El juez federal Julián Ercolini citó hoy a prestar declaración indagatoria a la expresidenta Cristina Kirchner en la que causa que investiga supuesta corrupción en la adjudicación de obra pública al 
empresario Lázaro Báez entre 2003 y 2015.

La expresidenta fue convocada para el próximo 20 de octubre, mientras que también fueron citados el exministro de Planificación Federal Julio De Vido (24 de octubre) y el exsecretario de Obras Públicas José López (27 de octubre), entre otros exfuncionarios y empresarios.

La convocatoria había sido solicitada por los fiscales Gerardo Pollicita e Ignacio Mahiques por presunto fraude, en el marco de la causa por asociación ilícita que impulsó la diputada Elisa Carrió luego de recibir los informes de la actual gestión de Vialidad Nacional.

Los fiscales habían argumentado que entre 2003 y 2015 "se montó una estructura funcional orientada a la sustracción de fondos públicos por medio de la asignación discrecional" de obras públicas adjudicadas a favor de Báez por más de 16 mil millones de pesos.

"Analizadas pormenorizadamente las argumentaciones vertidas con relación a las imputaciones formuladas y la documentación de respaldo en que se apoyan, como así también en la causa principal (...) entiendo que existen elementos de convicción suficientes como para avanzar con la sujeción al proceso y convocar a prestar declaración indagatoria", indicó el fallo de Ercolini.

En su presentación ante el magistrado, los fiscales habían remarcado que días antes de la asunción de Néstor Kirchner en la Presidencia, el empresario Báez –por aquel entonces monotritubista- con sólo 3 mil pesos conformó junto a dos socios la empresa Austral Construcciones, el primer paso de una trama que los fiscales describieron en cuatro etapas.

El segundo paso de la maniobra, por la cual la fiscalía acusó a Cristina Kirchner por administración fraudulenta y negociaciones incompatibles con la función pública, consistió en nombrar una serie de funcionarios públicos de confianza del exmatrimonio presidencial que los "acompañaban desde la Intendencia de Río Gallegos y la Gobernación de Santa Cruz para cubrir los puestos clave en materia de elaboración de la política nacional en obra vial, y de adjudicación, ejecución y control de las obras públicas".

Entre estos funcionarios de confianza se menciona a De Vido, entonces ministro de Planificación Federal; López, secretario de Obras Públicas; a Nelson Periotti, en la Dirección Nacional de Vialidad; y a Carlos Kirchner en la Subsecretaria de Coordinación de Obra Pública.

Luego –según la acusación fiscal- le siguió la concentración económica de las obras públicas en Santa Cruz, de donde los Kirchner son oriundos, pues se le concedió el 11,2 por ciento del presupuesto entre 2003 y 2015, lo que equivale a los fondos que recibieron en total por el mismo concepto otras ocho provincias: La Pampa, Tierra del Fuego, Jujuy, San Luis, Catamarca, Tucumán, Neuquén y Misiones.

"La cuarta etapa consistió en llevar adelante un plan sistemático y permanente para beneficiar a Lázaro Báez mediante la asignación direccionada de la obra pública vial de la provincia de Santa Cruz", sostuvo la Fiscalía.

En ese sentido, remarcó que el grupo Báez concentró el 80 por ciento de obras viales en Santa Cruz, amén de que se le concedía un "canal preferente de pago" a diferencia de otras empresas, así como había "ausencia total" de control sobre los trabajos otorgados. 

"Menos de la mitad de las obras contratadas al Grupo Austral se encuentran finalizadas, a pesar de que hasta el momento ya se le ha abonado a la constructora prácticamente 9.000 millones de pesos, de los más de 16 mil millones de pesos asignados", remarcaron.

Además, recordaron que entre Báez y los Kirchner existe un "vínculo personal y extrema confianza que lo une" e hicieron énfasis en los negocios en común que tuvieron a raíz que el empresario alquilaba hoteles del matrimonio presidencial a través de la firma Hotesur.

Al respecto, recordó que Valle Mitre, empresa de Báez, alquiló habitaciones en los hoteles Alto Calafate, Las Dunas y Aldea del
Chaltén "que le reportó a la familia presidencial ingresos millonarios". 

Tan sólo entre 2008 y 2013 la fiscalía mencionó que Báez pagó en canon por el alquiler de Alto Calafate la suma de cuatro millones de dólares estadounidenses y doce millones de pesos: por eso sostuvo que el direccionamiento de obra pública generó que Austral Construcciones pasara de tener un capital social de 12 mil pesos en 2003 a unos 1.700 millones anuales y un patrimonio neto de 300 millones de pesos.