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7 de agosto de 2016

Hubo una amenaza de bomba en el departamento de Macri en Libertador: dos detenidos

Una semana después de la detención de los jóvenes que se hicieron pasar por terroristas de ISIS en Twitter, en los últimos días nuevas amenazas despertaron alarmas en el Gobierno. Esta vez fueron por teléfono y estaban dirigidas a Mauricio Macri y contra el departamento de su propiedad en Libertador 2712.

 En la investigación que lleva adelante -por instrucción del juez federal Sebastián Ramos- la flamante Unidad de Investigación Antiterrorista encontró algo más: 9 mil llamados al 911 y al 101 desde solo dos líneas telefónicas durante un lapso de 7 meses. Hay dos hombres detenidos y una mujer prófuga.

El descubrimiento fue a la luz de los hechos que dejaron trascender desde las dependencias oficiales, algo fortuito. El jueves a las 3 de la mañana, la central del 911 del departamento federal de emergencias recibió una llamada que amenazaba con detonar una bomba en el departamento ubicado en Libertador y Cavia, donde vivía el Presidente hasta febrero pasado, cuando se mudó a la Quinta de Olivos y le alquiló el inmueble a su amigo, el ahora titular de la Agencia Federal de Inteligencia Gustavo Arribas.

El ministerio de Seguridad presentó la denuncia en el juzgado 2 de Comodoro Py, a cargo de Ramos, quien instruye la causa en la que interviene el fiscal Gerardo Pollicita. Esa misma noche la unidad de ciberterrorismo del GEOF, la brigada de explosivos y uniformados de la comisaría N°53 acudieron al edificio y al piso desde donde Macri saludó a sus seguidores en la medianoche del 10 diciembre.

Al siguiente día, desde el teléfono identificado por las fuerzas federales, llegó una nueva a amenaza contra Macri. La investigación iniciada consistió en el análisis de las llamadas recibidas en la central de emergencias y la posterior verificación de que, en un período de 7 meses se habían realizado cerca de 11.000 llamadas, de las cuales 9.000 correspondían a los números del “911” y “101”. Del mismo análisis surgió que desde esa línea había trescientas comunicaciones con otro abonado, al que se identificó como María Rita Gómez, con domicilio en el la localidad bonaerense de Derqui.

La inteligencia de la Policía y de la AFI, que colaboró en la investigación, dedujeron que uno de los teléfonos era utilizado por el hijo de la titular, Sergio Darci Alves, de nacionalidad uruguayo y radicado en Martínez. Con la información recolectada, el juez ordenó ordenes de allanamientos en los dos domicilios en cuestión.

Cuando el GEOF irrumpió en el domicilio de la calle Edison al 3000, en Martínez, según consta en el acta de la Unidad Antiterrorista de la Policía, encontraron a dos parejas. Flavia Lorena Pedraitay, Mario Fabián Cáceres intentaron fugarse por la puerta trasera cuando fueron detenidos por el personal policial. Verónica Gloria Morinico y Sergio Darci Alves no intentaron partir. La mujer intentó arrojar un celular al piso y destruirlo, según consta en el acta oficial. Para la policía es el mismo desde donde se hicieron las llamadas. Mientras las fuerzas federales realizaban las pericias correspondientes en lugar, Morinico habría intentado agredir a los policías, se habría descompensado y fue trasladada Hospital de San Isidro. El diagnóstico fue un cuadro de hipertensión arterial e ipoglucemia. Se secuestraron además otros seis celulares.

En el domicilio de la calle Noruega en Derqui se encontraron a 3 hombres y una mujer, pero ninguno de ellos fue detenido. Se incautaron 9 teléfonos celulares, 4 tarjetas sim, 1 módem, 1 disco rígido y 1 tablet. La uruguaya María Rita Gómez no se hallaba en el lugar. Migraciones pudo constatar que había partido ese mismo día a su país desde Tigre.

Mañana, la ministra de Seguridad Patricia Bullrich brindará una conferencia de prensa. “Tal como actuamos días atrás: aquellos que pretendan atemorizar a la sociedad deberán responder ante la Justicia, no vamos a permitir que se genere miedo gratuitamente”, sentenció a través de un comunicado con la versión oficial y en alusión a los dos tuiteros de Villa Urquiza. Entre los funcionarios de Casa Rosada no hay preocupación. "Es una manera de disuadir", explicaron.

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