Inesperadamente la Argentina incluyó en la reforma de 1994, artículo 114, el Consejo de la Magistratura, cuya ley Nº 24.937, fue sancionada en 1997. El Consejo selecciona por concurso a los aspirantes a jueces nacionales a través de una terna vinculante que envía al Poder Ejecutivo y al Senado.

El Consejo ejerce facultades disciplinarias sobre los magistrados; puede decidir abrir el procedimiento de remoción de los magistrados y puede ordenar la remoción de los mismos y formular la acusación. Administra el presupuesto del Poder Judicial. O sea que elige jueces y puede echarlos.

El Consejo de la Magistratura debía tener 20 miembros entre jueces, abogados, legisladores, académicos y un representante del Poder Ejecutivo. Elegidos de forma equilibrada entre el partido gobernante y la oposición. Cuestión de asegurar la independencia de los jueces.

Inesperadamente la Argentina durante el gobierno de Néstor Kirchner en el 2006, se enteró que el Consejo de la Magistratura como estaba no funcionaba bien, que era lento, había que reducirlo. Así apareció la ley 26.080 con un Consejo de 13 miembros con mayoría… del gobierno.

Inesperadamente la Argentina comprendió que los jueces y sus fallos dependían del Consejo de la Magistratura que a su vez dependía del presidente de la Nación. Otra vez, inesperadamente, eso no bastó. En 2013, el gobierno de CFK propuso la “democratización de la Justicia”.

La propuesta era revulsiva. Pretendía que en las elecciones legislativas del 2013, los empadronados votaran también por los jueces. La jueza electoral federal María Servini de Cubría falló dos veces que el proyecto era inconstitucional. CFK apeló los fallos a la Corte, per saltum.

La Corte, que entonces contaba con 7 miembros, votó a través del “Fallo Rizzo” que el proyecto era inconstitucional. Lo votaron 6 miembros, sólo uno votó en disidencia, Raúl Zaffaroni. Así murió la “democratización de la justicia” propiciada por Cristina Kirchner que pretendía ir por todo.

Pasaron los años, inesperadamente la Argentina se enteró que la Corte Suprema de Justicia de la Nación, muy jaqueada por el gobierno de los Fernández, el 16/12/2021 decidió que la ley 26.080 del 2006, no cumplía con la CN. Le daba al congreso 120 días para que elaborara una nueva ley.

De no ser así, la Corte volvería a la primera ley del Consejo de la Magistratura, la 24.937. El senado, presidido por CFK votó el 7/4/2022 con media sanción un proyecto de ley con 17 miembros para el Consejo de la Magistratura. Quedó con media sanción. Y llegó el 15/4/2022.

Cumpliendo con la orden de la Corte el congreso votó en el senado a Luis Juez (2ª minoría PRO como indica la 24.937) y en diputados se votó por Roxana Reyes (2ª minoría UCR) para integrar por la oposición el Consejo de la Magistratura. CFK entre medianoche y gallos pergeñó la trampa.

Inesperadamente la Argentina se enteró el 20/4 por la mañana, que el bloque del FdT en el senado se había partido de manera tal, que una parte del mismo pasaba a ser la 2ª minoría como oposición. Pero no sucedía lo mismo en diputados. Curioso. Le robaron a Luis Juez su puesto.

Inesperadamente CFK nombró en lugar de Luis Juez al rionegrino Martín Doñate, de la Cámpora. Horacio Rosatti, presidente de la Corte Suprema y ahora también del Consejo de la Magistratura, deberá saber si le toma juramento a Doñate o si Juez consigue un fallo de la justicia a su favor.

Como de costumbre CFK se siente por encima de la ley y hace trampas y miente rupturas ficticias para no perder poder y conseguir su imprescindible impunidad. Toda su maniobra fue a destiempo, cuando los plazos estaban vencidos, ¿qué decidirá la justicia? Por ahora NS/NC.

Inesperadamente, Martín Guzmán, ministro de ¿economía? propuso un nuevo impuesto a la “renta inesperada”. No es un chiste, ningún impuesto lo es. Inesperadamente la Argentina tendría la oportunidad el 10/12/2023 de terminar para siempre con el populismo, la corrupción, la impunidad, las mentiras, las trampas y el relato.

Malú Kikuchi