El auto de procesamiento fue firmado por el fiscal Alvaro Garganta, quien lleva adelante la investigación abierta a partir de una denuncia formulada por Elisa Carrió, quien apuntó a IOMA como uno de los organismos desde donde el ex gobernador Daniel Scioli y funcionarios de su gestión desviaban fondos para financiamiento político.

Entre los citados, hay actuales funcionarios, representantes de los gremios UPCN y Suteba en el directorio del organismo, el actual director de Finanzas de IOMA y dos empresarios, sospechados de formar parte del grupo involucrado en la estafa. Todos ellos habían sido blanco de más de veinte denuncias por parte del titular de la Asociación de Profesionales de IOMA (Apioma), Idelmar Seillant.

El fiscal Garganta afirma que hay “indicios vehementes” de que entre mediados de 2013 y fines de 2015, por lo menos 18 personas que se desempeñaban dentro de la obra social y dos empresarios que conducían un grupo de cinco firmas que decían prestar servicios de internación domiciliaria, cometieron fraudes que originaron pérdidas millonarias en las arcas del organismo.

Por la maniobra están apuntados dos empresarios que conducían de hecho un grupo de cinco firmas: Domisalud; Intergemed; Juntos en Casa; Sistemas Operativos de Salud y Cerca Salud. Se trata de Gustavo Baldachis y Ricardo Bianchimano, quienes deberán comparecer ante Garganta los días 11 y 12 de diciembre, respectivamente. Ambos, junto a La Scaleia y los 17 funcionarios y ex funcionarios de IOMA, sostiene el fiscal platense, “crearon un circuito paralelo en relación al trámite de internación domiciliaria” en el que “direccionaron, autorizaron y abonaron” el servicio “a favor de las empresas sindicadas por un valor aproximado de 650 millones de pesos”.

“En este contexto de quebrantamiento del normal desenvolvimiento de la actividad patrimonial de IOMA, y sabiendo que las empresas justificaban la prestación del servicio de internación domiciliaria mediante planillas apócrifas de ‘conformidad y consentimiento’ de los afiliados que no reflejaban el verdadero servicio prestado, las abonaron en su totalidad”, sostiene el fiscal.

La maniobra consta en 78 casos de afiliados a la obra social que figuraron como beneficiarios de servicios de internaciones domiciliarias que nunca recibieron. En virtud de esas denuncias, de las presentaciones de Carrió, de la declaración de Seillant y del testimonio de dos testigos que se presentaron bajo reserva de identidad, el fiscal basó su decisión. En ese marco, Garganta destacó que los hechos “constituyen prima facie los delitos de negociación incompatible con el ejercicio de la función pública”, “peculado de caudales en concurso ideal con fraude en perjuicio de la administración pública”, “uso de documento público falso” y “asociación ilícita”.

Además de Antonio La Scaleia, un médico cirujano que ocupó la presidencia de la obra social, el procesamiento alcanza a Roberto Jorge Passo, quien fue vicepresidente, Humberto Jorge Pumo, ex director de Recursos Humanos, Luis Angel Pérez, representante de UPCN, y Patricia Viviana Nisembaum, quien ocupó ese cargo en representación de Suteba. También, Jorge Giordano, en representación de los retirados del Servicio Penitenciario, y Gustavo Seva, del gremio de municipales, Daniel Burgos, ex jefe de Gabinete de IOMA, Alejandro Víctor Fernández, y Nicolás Vitale. Ellos habrían sido quienes permitían el ingreso de empresas como prestadoras de IOMA, por lo que se sospecha que fueron una pieza clave en las estafas. Se suman, el actual director de Finanzas de la obra social, Diego Osvaldo Giovanetti, también apuntado como una de los engranajes centrales en las maniobras. Junto a él fueron citados otros empleados del organismo, como Romero Pelayo Aner, María Cecilia Passo (hija de Roberto Passo), María Soledad Cascallares, Sandra Sabbatini y María Celeste Celle, quienes cumplen funciones en el área de Internaciones Domiciliarias.