Provocó la enemistad entre hermanos. Esa antinomia pulverizó toda chance de vivir en una genuina democracia. Sepultó la posibilidad de vivir de manera civilizada. Sin embargo, nos empecinamos en seguir manteniendo vivo ese antagonismo.

El jueves fue una de las jornadas más dramáticas de la Argentina contemporánea. Un individuo se acercó a la vicepresidenta y le apuntó directo a la cara con un revolver. Por razones que aún se desconocen el arma no funcionó. La televisión acababa de registrar en vivo un intento de magnicidio. Horas más tarde el presidente le habló al país por cadena nacional. Era el momento propicio para hacer un genuino llamado a la unión nacional. Pero en vez de actuar como presidente de la nación, lo hizo como presidente del partido justicialista. En su corto discurso leído culpó a la oposición y a los medios opositores de haber instigado, a través del discurso del odio, el magnicidio. Vale decir que el individuo que estuvo a punto de matar a la vicepresidente es en el fondo una víctima de ese discurso del odio.

Al día siguiente tuvo lugar la gigantesca movilización en respaldo de Cristina. La Plaza de Mayo resultó chica para albergar los miles y miles de simpatizantes que se acercaron para expresar su solidaridad con su jefa. El acto fue breve. Se limitó a la lectura a cargo de la actriz Alejandra Darín de un pequeño comunicado. Su contenido es un calco del mensaje presidencial.

“Frente al intento de asesinato de la principal dirigente política del país, nadie que defienda la República puede permanecer en silencio o anteponer sus diferencias ideológicas al repudio unánime que esta acción depara (…) El “límite” del que hemos oído hablar mucho en las últimas horas, no se cruzó ayer. Si no queremos que la intolerancia y la violencia política arrasen con el consenso democrático que hemos construido desde 1983 a la fecha, debemos contextualizar lo ocurrido contra la vicepresidenta. Desde hace varios años, un sector minúsculo de la dirigencia política y de sus medios partidarios, viene repitiendo un discurso de odio, de negación del otro, de estigmatización, de criminalización de cualquier dirigente popular o afín al peronismo, y aún de cualquier simpatizante. Todos hemos visto movilizaciones donde se pasearon por las plazas más importantes de la Capital Federal bolsas mortuorias, ataúdes o guillotinas. No es inocente ni gratuita la legitimación de discursos extremos, de llamados a la agresión, de planteos que niegan legitimidad democrática del adversario político (…) La vida democrática es incompatible con el accionar de minorías violentas que pretenden llevar de las narices al resto de la sociedad, u obligar a determinada dirigencia a tomar posiciones cada vez más sectarias con tal de contentar a esa supuesta clientela electoral (…) El pueblo argentino está conmovido, impactado por lo ocurrido, incluyendo a millones que no simpatizan con Cristina ni con el peronismo. En honor a todos nuestros compatriotas es que hacemos este llamamiento a la unidad nacional pero no a cualquier precio: el odio afuera”.

Es el mismo mensaje: el FdT es sinónimo de “amor” mientras que Juntos es sinónimo de “odio”. En consecuencia, los dirigentes de Juntos y el 40% del pueblo que lo votó quedan afuera del llamamiento a la unidad nacional efectuado por el oficialismo. Eso tiene un nombre preciso: sectarismo. Para el gobierno el pueblo sólo es la gente que colmó la Plaza y arterias adyacentes. Para el gobierno sólo odian los opositores y sus medios afines. Es cierto que hay dirigentes de Juntos y sectores relevantes de la sociedad que odian al peronismo. Pero también hay dirigentes del peronismo y sectores importantes de la sociedad que odian al antiperonismo. ¿O acaso no odian, por ejemplo, Hebe de Bonafini y Luis D'Elía?

El jueves a la noche la vicepresidenta se salvó de milagro. De haber muerto la paz social se hubiera hecho añicos. Lamentablemente, la clase política sigue sin estar a la altura de las circunstancias.

