Sin embargo, hay 570 uniformados que todavía se resisten a la idea. Por ello, el ministerio de Seguridad los denunciará ante la Unidad de Información Financiera para que se les inicie una investigación por presunto lavado de dinero.

Así trascendió desde la cartera que conduce Cristian Ritondo, que además, señalaron que quienes no presenten sus declaraciones juradas se les iniciarán sumarios administrativos y podrán ser suspendidos.

El viernes 15 de julio venció el plazo para hacer la presentación y unos 1.000 uniformados no cumplieron con el trámite de los 6.340 incluidos en la obligación. Por eso Seguridad los intimó para que en diez días cumplan con esa exigencia ante el área de Asuntos Internos y la Escribanía de Gobierno.

Además de las sanciones apuntadas, en Seguridad analizan aplicar multas en función de los ingresos de cada policía y cuando sean suspendidos.

Según la normativa se obliga la presentación de esta declaración, “aun cuando se desempeñen en el cargo en forma transitoria”, y afecta a la gobernadora, vicegobernador, ministros, secretarios y directores, hasta fiscales de Estado y miembros del Consejo de la Magistratura representantes del Poder Ejecutivo.

También, la medida abarca al personal Superior de la Administración Centralizada y Descentralizada, como así también a efectivos de la Policía y del Servicio Penitenciario “con categoría igual o superior a la de subcomisario o equivalente, o personal de categoría inferior a cargo de una Comisaría”, entre otros.