Domingo 9 de Mayo de 2021

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21 de enero de 2021

Debe aceitarse el sistema legal por Elena Valero Narváez

Ante la crisis económica producida por los gobiernos argentinos, han aparecido muchos profetas que con gran desparpajo vaticinan cómo será el futuro...

Se alejan de quienes hablan de tendencias y auguran, según el color político de que se trate, el cielo o el infierno. Sin embargo hay una receta posible: actuar en el presente para intentar que las cosas sean mejores.

Es inútil lamentar lo que no hicieron presidentes anteriores, deberíamos aprender del pasado sin proyectarlo para anticipar el futuro. Dejar de escuchar a los falsos profetas que tratan de adelantarse a su tiempo.

Hoy en día se necesita inspirar confianza en la marcha del país para que haya entusiasmo por invertir, pero los inversores no deben manejarse en base a privilegios que afectan la esencia del sistema capitalista sino con una política igualitaria. Para ello el marco legal y su buen funcionamiento es imprescindible, el sistema capitalista se basa en la estabilidad de los negocios. Se debe orientar la acción según principios aplicables a todos, atenuando la discriminación jurídica, lo más posible.

La sociedad moderna ha llevado a sus posibilidades extremas la igualdad, cuya expresión básica y más notable es la igualdad ante la ley. En este país se intenta afectar la garantía de imparcialidad. La intervención del gobierno actual pretende olvidar que las normas no discriminan entre grupos, instituciones, individuos, o estratos, a los efectos de su aplicación futura. Todos deben ser convocados a su cumplimiento con iguales posibilidades para reclamar sus beneficios o para someterse a sus imposiciones.

El Presidente y la Vicepresidente, son abogados, por lo que el intento de pasar por encima de las normas, no es por desconocimiento, es clara la intención de ignorarlas por conveniencia, si por las leyes fuera, varios funcionarios deberían estar en la cárcel. Saben, de memoria, que la igualdad ante la ley aparece como norma suprema para crear un ámbito de equidad, en el momento de dirimir los conflictos que generan las desigualdades, a fin de neutralizarlas, en lo posible. Esta instancia arbitral no será en ningún caso infalible o perfecta, habrá grados de corrección y acierto pero si no se respeta, en una sociedad democrática, acecha el caos.

Al no aceptar, el Gobierno, el principio de supremacía de la Constitución, deja de respetar el derecho de libertad de comercio, destinado a evitar una política intervencionista que acabe con dicha libertad. La orientación creciente en la política económica por parte del Estado, ha ido introduciendo, a lo largo de los años, limitaciones a la libertad de comercio, éste gobierno, decididamente, pretende aumentarlas.

No se respeta, tampoco, la libertad de aprender, a no ser obligado a recibir una enseñanza determinada. La gente, en general, repudia el totalitarismo educativo que los funcionarios kirchneristas piensan imponer, tanto, como el monopolio cultural. La educación es patrimonio común de la familia, la escuela, la sociedad, y el Estado, ninguno la debería monopolizar pues ello afecta la libertad de enseñar y aprender que consagra la Constitución.

Para obtener votos el Presidente asegura que se podrá alcanzar la igualdad en los planos que no son los de la ley estando al tanto, por su condición de abogado, que ello es imposible; significaría que todos los comportamientos de los actores sociales fueran idénticos, o siempre irresponsables, que tuvieran el mismo valor o merecieran lo mismo. Es una mentira descomunal, si fuera posible lesionaría la cooperación social, la producción, la productividad y afectaría la integridad psicológica de los trabajadores. No mejoraría, en ningún caso, las desigualdades sociales, en el sentido de la igualdad que preconizan sus cantos de sirena, sumiría en la miseria generalizada a toda la sociedad. Como profesor de Derecho, no puede desconocer que la paridad en poder, riqueza, prestigio, educación y otras dimensiones es, además, contradictoria con la justicia y la libertad.

La ley escrita implica para su instrumentación jueces fiscales, defensores y hombres especializados en leyes, como también filósofos del derecho, juristas, abogados, además de una compleja burocracia y, además, de la policía. Conforman un complicado aparato social destinado a asegurar el orden. Todo ello debe mejorar para que vivamos mejor y también se regenere la economía.

Cuando el sistema normativo legal funciona bien, los intercambios son más fáciles y sencillos, podemos participar en numerosas relaciones nuevas y diferentes, con un enriquecimiento más intenso de la vida psicológica, sin olvidar que la complejidad social exige reemplazo o modificación de las normas vigentes. Ello se puede dar, rápida, lenta, espontanea, o deliberadamente. Siempre desata problemas psicológicos y sociales, variables en magnitud e intensidad. Por ello la adaptación siempre es provisoria. De todas maneras, el orden es el fundamento de la sociedad, más allá de la permanencia de conflictos.

Hay una violencia extendida en la sociedad que comienza a asustar, se percibe, no solo en las calles sino en las redes sociales y también en la política, con muy buena recepción en los jóvenes, a los que no se les enseña que ésta es una actividad que lleva tiempo, tolerancia y negociación. La incapacidad de los partidos, el Congreso y otras instituciones, para reaccionar contra este estado de cosas es descorazonante.

La policía, encargada de ejercer la violencia legal para forzar al cumplimiento de las normas, o para tomar los recaudos para que se aplique el castigo por los mecanismos sociales convencionales, es coartada en grados demasiados altos, convirtiendo su accionar en ineficiente. Se le suma el hecho de que las normas, en la sociedad compleja en que vivimos, están menos internalizadas, el control social interno dado por la socialización apenas existe, por lo cual, exige una más intensa coacción externa, o sea, de la policía. En naciones totalitarias la justicia consiste en darle la razón siempre al Estado o a quien lo conduce, no es así en las democracias, donde la individuación es mucho mayor, siendo, de este modo, mucho más difícil mantener el orden.

La Constitución está por encima de todo el ordenamiento jurídico de nuestro país. Es la ley suprema del Estado. No se nota. Van palideciendo los derechos individuales y garantías consagrados en la Carta Magna. Por ejemplo, y no es criticable solo en la actual administración, no se tiene en cuenta el principio jurídico del debido proceso, por el cual toda persona tiene derecho a determinadas garantías tendientes a asegurar un resultado justo y equitativo dentro del proceso o a permitirle la posibilidad de ser oído y a hacer valer sus pretensiones legítimas frente al juez. El trato desigual que se ha tenido y tiene sobre los militares y terroristas es un hecho vergonzante que pocos se animan a considerar.

Tampoco se tienen en cuenta los límites que pone el orden constitucional a los poderes públicos en salvaguarda de los derechos de los particulares. El campo, es un buen ejemplo: sector harto de que le roben y les mientan, postergando soluciones viables a los problemas nacionales, ya está en las calles. Y parece que seguirá el baile, otros sectores se le sumarán, hasta que el Gobierno entienda que las generaciones presentes tienen tanto o más valor que las generaciones futuras.

Elena Valero Narváez

Miembro de Número de la Academia Argentina de la Historia

Miembro del Instituto de Economía de la Academia de Ciencias. Morales y Políticas

Premio a la Libertad 2013 (Fundación Atlas)

Autora de “El Crepúsculo Argentino” (Ed. Lumiere, 2006)

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