Es algo más importante que una tómbola. Todos los bonaerenses con terminación del DNI en 983 o 461 serán convocados para integrar los jurados populares que funcionarán en la Provincia en los próximos meses. Acaban de ser sorteados en la Lotería provincial para intervenir en juicios por delitos con penas que superen 15 años de prisión. Los grupos seleccionados se distribuirán entre los 18 departamentos judiciales que funcionan en Buenos Aires, que se encargarán de confeccionar las listas definitivas, apartando a los inhabilitados. Luego se hará la remisión correspondiente a la Suprema Corte. "Está en la base de la concepción democrática de la Justicia", explicó Daniel Scioli en el recinto donde muchos sueñan con hacerse millonarios. Su gobierno tendrá que designar 12 mil hombres y mujeres para integrar los juicios por jurado. "Es la mejor manera de consustanciar a la gente con la inseguridad", insistió el gobernador. ¿Quiénes están en condiciones de integrar los jurados?. Aquellas personas nacidas en Argentina o naturalizadas con más de cinco años de ciudadanía, que tengan entre 21 y 75 años, entiendan “plenamente” el idioma nacional. También que se encuentren “en pleno ejercicio de los derechos ciudadanos” y gocen de aptitud física y psíquica suficientes para el desempeño del cargo. En cambio, no podrán integrar el jurado quienes desempeñen cargos públicos por elección popular o con rango equivalente o superior a director, en el Estado nacional, provincial o municipal, o en entes públicos autárquicos o descentralizados, ni los representantes de órganos legislativos de los tres estamentos. Tampoco los funcionarios o empleados del Poder Judicial Nacional o Provincial, integrantes en servicio activo o retirados de las fuerzas de seguridad, del Servicio Penitenciario, los directivos de agencias de seguridad privada y quienes hubiesen sido cesanteados o exonerados de la administración pública nacional, provincial o municipal o de las fuerzas de seguridad. Además, estarán inhabilitados para ser jurado los abogados, escribanos y procuradores, los condenados por delito doloso, los imputados que se encuentren sometidos a proceso penal en trámite, los ministros de un culto religioso y las autoridades directivas de los partidos políticos. Con la primera etapa destinada a agilizar los procesos judiciales, Scioli procura retomar iniciativa política en momentos de de manda social sobre la evolución del delito y la eficiencia en la punibilidad contra el crimen. Su presencia en el acto de Lotería respondió a esa estrategia, que comenzó con la declaración de la Emergencia en Seguridad. Como se anunció esta semana, los tribunales estarán integrados por un juez, doce ciudadanos jurados titulares y seis suplentes, y actuarán únicamente en casos de delitos graves. La participación en el proceso será obligatorio por tratarse de una “carga pública” y los civiles recibirán una remuneración de 580 pesos diarios. El cuerpo será presidido por el juez, quien aportará las instrucciones para que los jurados deliberen. El mecanismo continuá con el debate en sesión secreta por un plazo máximo de dos días, prorrogable por igual período, para determinar la culpabilidad o inocencia del acusado. En caso de no existir acuerdo entre los integrantes del jurado la votación se repetirá en tres oportunidades y de seguir así se planteará la no culpabilidad o se declarará estancado el debate. En ese caso, será necesario conformar un nuevo tribunal. Si la decisión del cuerpo de ciudadanos es una absolución, ésta será inapelable. Cualquier otra sentencia podrá ser recurrida.