UN ANTES Y UN DESPUÉS

Se trató del hecho de violencia política más grave desde que Raúl Alfonsín asumió la presidencia el 10 de diciembre de 1983. Ayer por la noche (jueves 1/9), justo cuando estaba por ingresar a su domicilio en pleno corazón de Recoleta, un hombre se acercó a la vicepresidente y le apuntó a su rostro desde muy cerca con un revólver. La televisión registró el momento exacto cuando gatilló y, afortunadamente, el arma no funcionó. Inmediatamente el homicida fue detenido por militantes cristinistas y posteriormente fue detenido. El hecho causó una conmoción cuyas consecuencias son impredecibles. Nunca antes una autoridad de la jerarquía del vicepresidente estuvo a punto de ser ejecutado en la vía pública. Porque eso fue, precisamente, lo que intentó hacer el joven de 35 años de nacionalidad brasileña. Dios quiso que la bala no saliera del arma porque en caso contrario hoy estaríamos frente a una tragedia apocalíptica.

Se trata de un antes y un después. Anoche tomamos conciencia de lo cerca que estamos de caer al abismo, de ingresar al estado de naturaleza descripto magistralmente por Thomas Hobbes en su inmortal libro “Leviatán”. Anoche tomamos conciencia de que, a pesar de casi cuarenta años de democracia, la violencia política sigue al acecho. Anoche tomamos conciencia de que las garantías y derechos individuales consagrados en nuestra constitución de 1853, siguen siendo una entelequia, que la democracia como filosofía de vida sigue siendo una utopía. Lo que aconteció anoche en la esquina de Juncal y Uruguay es de una gravedad institucional extrema. Es un punto de inflexión que nos debiera servir de aprendizaje. De aprendizaje para valorar un poco más lo que significa vivir en una sociedad que garantice los derechos humanos. El atentado contra Cristina puso dramáticamente en evidencia que la vida de todos nosotros no vale absolutamente nada. Porque si la dirigente más importante de las últimas dos décadas estuvo a punto de pasar al otro mundo en cuestión de segundos, ¿qué nos espera a nosotros, comunes ciudadanos de a pie?

Se trata de un antes y un después. Este intento de magnicidio debiera servirnos para que todos (el pueblo y la clase política) comencemos a darnos cuenta de que así no podemos seguir. No podemos seguir tolerando que la política se sustente en el clásico antagonismo amigo-enemigo inmortalizado por Carl Schmitt hace un siglo. Tanto el oficialismo como la oposición debieran de una vez por todas encontrar puntos de acuerdo que permitan sacar al país de la ciénaga en la que se encuentra desde hace demasiado tiempo. Lamentablemente, lo que dijo anoche el presidente de la nación por cadena nacional no invita al optimismo.

Dijo Alberto (fuente: Página/12, 2/8/022): “En el día de hoy, poco después de las 21 horas, un hombre atentó contra la vida de la actual vicepresidenta de la Nación y dos veces presidenta constitucional, Cristina Fernández de Kirchner. Este hecho es de una enorme gravedad, es el más grave que ha sucedido desde que hemos recuperado nuestra democracia. En el marco de una presencia masiva de personas frente al domicilio de la vicepresidenta, un hombre apuntó con un arma de fuego a su cabeza y gatilló. Cristina permanece con vida porque, por una razón todavía no confirmada técnicamente, el arma que contaba con cinco balas, no se disparó pese a haber sido gatillada”.

“Semejante realidad conmueve a todo el pueblo argentino y en particular a quienes somos sus compañeros que la abrazamos solidariamente con todo nuestro cariño. Este atentado merece el más enérgico repudio de toda la sociedad argentina, de todos los sectores políticos y todos los hombres y las mujeres de la república, porque estos hechos afectan nuestra democracia. Estamos obligados a recuperar la convivencia democrática que se ha quebrado por el discurso del odio que se ha esparcido desde diferentes espacios políticos, judiciales y mediáticos de la sociedad argentina. Podemos disentir, podemos tener profundos desacuerdos, pero en una sociedad democrática los discursos que promueven el odio no pueden tener lugar porque engendran violencia y no hay ninguna posibilidad de que la violencia conviva con la democracia”.

“Estamos ante un hecho que tiene una gravedad institucional y humana extrema. Se ha atentado contra nuestra vicepresidenta y la paz social ha sido alterada. La Argentina no puede perder un minuto más. Ya no hay más tiempo. Es necesario desterrar la violencia y el odio del discurso político y mediático y de nuestra vida en sociedad. Convoco a todos y cada uno de los argentinos y argentinas, a toda la dirigencia política y social, a los medios de comunicación y a la sociedad en general, a rechazar cualquier forma de violencia. Necesitamos aislar, no convalidar y repudiar las palabras descalificadores, estigmatizantes y ofensivas que solo nos dividen y enfrentan (…) Que la conmoción, el horror y el repudio que este hecho nos genera se convierta en un compromiso permanente para erradicar el odio y la violencia de la vida en democracia”.

