Inmediatamente los grandes medios de comunicación sentenciaron: ganó Alberto y perdió Cristina. Nadie duda de la victoria obtenida por el presidente. Sin embargo, cabe preguntarse lo siguiente: ¿qué precio pagó el gobierno por esta victoria? Expresado en otros términos: ¿no se trató, en última instancia, de una victoria pírrica?

Lo primero que cabe destacar es que el gobierno le debe la victoria a la oposición. De no haber sido por los votos de Juntos el acuerdo hubiera naufragado. Ello significa que, en el parlamento, a partir de ahora la oposición tiene más poder que el oficialismo. Ahora bien ¿por qué Juntos apoyó al gobierno? ¿Lo hizo por patriotismo? Nada que ver. Juntos dio el okey al gobierno por pura especulación política. Veamos. Los referentes de la oposición calculan que sus chances de retornar al poder el año que viene son muy altas. Lo peor que le podría ocurrir a la actual oposición es encontrarse, el 10 de diciembre de 2023, con un país en bancarrota, es decir, en default. Seguramente lo mismo calculan los tecnócratas del FMI. Para Georgieva y compañía es mejor negociar a partir de diciembre del año próximo con un presidente de Juntos (si es Macri, mucho mejor). y con la deuda “encarrilada”.

En la vereda de enfrente todo es desolación. Alberto Fernández no se ahogó por el salvavidas que le arrojó la oposición. Su autoridad es hoy prácticamente nula. Pero lo más grave es que la votación puso dramáticamente en evidencia la fractura expuesta del FdT. La relación entre el presidente y la vicepresidente está rota. ¿Significa entonces que el FdT está al borde de la ruptura? No creo que se llegue a semejante situación porque tanto a Alberto como a Cristina les conviene seguir juntos porque es la única manera de evitar la derrota en las próximas elecciones presidenciales. Lo que está en juego es, nada más y nada menos, que la supervivencia política de ambos.

Lo real y concreto es que, una vez más, el país quedó a merced del FMI. Una verdadera vergüenza. Quedó nuevamente demostrada la incapacidad de la clase gobernante para ejercer el poder con un mínimo de eficiencia y decoro. Lo real y concreto es que, en definitiva, este acuerdo con el histórico prestamista internacional de última instancia ya forma patre de un nuevo capítulo de la larga historia de la deuda pública de la Argentina, tan bien descripta por María Seoane en su libro ya citado en esta columna “El saqueo de la Argentina”.

Escribió Seoane:

“Entre 1975 y 2002 la deuda pública de la Argentina pasó de 5.500 a 200.000 millones de dólares, incluyendo los intereses implícitos en ese endeudamiento y la disminución obtenida por la pesificación de la era Duhalde. Las deuda no bajó a pesar de que entre 1989 y 1993 el Estado privatizó la casi totalidad de las empresas y activos públicos, y de que los fondos obtenidos, del orden de los 40.000 millones, fueron utilizados para pagos parciales de la deuda o que directamente los acreedores entregaron papeles de la deuda para comprar empresas públicas. En la carta de intención que la Argentina firmó en enero de 2003 con el FMI se aseguraba que, por los nuevos reconocimientos y emisión de bonos, a junio de 2003 esa deuda sería de 650.000 millones de pesos, equivalentes a 190 mil millones de dólares. Si se incluyeran los intereses, la deuda pública consolidada (nación y provincias) ascendería a casi 260.000 millones de dólares.

Este proceso de endeudamiento se inició con el régimen dictatorial del eje Videla-Martínez de Hoz, a quienes acompañaron dos hombres clave del establishment financiero internacional: Juan y Roberto Alemann (secretario de Hacienda y ministro de Economía del régimen militar, respectivamente). Luego ingresó al juego Cavallo, cuya intervención en el esquema de endeudamiento desde su dirección del BCRA en el gobierno del dictador Bignone, y más tarde desde el ministerio de Economía con Menem y De la Rúa, sería decisiva para que la hipoteca sobre varias generaciones de argentinos tuviera la magnitud que alcanzó. Al gobierno de transición de Alfonsín le cupo enfrentar, pero no resolver, la crisis de la deuda que estalló durante su administración y derivó en hiperinflación. La administración de Menem-Cavallo tuvo la responsabilidad del más inédito y devastador endeudamiento de la Argentina, que incluyó la venta del patrimonio social expresado en las empresas públicas. También con Cavallo el gobierno de De la rúa hizo saltar el endeudamiento en 53 mil millones de dólares, a través del canje de deuda por bonos, del orden de los 30 mil millones de dólares (megacanje) y a una altísima tasa anual del 15 por ciento, e hipotecó a la Argentina por lo menos hasta 2031. El gobierno de transición de Duhalde contribuiría con la pesificación, porque si bien con esa medida redujo la deuda en unos 23000 millones de dólares, por otro lado incrementó el endeudamiento público en 40.000 millones de dólares, al darles a los bancos un bono compensatorio en dólares para restablecer el patrimonio que tenían al 31 de diciembre de 2001-antes de la devaluación-y tomar a cargo del Estado los plazos fijos de los ahorristas y la deuda de las provincias. Lo cierto es que en veintisiete años la deuda pública y privada trepó a 260.000 millones, una cifra equivalente a tres veces el PBI de 2002. Mientras tanto, la fuga de capitales al exterior durante esos años equivalió aproximadamente al 90 por ciento del total de la deuda pública y privada, interna y externa. Y algo más: la Argentina terminó ese año con el mismo nivel de reservas internacionales que tenía en 1979, cerca de 10.000 millones de dólares, como si efectivamente todo lo producido en esas décadas se hubiera evaporado”.

Hernán Andrés Kruse