Es decir, el gasto previsional sigue subiendo a una tasa superior a los ingresos y a la inflación. Teniendo en cuenta que las jubilaciones y las pensiones son el principal componente del gasto primario nacional (42% del total), se trata de una dinámica fiscalmente insostenible.

En la búsqueda de restablecer la sustentabilidad de las finanzas públicas son muchas las tareas pendientes. Una de las más importantes es el ordenamiento del federalismo transfiriendo gastos nacionales que hoy se hacen en favor de la región metropolitana a las jurisdicciones correspondientes y eliminar los derroches que generan programas nacionales que se superponen con funciones provinciales y municipales. Sin embargo, el desafío más sobresaliente y complejo de resolver es el ordenamiento del sistema previsional.

Para abordar este tema resulta pertinente reflexionar sobre los datos publicados recientemente por la Secretaría de Seguridad Social. Según esta fuente, la ANSES paga beneficios previsionales a 5,7 millones de jubilados y pensionados de los cuales:

• El 80% cobra un solo beneficio que se integra por un 32% de personas que hicieron aportes y 48% de personas beneficiadas por las moratorias (sin aportes).
• El 20% tiene doble beneficio, es decir, son personas que cobran de manera simultánea una jubilación y una pensión.
• Del total de las personas que cobran doble beneficio, el 69% accedió al segundo beneficio gracias a las moratorias.

Estos datos muestran que apenas 1 de cada 3 jubilados recibe una jubilación o una pensión como compensación a haber realizado los aportes correspondientes durante su vida activa. La mitad recibe una jubilación o pensión gracias a las moratorias que otorgaron beneficios sin acreditar aportes y sin evaluación de la situación socioeconómica de la persona. El 20% restante cobra doble beneficio donde también la mayoría lo hace gracias a que accedió a un segundo beneficio a través de las moratorias. Se trata de una estimación de mínima ya que estas estadísticas no computan los pensionados de otros sistemas previsionales (como provincias, militares, fuerzas de seguridad, etc.) que aprovecharon las moratorias para solicitar jubilaciones sin aportes a la ANSES.

No hay antecedentes en el mundo de una distribución tan masiva e indiscriminada de jubilaciones sin aportes. Por lejos, es la medida más irresponsable tomada en la Argentina desde el regreso de la democracia. En lugar de limitar y focalizar las jubilaciones sin aportes en personas en estado de vulnerabilidad, se regalaron jubilaciones a personas que no hicieron aportes y que no estaban en situación de vulnerabilidad generando una irritante inequidad ya que se les dio los mismos beneficios que a las personas que hicieron aportes y, en muchos casos, ahora duplican con otro beneficio previsional. La otra consecuencia previsible es un severo problema de insostenibilidad del sistema previsional.

En el corto plazo, un paliativo podría ser establecer un doble mecanismo de movilidad. Para los beneficios con aportes o con moratorias pero que llegan a personas en situación de vulnerabilidad, mantener la fórmula general. Para los beneficios que se duplican o que siendo un único beneficio por moratoria va en favor de personas con otros ingresos establecer una movilidad más reducida. Con este esquema se podría lograr que el gasto previsional no siga creciendo por encima de la inflación encuadrándolo en la misma regla que la ley de responsabilidad fiscal estipula para el resto del gasto público nacional y provincial.

Parte de la cuestión de fondo está resuelta con el fin de las moratorias en el 2019 y su reemplazo por la Pensión Universal de Adulto Mayor. Pero sigue pendiente revisar la regla de pensión por fallecimiento. Desde el punto de vista de la equidad y la sustentabilidad no debería haber pensión por fallecimiento cuando el cónyuge tiene otro beneficio previsional. En contraposición, debería considerarse la cobertura –hoy no contemplada– de los hijos que estudian y no tienen otro medio de vida cuando fallecen sus progenitores. (IDESA)