El jueves pasado, la llamada “farma móvil” de los farmacéuticos de la provincia de Buenos Aires debutó frente a los Tribunales, donde está la sede de la Corte Suprema de Justicia. Allí, los profesionales les reclamaron a los tres jueces del máximo tribunal que le diga no al intento de Farmacity de desembarcar en Provincia, de la mano del lobby de su ex Ceo, Mario Quintana. La iniciativa se mantendrá durante todos los jueves de diciembre, informando a los transeúntes sobre la problemática que enfrentan. Para esta segunda semana, desde el Colegio de Farmacéuticos bonaerenses decidieron repartir un medicamento simbólico, que protege la salud y la red de farmacias. Más apoyo de diversos sectores al reclamo profesional. 

Para esta segunda semana, los farmacéuticos decidieron aumentar la presión sobre el máximo tribunal. De manera simbólica, se distribuirá un medicamento, para concientizar sobre los efectos de permitir que se instale Farmacity en la Provincia. “Justicia 500 miligramos es un fármaco cuya acción terapéutica es la protección de la salud de la población y de la red sanitaria de farmacias, que permiten el acceso al medicamento de todos los argentinos y evita la acción de los monopolios, además evita el tráfico de influencia de los distintos poderes del Estado”, sostuvo la presidenta del Colegio de Farmacéuticos provincial, Isabel Reinoso. Durante la presentación de la campaña (ver video), la dirigente recordó que los tres jueces de la Corte Suprema “tienen en sus manos la salud de los 16 millones de bonaerenses”. 

“Los farmacéuticos estamos reunidos en defensa de la ley 10.606, que es una ley sanitaria que nos representa, y que lamentablemente está en queja en la Corte Suprema”, explicó María de los Ángeles Fallo, de la filial San Fernando del Colegio de farmacéuticos provincial, presente en el primer día de acción de la “farma móvil”. En tanto, Claudia Slezack, de la filial Berisso, remarcó que la ley actual “defiende al paciente para que en cada rincón de la provincia de Buenos Aires el acceso al medicamento sea cercano, la ley prioriza el sentido sanitario de la farmacia, además del respeto al paciente”. 

Además, el reclamo de los farmacéuticos sigue recibiendo apoyos. De paso por la “farma móvil”, Julio Bárbaro dijo que es función del Estado “que el pez grande se coma al chico”. “A veces le dije al presidente Mauricio Macri la sociedad argentina le tendría que poner límite a los taxis, por ejemplo, y no permitir que haya dueños de más de tres unidades. El dueño de un taxi es un clase media integrado, un peor es un señor que la pasa muy mal. Quien tiene 500 taxis no es un inversor, es un depredador”, agregó Bárbaro, que pidió “la defensa del pequeño comercio”. “Esta defensa es esencial al capitalismo, en la Argentina producimos lo mismo que hace 40 años, pero va quedando en pocas manos, y eso es la destrucción de la clase media. Dueño de una farmacia es alguien de clase media integrado, un empleado de Farmacity es clase baja. El señor Farmacity no es un inversor, es un depredador, por eso yo defiendo la farmacia de barrio”, analizó el politólogo. 

El jueves pasado, desde las 10 hasta las 14, la farmacia móvil estuvo ubicada frente a la sede del máximo tribunal de justicia, donde el 12 de octubre miles de farmacéuticos realizaron un abrazo simbólico para que la Corte Suprema de Justicia no habilite la instalación de Farmacity en la provincia de Buenos Aires. Desde ese día a esta parte, la actividad del Colegio de Farmacéuticos bonaerense y sus filiales logró algunos avances, como la decisión de que dos de los jueces - Carlos Rozenkrantz y Horacio Rosatti –se excusen de fallar en el expediente, por sus visibles vínculos con la empresa. Ahora, serán los tres magistrados restantes los encargados de decidir el futuro de la ley 10.606, un ejemplo sanitario para todo el país, que las presiones del grupo Pegasus y su ex CEO Quintana, ahora hombre de poder en el gobierno nacional, intentan derribar.