Las detenciones se produjeron durante 12 allanamientos simultáneos realizado por efectivos de la Policía Federal Argentina (PFA) en la ciudad de Buenos Aires y en las localidades bonaerenses de Ciudad Evita, San Miguel, San Antonio de Padua, Merlo, Lomas de Zamora, Wilde, Quilmes y Bosques.
En los procedimientos se detuvieron a seis hombres y dos mujeres, todos argentinos, a quienes se les secuestraron 442.000 pesos en efectivo que estaban distribuidos en cuatro fajos termosellados como entregan los bancos, 18 teléfonos celulares, tres computadoras de escritorio, dos notebooks, tres tarjetas de débito y tickets de extracción bancaria.
El hackeo informático se produjo a las 23 del domingo 20 de noviembre, pero recién fue detectado el día siguiente, a las 11, por el tesorero municipal, cuando el banco inició su actividad comercial habitual.
Los hackers ingresaron a las cuentas de la comuna y comenzaron a realizar las transferencias de fondos a otras de distintos bancos del territorio bonaerense, ante la mirada del contador del municipio, que veía como iba desapareciendo el dinero del sistema.
Para cuando las autoridades denunciaron el hecho y el Banco Central emitió la orden de bloquear las cuentas a diversas entidades financieras, diferentes personas ya habían cobrado por ventanilla sumas de entre 100.000 y 250.000 pesos, por un total de 3.500.000 de pesos.
El intendente de 25 de Mayo, Hernán Ralinqueo, había evaluado que los 3.500.000 pesos robados, que pertenecían a diversos fondos que estaban destinados para pagar sueldos y de la coparticipación, complicaba sobremanera las finanzas municipales. 
La investigación sobre el robo se inició a partir de la certeza de que un grupo de hackers había obtenido fraudulentamente las claves de las cuentas de la Municipalidad, a través de un virus invasivo que infectó las computadoras de la Tesorería.
Al comprobarse el desvío de fondos estatales hacia cuentas particulares, el personal de la División Fraudes Bancarios de la PFA adoptó una serie de medidas que posibilitaron detectar la existencia de 24 “falsas transferencias a proveedores”.
El dinero había sido dirigido a titulares de distintas sucursales del Banco Provincia, emplazadas tanto en la Capital Federal como en el Gran Buenos Aires. 
Inmediatamente se individualizaron las personas involucradas en la maniobra delictiva y los domicilios de cada una de ellas, donde se efectuaron los allanamientos. 
Interviene en la causa la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) Especializada en Delitos Complejos de Mercedes, a cargo de Juan Ignacio Bidone, quien ordenó secuestrar también documentación de interés para la investigación.