Mientras muchos se preguntaban cómo era posible que dos delincuentes redujeran a la familia del intendente de La Plata dentro de un country con vigilancia, no eran pocos los que cuestionaban cómo hacía un suboficial de la bonaerense con 18.000 pesos de sueldo, para alquilar por 40.000 una casa en ese mismo barrio, por no mencionar los 7.000 de expensas, la 4X4 Mercedes Benz que manejaba y la pequeña fortuna en pesos y dólares que le encontraron en su domicilio.

A Patricio Masana lo detuvieron por el asalto en la vivienda de Julio Garro pocas horas después de que ocurrió, el 2 de marzo pasado, pero su caso provocó un cimbronazo institucional que aún hoy acusa remezones. No solamente desplazaron de la comisaríaPrimera a Marcelo Cifuentes y a su segundo, Carlos Arias, porque allí trabajaba el “suboficial millonario”, sino que todo el sistema de adicionales Polad quedó en la mira ya que el propio Masana controlaba buena parte de esos fondos.

A cuatro meses de aquel escándalo y a una semana de que se descubriera que en el instituto de menores del que se fugaron 7 chicos había dos policías haciendo adicionales, aunque el Estado pagaba por seis, cada vez está más firme la idea de que sean funcionarios civiles quienes supervisen y liquiden los adicionales.

Hasta ahora, en cada comisaría hay un administrador que completa las planillas con los datos de los policías asignados a los controles fijos, eleva la liquidación al ministerio de Seguridad y le paga a los agentes, y un coordinador que controla que los efectivos asignados cumplan con la tarea. Aquí radica el problema.

Esta semana se supo que sólo por el pago de las horas adicionales, la Primera recaudaba unos 25 millones de pesos, la mitad de los cuales “se perdían en el camino” (o mejor, en el despacho de alguien), porque enviaban esas horas a la mitad de los agentes por los que cobraban.

Fuentes oficiales revelaron que “la suma se desprende de lo que ahorra el gobierno de María Eugenia Vidal actualmente, desde que tomó la decisión política de ajustar los controles”. La de las Polad es una caja millonaria, porque recauda lo que los organismos públicos y otras dependencias pagan a las seccionales para que sus agentes los vigilen fuera de su horario de servicio. Y, pese a los controles, las irregularidades persisten en algunos de los más de 200 edificios que hay en La Plata.

Uno de ellos es el instituto Aráoz Alfaro, donde el sábado de la semana pasada irrumpieron dos personas, redujeron a los guardias y abrieron las celdas para rescatar a un par de menores. De paso, dejaron salir a 5 más, de los cuales uno sólo fue recapturado, porque la madre lo entregó cuando lo vio aparecer por la casa.

Pues bien, aunque ese centro de alojamiento de Ruta 2 y 520 pagaba por la custodia de seis policías, al momento del escape solamente había dos y de la Local. Por este caso quedaron en la mira dos jefes policiales de La Plata.

Los informantes que le confirmaron a este diario la maniobra no se mostraron sorprendidos por la misma, ya que, según dijeron, desde el escándalo Masana se abocaron a auditar “ministerio por ministerio, y comisaría por comisaría”, en un proceso que, reconocen, “no es sencillo”.

En su interés por “optimizar los manejos de supervisión” de los fondos analizan desplazar de esa tarea a los policías, o implementar medidas como el control de asistencia del personal a los servicios a través de lectores de huellas dactilares.

En el gobierno bonaerense también son conscientes de que los bolsones de corrupción no se limitan a los despachos de las seccionales, porque -se sabe-, el dinero sucio desafía la ley de la gravedad: siempre sube más de lo que baja.