueño meritocrático descrito por Young sigue formando parte del ideario popular de nuestras sociedades liberales y democráticas. En dicho ideario, la selección de los candidatos a los puestos sociales relevantes a partir del mérito individual es un requisito imprescindible para garantizar que la competición social sea justa. Naturalmente, se requiere algo más que un procedimiento imparcial de selección: es necesario también proporcionar oportunidades equitativas de desarrollo de las capacidades a todos los candidatos potenciales. Decir que Pedro y Ana tienen igualdad de oportunidades para ingresar en la Universidad Politécnica sólo porque las leyes de acceso no vetan a las mujeres es adoptar una visión muy superficial de la igualdad de oportunidades. Hay que preguntarse si ambos han dispuesto de la misma educación previa y de la misma calidad, si sus respectivas obligaciones familiares no les instan a entrar tempranamente en el mercado laboral contra su voluntad y si los prejuicios sexistas de la sociedad no aplacan –incluso desde la niñez– los deseos potenciales de Ana de estudiar una carrera técnica. De ahí que la igualdad de oportunidades deba ir más allá de la igualdad formal hasta alcanzar la igualdad equitativa de oportunidades o nivelación del terreno de juego para que podamos decir que la competición social es finalmente justa. Sin embargo, la verdadera nivelación del terreno de juego es en realidad una quimera, lo que pone en un brete al mismo principio del mérito. Tal vez por eso la pretendida sociedad meritocrática, a pesar de sus defensores más entusiastas, no se ha consumado nunca en ninguna parte. Recientes estudios provenientes de la economía, la sociología y la biología confirman que, a pesar de los esfuerzos meritocráticos, plasmados en una fuerte escolarización y otras tantas medidas sociales, y de la fe que muchos todavía depositan en tales esfuerzos, existen pruebas de que la conexión entre las capacidades cognitivas –o la inteligencia– y la desigualdad social es sorprendentemente débil y demuestran que esta última se sigue debiendo a factores como la herencia social y familiar antes que al mérito individual. La escuela, por ejemplo, determina el éxito laboral y profesional con independencia de las capacidades cognitivas, los coeficientes de inteligencia no predicen el éxito económico, y los vínculos sociales –como la clase social, el círculo de amistades y vecinal o los lazos familiares– siguen explicando la mayor parte de la pobreza observada (1).

Muchos igualitaristas han confiado durante largo tiempo en que las reformas educativas crearían un mundo de iguales oportunidades para todos. Pensaron que el capital humano se abriría paso automáticamente en un entorno laboral y profesional ansioso por ser eficiente y se convencieron de que la educación es el factor clave que vincula el estatus de los padres al destino de sus hijos. Ahora sabemos, tras décadas de reformas educativas, que éstas no han disminuido significativamente la importancia del origen social en la cantidad y la calidad de las oportunidades vitales de los individuos. Y sorprendentemente, los datos demuestran que en los países hipotéticamente más meritocráticos, como Gran Bretaña y los Estados Unidos de América, es donde los hijos heredan con mayor fuerza la situación económica y el estatus social de sus padres sin que la herencia genética pueda explicar tal correlación. ¿Por qué han fracasado las reformas educativas? Dichas reformas han combatido la herencia social con una estrategia en parte desenfocada. Se han centrado en la escolarización obligatoria y comprehensiva, con la idea de que si mantenemos en la escuela a los niños y las niñas tanto tiempo como sea posible, adentrada incluso la adolescencia, las diferencias sociales entre ellos se reducirán al máximo. La escuela pública debe ofrecer unos contenidos educativos que compensen e igualen la formación dispar con la llegan a ella y, de paso, si es de verdadera calidad, debe minimizar el impacto social de la escuela privada, dedicada principalmente a perpetuar las diferencias sociales. El problema de esta estrategia es que la batalla de la herencia social se lucha en otro campo. Es cierto que una escuela pública de calidad y comprehensiva ofrece a los niños y las niñas unas oportunidades que no podrían obtener en otro lugar: esto es algo manifiesto si comparamos los países que poseen un sólido sistema público de enseñanza obligatoria con los que carecen de él.

