El hermetismo reinante en el tribunal desde ya que crispa los nervios del oficialismo. En este ámbito se comenta que Alberto Fernández, en el caso de un fallo desfavorable para el gobierno, podría llegar a acusar a la Corte de conspirar contra la salud de los porteños.

Distintas especulaciones se tejen sobre lo que podría ocurrir esta semana. El Decreto 241, como todos los que vienen dictándose durante la emergencia, tiene una duración acotada. En este caso, su vigencia va desde el pasado 19 hasta el próximo 30 de abril. Así lo establece específicamente el último párrafo del artículo 10, que dice: “Establécese, en el aglomerado del ÁREA METROPOLITANA DE BUENOS AIRES (AMBA), según está definido en el artículo 3° del Decreto N° 125/21, la suspensión del dictado de clases presenciales y las actividades educativas no escolares presenciales en todos los niveles y en todas sus modalidades, desde el 19 de abril hasta el 30 de abril de 2021, inclusive”. Es decir que, como viene ocurriendo desde el 20 de marzo del año pasado, antes del próximo viernes el presidente deberá dictar un nuevo decreto prorrogando o modificando el anterior. Si no lo hiciere, cesarían por completo las restricciones y se volvería a la plena normalidad.

Ahora bien, si la Corte fallara, por ejemplo, mañana a favor de la presencialidad de las clases, es decir por la inconstitucionalidad del Decreto, dicha sentencia se aplicaría exclusivamente para el Decreto 241 en las 72 horas que le resten de vigencia. Luego, el presidente dictar un nuevo decreto, incluso disponer que el AMBA vuelva a FASE 1 y entonces, al menos técnicamente, se requeriría de una nueva acción de inconstitucionalidad y un nuevo fallo para hacer caer al nuevo decreto. Se supone -pero sólo es una suposición- que el gobierno, sabiéndose derrotado, no se expondría a una segunda derrota. Pero también cuesta imaginar que AF simplemente se resigne a acomodar el contenido de sus decretos a los fallos de la Corte.

Subir la apuesta

En el caso contrario, si la Corte fallara antes del viernes pero a favor de la constitucionalidad, el gobierno estaría avalado para prorrogar las medidas o agravarlas según estime conveniente.

De más está decir que, si la Corte se pronunciara por ejemplo el jueves, su decisión devendría abstracta al perder vigencia el decreto el viernes.

Claro que el gobierno puede sorprender. Es lo que pasaría si toma, por ejemplo, la iniciativa y anuncia en las próximas horas la imposición de la fase 1, o sea el retorno a la cuarentena total, y hace que el recurso de inconstitucionalidad del gobierno de la Ciudad devenga abstracto al ser cambiado el decreto por otro. También en este caso a Horacio Rodríguez Larreta no le quedaría otro recurso que hacer un nuevo planteo judicial, pero con la desventaja política de que la Casa Rosada estaría planteando que la segunda ola de la pandemia está fuera de control, por lo que resultaría más difícil pronunciarse contra las restricciones. Sólo el hecho de volver a fase 1 tendría tal impacto, que haría pasar a segundo plano el fallo de la Corte.

Carlos Tórtora