El presidente acaba de responsabilizar a la oposición, a ciertos sectores de la justicia y al poder mediático anti K por el intento de magnicidio perpetrado ayer en Recoleta. De esta forma no hace más que ahondar la grieta, echar más leña al fuego, fomentar el odio del discurso político. De esta manera no hace más que politizar este grave hecho. Alberto parece no tener en cuenta que es el presidente de la nación y no un militante peronista. Ayer debería haber aprovechado la oportunidad para hacer una invitación a la unidad nacional, para comprometerse a hacer todo lo que esté a su alcance para garantizar la paz social y la convivencia civilizada. No lo hizo. Primó en él el espíritu sectario. Ello explica su decisión de imponer para el viernes un feriado nacional inconducente y un llamado a la movilización del aparato peronista para solidarizarse con Cristina en la Plaza de Mayo.

Igual postura asume Mario Wainfeld (Atentado a Cristina Kirchner: la tragedia no sucedió, los peligros siguen ahí, 2/8/022): “(…) El intento de magnicidio armoniza con palabras y hechos habituales, añejos y recientes. Sucedió en el escenario de la provocación cometida por el Jefe de Gobierno Horacio Rodríguez Larreta el sábado. Armoniza con la represión que lo siguió. Y con la descalificación que le propinó la exministra Patricia Bullrich, acusándolo de blando, pidiéndole mano dura, balas de goma, palos. La derecha argentina, se escribió en esta columna el domingo, está desbocada. Aplicó la doctrina Irurzun, encarcelando opositores durante la presidencia de Mauricio Macri (…) Las invectivas de odio llevan a sus dirigentes a una competencia interna interminable a ver quién es más intolerante y virulento”. Es cierto que la derecha está desbocada, pero el FdT también lo está. Todos están desbocados, En realidad, todos estamos desbocados, incluidos los ciudadanos de a pie.

La reacción de la dirigencia opositora estuvo a la altura de las circunstancias. Todos los referentes expresaron su solidaridad con la vicepresidente y el deseo de un rápido esclarecimiento del grave hecho. Hubo una dantesca excepción. Se trata de Amalia Granatta, una conocida figura del espectáculo y actual diputada provincial santafesina en representación de la Iglesia Evangélica. Apenas se conoció el intento de magnicidio publicó un miserable tuit en el que afirma que se trató de un show tendiente a fortalecer la alicaída figura de Cristina. Conviene no subestimar semejante mensaje porque, me parece, es compartido por un importante sector del pueblo. Hay muchos que sostienen que se trató de una puesta en escena con el objetivo de apuntalar la más que obvia decisión de la vicepresidenta de competir electoralmente el año que viene.

Al margen de ello, es fundamental que la investigación de este brutal hecho se realice con profesionalismo y rapidez. El pueblo tiene derecho a saber por qué un hombre se acercó a la vicepresidente y cuando estaba prácticamente cara a cara le apuntó a su rostro con un revólver y gatilló. El pueblo tiene derecho a saber por qué le resultó tan sencillo aproximarse a la vicepresidenta. ¿Por qué falló la custodia? ¿El hombre actuó por su cuenta o forma parte de una conspiración? Ojalá que con el correr de las horas estos interrogantes se despejen.

UN PAÍS AL MARGEN DE LA LEY

A principios de la década del noventa el destacado jurista Carlos Santiago Nino publicó un libro titulado “Un país al margen de la ley”, en el que desarrolla el concepto de “anomia”, es decir la incapacidad del orden normativo de garantizar el respeto de los ciudadanos a su contenido. Cuando hay anomia el imperio de la ley pasa a ser una entelequia. La supremacía de la constitución es reemplazada por el estado de naturaleza hobbesiano. Las leyes se transforman en letra muerta. Nadie las tiene en cuenta. Todos las ignoran.