Pero la escuela primaria y secundaria y los efectos de la socialización son desafortunadamente menos importantes que otros dos factores que acaban siendo, según los expertos, verdaderamente determinantes en la propagación de la desigualdad de oportunidades: el temprano desarrollo cognitivo que tiene lugar en el si de la familia y la desigual inversión económica de los padres en la educación y las oportunidades sociales de sus hijos. A pesar de algunos avances en la movilidad social, lo cierto es que en buena medida la desigualdad económica se sigue heredando. Y eso es más cierto en las sociedades con mayor desigualdad económica que en el resto. Cuanto mayor es la pobreza, más difícil es para los hijos de los pobres escapar de ella; y cuanta más inseguridad económica se vive en los hogares, más fácil es que los más jóvenes de esos hogares reproduzcan de adultos las mismas condiciones de vida de sus familias. De lo cual se desprende que la medida más efectiva para paliar la desigualdad de oportunidades por origen económico no es un sistema educativo obligatorio, sino, en primer lugar, la supresión de la pobreza y, más ampliamente, una menor desigualdad económica. Los estudios que comparan internacionalmente la movilidad intergeneracional así lo confirman (2). En los países nórdicos, con un estado del bienestar más fuerte y con una mayor igualdad social, hay menos niños pobres y una herencia socioeconómica menor que en los países supuestamente más meritocráticos. Sin embargo, la educación tiene, después de todo, un papel fundamental en la promoción de la igualdad de oportunidades, aunque no desde la educación primaria y secundaria, o en el acceso a la universidad, sino justamente allí donde los sistemas educativos se han mostrado tradicionalmente menos interesados y operantes: en la educación preescolar. El desarrollo cognitivo de los individuos se juega en las primeras etapas de la vida: es allí donde las diferencias sociales se afianzan tanto en la formación de las capacidades básicas de aprendizaje como en el desarrollo de la motivación, algo que tiene que ver, por ejemplo, con el fomento de la lectura a edad temprana o la frecuencia con que se discuten temas culturales en las casas.

Tras la etapa preescolar, la escuela está condenada a reproducir y ampliar las desigualdades sociales con que los niños y las niñas llegan a ella, lo que explica el mayor fracaso escolar de las clases sociales más bajas en todos los niveles de la enseñanza. Estos datos nos dicen que si bien la redistribución económica es una medida necesaria para fortalecer la igualdad de oportunidades, no es suficiente: además hay que compensar, a través de la educación preescolar, la transmisión cultural de los padres a sus hijos. (Aunque, naturalmente, una menor desigualdad socioeconómica contribuye, por sí misma, a una mayor igualdad en el desarrollo de las capacidades cognitivas de los más menudos). La adquisición de capacidades cognitivas amplias en los primeros años de vida acaba siendo un factor decisivo en la formación educativa posterior. Eso explicaría que un país como Finlandia, que tiene los índices de fracaso escolar más bajos, haya apostado, como el resto de países nórdicos en general, por una sólida formación preescolar. En un entorno social y familiar en que la mujeres trabajan muchas horas fuera de casa, los hijos de las familias cultural y económicamente más débiles se benefician, en la etapa preescolar de esos países, de una pedagogía y un desarrollo cognitivo parecido al que reciben los niños de ambientes privilegiados. Por tanto, la eliminación de la pobreza y la inseguridad económica de las familias con niños pequeños junto a una igualdad de estímulos cognitivos en edad preescolar son las dos medidas más efectivas para lograr una mayor igualdad de oportunidades (3).

Ahora bien, imaginemos que se dan, al menos en una primera generación, las condiciones empíricas de la nivelación del terreno de juego y que el mérito personal mantiene perfectamente engrasado el ascensor social. Como consecuencia, los individuos más capaces ocupan las posiciones sociales de privilegio y reciben los premios que las acompañan (sólo los premios necesarios para conservar los incentivos que impulsan a la eficiencia productiva de la que, en principio, todos se deberían beneficiar). Al final del proceso, como ya imaginó M. Young, se produce una desigualdad de premios y beneficios que, de no ser atenuada por políticas redistributivas, dificultará una nueva nivelación del terreno de juego en la siguiente generación. El resultado es que, con independencia de que se den las condiciones prácticas de una nueva nivelación de las condiciones de desarrollo individual y una posterior redistribución económica, la estructura interna del proyecto meritocrático es claramente contradictoria, puesto que cuanto mejor funciona el ascensor social en una generación, más desigualdades finales se producen y más complicado resulta garantizar la igualdad de oportunidades para la siguiente generación. Así pues, la meritocracia es un ideal, en la teoría, y no sólo en la práctica, condenado al fracaso. Se puede paliar la crónica de ese fracaso anunciado con políticas educativas y fiscales que enmienden la inevitable desigualdad de la meritocracia para que a ésta no le suceda lo que a los antiguos cohetes espaciales, que tras despegar una primera vez ya no pueden regresar para volver a ser utilizados, pero la contradicción permanece. Lo que resulta sorprendente y paradójico de la meritocracia es que es un sistema social que no se sostiene por sí mismo, que necesita de apoyos y apuntalamientos externos en forma de políticas igualitaristas que son, de alguna forma, antimeritocráticas.