Caputo propuso crear un nuevo marco normativo que regule en forma integral la explotación de las diferentes modalidades de juegos de azar que existen en la Provincia y explicó que "debe existir un debate amplio, profundo y sin ningún tipo de condicionamientos".

"Es indispensable poner en revisión todo el sistema para, desde la Legislatura de la provincia de Buenos Aires, dotar al Estado provincial de un instrumento legal que le posibilite aprovechar al máximo de sus posibilidades los recursos que se generan por los juegos de azar", detalló el legislador.

Caputo planteó que la discusión "no sólo debe focalizarse en si se aplica un aumento al canon que pagan las salas de juego o se le incrementan los impuestos sino que debemos evaluar también la posibilidad de estatizar el juego".

CONCESION DE BINGOS

Mientras tanto, el gobierno bonaerense publicó hoy en el Boletín Oficial el decreto que autoriza la renovación en la concesión de las 14 salas de bingos instaladas en la Provincia, cuyo vencimiento operaba entre 2013 y 2015.

Se trata del decreto 569 que ratifica la resolución 1.078 emitida por el Instituto Provincial de Lotería y Casinos, en la que se establece que las renovaciones podrán ser "por un plazo de hasta 15 años y que se computarán a partir de sus respectivos vencimientos".

En los fundamentos del decreto, el gobernador Daniel Scioli sostuvo que los ingresos que se percibirán por las renovaciones harán "posible la sostenibilidad de las finanzas de la Provincia y contribuirán de manera certera a respaldar la economía provincial ante las implicancias que para las finanzas de la provincia conlleva la actual crisis internacional".

El decreto establece que la renovación es "para la explotación de los juegos de Lotería Familiar, Lotería Familiar Gigante o Bingo y de las máquinas electrónicas de juegos de azar" y precisa que son "únicamente admisibles las autorizaciones que vencen en el período comprendido entre los años 2013-2015".

La norma establece que el 5 por ciento de los recursos que obtenga el gobierno por la concesión será distribuido entre los 135 municipios "en proporción directa a la cantidad de población con necesidades básicas insatisfechas (NBI), registrada en el Censo Nacional de Estadística y Censos (INDEC)" y su afectación será para "gastos e inversiones en promoción y asistencia social y/o salud pública".

El restante 95 por ciento irá al Tesoro de la Provincia, distribuyendo el 35 por ciento de ese total para la Dirección General de Cultura y Educación, el 25 por ciento para el Ministerio de Desarrollo Social, el 20 por ciento al Ministerio de Salud y el 20 por ciento para el Ministerio de Infraestructura.