¿Cuándo comenzó a regir la anomia en nuestro país? Quizá desde el momento en que Moreno y Castelli ordenan la ejecución de Liniers y sus seguidores, quienes intentaban derrocar al flamante gobierno patrio. Estamos hablando del invierno de 1810. Para no remontarnos tan lejos, quizá una fecha apropiada para señalar la génesis de la anomia en nuestro país sea el 10 de septiembre de 1930. Cuatro días antes las fuerzas armadas habían derrocado a don Hipólito Yrigoyen, quien había asumido por segunda vez dos años antes. Se trató de un hecho ilegal, violatorio de la Constitución de 1853. Sin embargo, ese día la Corte Suprema convalidó semejante atropello a través de una acordada que pasó a la historia. A partir de entonces el poder político comenzó a funcionar al margen o directamente por encima del sistema jurídico. La clase política comenzó a regirse por códigos ajenos al mundo de la ley. En otras palabras: el poder judicial quedó reducido a la categoría de apéndice de los poderes ejecutivo y legislativo.

Juan Domingo Perón fue el emblema de la democracia de masas. Se trata de un régimen político en el que la voluntad del líder se sitúa por encima de todo el andamiaje legal, social, económico e institucional. Perón se consideraba superior al resto de los mortales. Para él los jueces, por ejemplo, no significaban absolutamente nada. Si algún magistrado se hubiera atrevido a imputarlo por alguno de los innumerables atropellos que cometió durante su apogeo, Perón hubiera esbozado una mueca burlona. Y si dicho magistrado hubiera insistido, su destino hubiera sido la expulsión de la justicia.

Lamentablemente, la anomia continuó con posterioridad al derrocamiento de Perón. Todo el período donde el jacobinismo antiperonista ejerció el poder, el país estuvo al margen de la ley. Ni qué hablar del tercer gobierno de Perón y su consecuencia directa, la dictadura militar. Recién con Alfonsín el país intentó ingresar al mundo jurídico. Por primera vez en mucho tiempo la constitución de 1853 era reconocida como la ley suprema. Lamentablemente, la hiperinflación destruyó todo atisbo de civilidad. El país había retornado, una vez más, al estado de naturaleza hobbesiano. Los presidentes que supimos conseguir a partir de julio de 1989 tuvieron en común su escaso apego a las normas jurídicas.

Lo que está sucediendo en estos momentos en nuestro país no es más que un nuevo capítulo del extenso libro sobre la anomia argentina. La semana pasada el fiscal Luciani consideró que la vicepresidente de la nación debía ser condenada a 12 años de prisión y quedar inhabilitada de por vida para ejercer cargos públicos. Según el miembro de la Corte Suprema de Santa Fe, doctor Daniel Erbetta, “El fiscal ha incurrido en anomalías básicas de manual, errores como la admisibilidad de la prueba que se ofrece y discutida en cuanto a su pertinencia y validez y esto es necesario para evaluar esa prueba”. Según su opinión el doctor Luciani cometió cinco graves errores: El principio de inocencia. “Estamos escuchando que el imputado debe probar su inocencia. Si alguien dijera esto en una facultad de derecho obviamente no pasaría la materia”. La admisibilidad de la prueba. “En un juicio oral debe incorporarse la prueba oportunamente y ante un tribunal imparcial. Valorar no sólo la validez sino la pertinencia de esa prueba. Yo no puedo traer prueba por la ventana en un alegato, es una cuestión de examen, yo como docente lo desapruebo”. La imparcialidad de quien juzga. “Acá hay jurisprudencia internacional, hay jurisprudencia de la Corte Suprema Nacional, hay principios constitucionales. Todo ciudadano tiene derecho a ser juzgado por un juez independiente e imparcial. Y la doctrina ha desarrollado la teoría de la sospecha del temor de parcialidad. No sólo debo hacerlo, sino que debo aparentarlo”. La oralidad. “Los juicios son orales, no son juicios leídos. Hemos asistido a un proceso de juicio leído, no de juicio oral. Vaya a la provincia de Santa Fe a ver si algún fiscal o algún defensor está leyendo un guión”. Los derechos de la persona imputada. “¡Negarle al imputado la posibilidad de declarar! Si yo someto a alguien a estas cinco preguntas sobre Derecho Procesal Penal y no responde de manera adecuada, le aseguro que ese alumno va a tener que estudiar mucho para volver a rendir la materia” (fuente: Perfil, 29/8/022).

