Sin embargo, su muerte no generará ninguna contribución a las estadísticas, dado que el Certificado de Defunción firmado por las autoridades sanitarias del hospital pediátrico Avelino Castelán, de Resistencia, provincia de Chaco, afirma que falleció por “enfermedad”, sin aclarar si fue por gripe, cáncer, un resfriado, tuberculosis o hambre. 

El coordinador del Centro de Derechos Humanos "Nelson Mandela", Rolando Núñez, afirmó que el fallecimiento “pone al descubierto cómo se gobierna en Chaco y en Argentina” y responsabilizó a los dos gobiernos “dado que el programa de lucha contra la tuberculosis es vertical, o sea que compromete al gobierno nacional y a cada gobierno provincial, en distintos tramos o eslabones".

El detalle de la minimización en el Certificado de Defunción no es un dato menor. Primero, porque es un documento público y debería, al menos legalmente y para evitar contratiempos con la justicia penal, decir la verdad. Segundo, porque es una arista más de la poco sana costumbre que ha mantenido el kirchnerismo en la alteración de estadísticas públicas desde 2007 a la fecha. 

Primero fue la intervención del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, en 2007, cuando los números de la inflación empezaron a subir por encima de la conveniente. Desde entonces, Guillermo Moreno se encargó de cuestionar, atacar y denunciar a todas las consultoras privadas por brindar datos notoriamente superiores a los medidos por el Indec. Datos que, hasta la intervención del organismo, siempre habían coincidido. 

La manipulación de los datos estadísticos afecta directamente la adopción de medidas de políticas públicas, sea tanto en materia económica, como en ámbitos laborales, educativos, de infraestructura y, como en el caso de esta nota, de salud. Una inflación menor a la real condiciona las negociaciones paritarias a tal punto que el Gobierno afirma que los salarios crecen por encima de la inflación, mientras que las consultoras sostienen exactamente lo contrario.

Dibujar los índices de precios al consumidor es desdibujar, al mismo tiempo, las fronteras de la pobreza y la indigencia. Un buen ejemplo se vio la semana pasada, cuando el Indec dio a conocer una estadística que reza que el 50% de los trabajadores registrados cobra 5 mil pesos. Las consultoras privadas estiman que la frontera para no caer en la pobreza se encuentra en los 5,6 mil pesos. Conclusión básica: el 50% de los trabajadores registrados se encuentran bajo la línea de la pobreza. Pero al no brindar números estadísticos fehacientes en materia de inflación, el Indec elimina de plano toda posibilidad de siquiera abordar la problemática: oficialmente, no existe. 

La obsesión por alterar los números de modo conveniente volvió a quedar sobre el tapete el 2 de abril de 2013, cuando la ciudad de La Plata sufrió la peor inundación de su historia. En un evento trágico en el que se registraron marcas de agua superiores a los dos metros de altura, en el que la mitad de la ciudad se quedó sin luz y varios hospitales no pudieron recurrir a los grupos electrógenos por culpa del agua, el saldo brindado por el Gobierno provincial fue de 51 muertos, ninguno de ellos menor de edad. La única causa de defunción válida computada para las estadísticas, fue la de “ahogamiento”. Los infartos producidos por el esfuerzo físico, los hipotérmicos, los electrocutados, los golpeados por los objetos flotantes que iban desde muebles hasta camionetas en correntadas de agua de hasta 40 kilómetros por hora, no contaron. 

Los cadáveres que se amontonaron en la morgue policial, fueron inhumados como "muerte natural no traumática", como se decidió oficialmente la misma mañana del 3 de abril para acelerar el levantamiento de cuerpos. Enfrentando la cortina que impuso el ejecutivo provincial, el juez Arias oficializó, casi un año después, 89 muertos. Así y todo, presiente que podrían ser muchos más: en su fallo aclaró que esos 89 son los que pudieron comprobarse.

Alguien que siempre estuvo en la mira por sus manejos estadísticos es el actual Ministro de Salud de la Nación, el tucumano Juan Manzur, quien también desempeñó dicha tarea a nivel provincial en su tierra de origen. Desde su puesto en Tucumán, ordenó modificar la forma en la que se medía el estado de nutrición de los niños. Obviamente, los números bajaron brutalmente, de más de 22.000 desnutridos a 3.690.

El médico tucumano Eduardo Gómez Ponce fue quien denunció el cambio de método para medir la desnutrición con la finalidad de ocultar los verdaderos números que van en una curva ascendente. Explicó que en octubre del 2010 el gobierno tucumano cambió las tablas de Lejarraga Orfila por las del Índice de Masa Corporal “para ocultar que la máquina de la desnutrición jamás se había detenido”.

El Índice de Masa Corporal se mide con una tabla creada por la Organización Mundial de la Salud que fue confeccionada con una población de referencia que no tiene las características antropométricas de Tucumán ni contempla las condiciones sociales, económicas, alimenticias ni de acceso a los sistemas de salud de la Argentina, muchas de las cuales son estadísticas confeccionadas por el Indec. Con las nuevas tablas muchos de los chicos que antes eran desnutridos pasaron a ser chicos con peso normal. “Se sacaron de encima a todos los desnutridos de primer grado”, sostuvo Gómez Ponce en su momento.

El galeno tucumano realizó por su cuenta un seguimiento comparativo entre los registros del bienio 2007/2008, cuando existían entre 20 y 22 mil niños desnutridos, y los computados con el nuevo sistema, que los bajó a menos de 4 mil. Su observación arrojó que, en realidad, el número no había disminuido, sino que lo que antes era un desnutrido, ahora pasaba a ser un chico con peso normal. Por arte de magia de una resolución gubernamental. 

El caso tucumano es testigo de lo que puede pasar cuando se oculta la verdad con un borrador: si los desnutridos reconocidos son cuatro mil, y la realidad dicta que existen 22 mil, hay 16 mil chicos indigentes excluidos del modelo de inclusión y así quedan librados a su suerte, porque para el Estado, no existen. 

A Manzur el formato de si no se ve, no pasa le dio tan buena fama que fue nombrado como Ministro de Salud de la Nación por Cristina Fernández de Kirchner en 2009, en reemplazo de Graciela Ocaña. 

El jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, también tiene su historia con las estadísticas poco creíbles. No sólo porque hoy haya hablado de un “hecho aislado” ante una muerte por desnutrición de un chico que ya era noticia desde hacía meses por su grave cuadro alimenticio, sino porque la capital de la provincia de la que todavía es Gobernador en uso de licencia tiene un índice de desocupación del 0%. 

El debate por si la inclusión de los pueblos originarios fue una política de Estado o un recurso de oratoria quedará para otra ocasión. El certificado de defunción de Néstor genera la incógnita de cuántos casos más habrá de chicos fallecidos por desnutrición cuya causa oficial sea “enfermedad” a secas. Las evasivas del jefe de Gabinete al ser consultado sobre el tema, tampoco ayudaron mucho a clarificar, dado que brindó una comparación estadística entre los 10 muertos por cada mil frente a los 97 por mil...de 1973. 

Lo cierto es que esta muerte reaviva la polémica sobre los verdaderos éxitos del Modelo, mucho más reflejado en las estadísticas acomodadas a conveniencia que en la realidad. 

(*) Editor de Perfil.com |  Twitter: @RelatoDPresente