La decisión de marchar hacia una medida de fuerza fue adoptada tras un plenario de los prestadores de la mutual nacional reunidos en la Confederación Argentina de Clínicas, Sanatorios y Hospitales (CONFECLISA), que tuvo lugar en la capital federal.

De ese cónclave emergió “por unanimidad”, según se aseguró, un comunicado que alude a la “necesidad de suspender los servicios que brindan los sanatorios” a los beneficiarios del PAMI, de no mediar una urgente puesta al día de la mutual en materia de “una actualización arancelaria que debió implementarse hace más de dos meses pero no se concretó”, entre otros reclamos.

“Oportunamente, en el marco de los acuerdos paritarios, se convino con las autoridades de la obra social una suba arancelaria del 15 por ciento -que no afectaba a los afiliados- para comenzar a regir el primer día de octubre” explica Eduardo Cardus, secretario de Confeclisa y titular de la bonaerense Fecliba desde inicios del mes pasado: “sin embargo, no sólo no se aplicó sino que muchas clínicas comenzaron a padecer por parte del Estado débitos y descuentos inexplicables en su facturación”.

SITUACIÓN “DELICADA”

“En los sesenta años de existencia de la Confederación jamás se llegó a suspender la atención programada de pacientes” destacaron los dirigentes médicos-empresarios: “esperamos que los tres mil centros de salud privados que sostienen la alta complejidad en la Argentina no lleguen a esa situación por demás delicada, con los cinco millones de afiliados que tiene el PAMI ”.

En la provincia de Buenos Aires, la obra social estatal IOMA engloba el 75 por ciento de las prestaciones a jubilados de las clínicas y sanatorios; en el interior del país, entre el 65 y el 70 por ciento corresponde a PAMI.

COMPAS DE ESPERA

Desde Confeclisa se aclaró que “hasta la próxima semana, la atención será normal; luego, de no haber señales positivas, se cancelarán los servicios programados, tales como turnos de consultorio, prácticas e intervenciones. Las entradas de urgencia se seguirán atendiendo, así como los tratamientos a pacientes oncológicos”.

Además de las demoras en el terreno arancelario, el documento de la entidad que nuclea a los centros asistenciales privados -firmado por su presidente Víctor Lozze, su vice José Sánchez Rivas y su secretario Cardus- se queja del “tratamiento discriminatorio a los prestadores respecto de los aranceles reconocidos”; de “reiterados incumplimientos en fijar un cronograma de pagos”; y de “importantes débitos injustificados”.

“Hay clínicas medianas que facturan cinco millones de pesos por mes, y cuando pretenden cobrarlos sólo se les acreditan tres millones” ejemplifica Eduardo Cardus: “esas retenciones no han tenido hasta ahora una explicación satisfactoria. En cuanto a los cronogramas de pago, a pesar de que están estipulados entre el 15 y el 20 de cada mes, en los hechos son bastante poco previsibles”.