Lo que narra el doctor Erbetta es de una extrema gravedad institucional. El fiscal Luciani cometió una serie de errores impropio para quien desempeña semejante tarea. Sin embargo, el establishment jurídico ni se inmutó. Ningún juez de la Corte Suprema levantó su voz en señal de crítica. Hasta el momento nadie refutó al doctor Erbetta. Lo que acaba de afirmar el juez de la Corte santafesina es que el doctor Luciani actuó, lisa y llanamente, al margen de la ley.

Por su parte, la vicepresidente también actúa al margen de la ley. Al igual que Perón, Cristina se considera un ser superior. En consecuencia, ningún juez tiene el derecho a juzgarla. Sólo lo puede hacer la historia. Y la historia, afirmó Cristina hace un tiempo, la absolvió. Con semejante petulancia la vicepresidente hace añicos la igualdad ante la ley, principio medular del liberalismo jurídico. Para la vicepresidente el fiscal Luciani forma parte del lawfare, de una camarilla judicial que la tiene entre ceja y ceja. La sentencia, afirmó Cristina, ya está escrita. En consecuencia, todo el proceso judicial es absolutamente nulo. Ni Luciani ni los jueces que la condenarán tienen autoridad moral y legitimidad jurídica para condenarla. ¿Quiénes se creen que son? seguramente se pregunta en la intimidad la vicepresidente.

No sólo Cristina piensa de esa manera. Sus seguidores, que son muchos, piensan igual. Para ellos el fiscal Luciani y los jueces del tribunal que dictará sentencia pertenecen a la contra, son gorilas; son enemigos, en definitiva. En consecuencia, hay que proteger a la jefa. Lo hicieron a través del aguante que se está llevando a cabo desde hace más de una semana en el domicilio de Cristina en el corazón de Recoleta. Ese acampe es una nueva manifestación de anomia. Nadie discute el derecho que les asiste a solidarizarse con Cristina. Pero ese derecho no debe colisionar con otros derechos, tan importantes como aquél. No debe colisionar, por ejemplo, con el derecho de los vecinos a transitar libremente por las calles, con el de poder vivir en paz, con el de no sentir temor por su seguridad, etc.

Lamentablemente, nos hemos acostumbrado a vivir al margen de la ley. Nos hemos acostumbrado a que nadie se indigne cuando el estado de derecho es pisoteado. Nos hemos acostumbrado a las reglas de juego impuestas por el estado de naturaleza hobbesiano. Es el triunfo de la realpolitik, de la política entendida como poder y nada más.

ANEXO

MURRAY ROTHBARD Y LA MONEDA CONTROLADA

primera parte

Murray N. Rothbard (1926-1995) fue un distinguido economista liberal, discípulo de Ludwig Von Mises y uno de los mejores exponentes de la escuela austríaca de economía. Defensor a ultranza de la economía de mercado, fiel devoto del principio liberal “dejar hacer, dejar pasar” y enemigo mortal de todo lo que oliera a intervención estatal, Rothbard dejó como legado intelectual una serie de libros entre los que sobresale “Moneda libre y controlada (Edición Bolsa de Comercio de Buenos Aires, 1979), una suerte de Biblia laica para los economistas que consideran al neoliberalismo como la suprema verdad revelada. El título del libro dice a las claras lo que se propone el autor: hacer una clara y tajante distinción entre la moneda en un régimen en libertad y la intervención estatal en la moneda. Veamos cómo trata la cuestión de la moneda controlada.

A diferencia de lo que acontece con otras organizaciones los gobiernos no obtienen sus recursos a través del pago de bienes y servicios. Mientras los individuos privados deben producir y vender aquellos bienes que los otros necesitan, los gobiernos sólo deben preocuparse por encontrar el método más eficaz para expropiar la mayor cantidad de bienes posibles, sin tener en cuenta, obviamente, el consentimiento de sus dueños. En una economía monetaria, los funcionarios del gobierno se apoderan fácilmente de los activos monetarios, utilizando a posteriori el dinero para adquirir bienes y servicios para el aparato estatal o bien para entregarlo a determinados grupos cercanos al poder en calidad de subsidios. Tal apoderamiento recibe el nombre de “gravación impositiva”. Queda plenamente en evidencia el desagrado que le produce a Rothbard lo que considera es una lisa y llana acción ilegal del estado en perjuicio de los trabajadores.

