El problema es que Alberto Fernández no se anima a un importante aumento general de tarifas por la oposición de Federico Basualdo, el subsecretario de energía, y sus subalternos, que pertenecen al cristinismo, La Cámpora o como quieran llamarse, porque consideran el acceso a la luz, gas, agua, etc., como un derecho humano y, por tanto, susceptible de ser subsidiado en forma permanente, y sólo permiten un aumento insignificante y otro muy grande a 500.000 hogares de CABA y el conurbano. Pero esa llamada segmentación es un porcentaje mínimo de un eventual ahorro fiscal y, por tanto, no sirve para nada.

Hay que recordar que, si bien hoy por hoy Cristina se llamó a silencio, en su última carta dijo que la lapicera la tiene el presidente y la oposición, que pidió la ayuda del FMI. Es decir que el presidente tiene todos los atributos legales para disponer un importante aumento de tarifas para bajar el déficit fiscal y, si no lo hace, es porque no quiere, o bien no quiere enfrentarse con el sector mayoritario del Frente de Todos. Pero si no lo hace, no puede firmar con el Fondo, o bien comprometerse y después incumplirlo, por lo cual el país caería en default y una corrida cambiaria que perjudicaría a 44 millones de argentinos.

Está claro que es una decisión complicada pero hay aumentos generales en todos los rubros. Por ejemplo, un hogar pobre paga el pack fútbol $ 1250 al mes y quizas $ 600 de luz, y así con las otras tarifas, por lo cual no tiene sentido seguir un tiempo más con el congelamiento de tarifas.

Guillermo Cherashny