La aparición de la moneda permitió a los gobernantes crear métodos más sutiles para la expropiación de los recursos del pueblo. Si el gobierno es lo suficientemente astuto para crear dinero de la nada (una falsificación de la moneda), estará en condiciones de producir su propio dinero, sin necesidad como lo hacen los particulares, de vender servicios o extraer oro. Para el autor, esa falsificación es sinónimo de inflación. “Evidentemente, falsificación no es otra cosa que un nuevo nombre para la inflación, una y otra crean “nuevo” dinero que no está sujeto al patrón oro o plata, y ambas funcionan de manera similar. Ahora vemos la razón por la cual los gobiernos son inherentemente inflacionistas: se debe a que la inflación es un medio poderoso y sutil de que el gobierno dispone para apropiarse de los recursos del público; procedimiento cuyo efecto no se advierte inmediatamente y, por eso, no determina reacción dolorosa. Es el más peligroso de todos para gravar impositivamente”. La inflación es la manera más sutil que han encontrado los gobiernos para estafar a los pueblos, sentencia Rothbard.

¿Cómo son los efectos económicos de la inflación? Según Rothbard, deletéreos. Para que este problema sea comprendido cabalmente, el autor comienza por analizar qué sucede cuando entran en acción unos falsificadores. Si en una economía que dispone de diez mil onzas de oro, los falsificadores introducen en forma clandestina dos mil onzas más, falsificadas, ¿cuáles son los efectos de esta acción? En primer lugar, los falsificadores obtienen ganancias inmediatas. En efecto, luego de tomar este dinero lo empelan para la adquisición de bienes y servicios. A su vez, el nuevo dinero falsificado se abre camino por el sistema económico, haciendo subir los precios. En otras palabras: el nuevo dinero, el de los falsificadores, sólo puede hacer mermar la eficacia de cada dólar. Pero esa merma no se produce repentinamente. Por el contrario, se trata de un lento proceso y la consecuencia, sentencia Rothbard, no es igualitaria, ya que algunos ganan y otros pierden. Todo proceso inflacionario implica que, siempre hay algunos que se benefician a expensas del resto. “La inflación, pues, no proporciona ningún beneficio social de carácter general; en lugar de eso, lo que hace es redistribuir la riqueza a favor de los que llegan primero y a expensas de los rezagados en la carrera. En efecto, la inflación es una carrera para tratar de obtener antes que otros el dinero nuevo”. Los rezagados de siempre son los maestros, los asalariados, los jubilados, los que dependen de una cantidad fija de dinero para sobrevivir, en suma.

Pero la destrucción del bolsillo de los trabajadores no es el único efecto nocivo de la inflación. En efecto, la inflación distorsiona la, piedra basal de la economía: el cálculo comercial. Rothbard lo explica de la siguiente manera: “Ya que posprecios no varían todos de una manera uniforme y con la misma velocidad, se hace muy difícil para el comercio distinguir lo permanente de los transitorio, y apreciar con exactitud las demandas de los consumidores o sus costos de funcionamiento. Por ejemplo, la práctica contable hace figurar el “costo” de algo como activo, equivaliendo a las sumas que la empresa ha debido pagar para obtenerlo. Pero al intervenir la inflación, el costo de reposición de los bienes, cuando queden desgastados, será muy superior al que está asentado en los libros. el resultado será que los beneficios señalados por la contabilidad comercial exagerarán gravemente la realidad en épocas de inflación hasta el punto de quedar agotado el capital, mientras la apariencia es que aumenta lo invertido”.

La inflación crea beneficios ilusorios y distorsiona el cálculo económico, con lo cual impide la penalización de las empresas ineficientes y el premio a las empresas eficientes, que son obra del mercado libre. La inflación genera un falso clima de entusiasmo. Casi todas las empresas aparentan prosperar. Además, la calidad del trabajo disminuye porque las personas se desesperan por hacerse ricas rápidamente, en una época donde los precios aumentan continuamente y el esfuerzo serio es objeto de burla. A su vez, la inflación premia a quien fomenta el endeudamiento y castiga a quien ahorra. En períodos inflacionarios, toda suma que es tomada en préstamo será devuelta en dinero de menor valor, de menor poder adquisitivo. “En consecuencia la inflación rebaja el nivel de vida, precisamente por el hecho de crear una atmósfera de falsa prosperidad”.

Hernán Andrés Kruse