26 de mayo de 2016
Dos hijos de Lázaro Báez denunciaron al juez Casanello
Leandro y Luciana recusaron al magistrado por direccionar la investigación, con el presunto objetivo de beneficiar a Cristina Fernández y Máximo Kirchner.
Estos últimos estarían convencidos de que su padre fue entregado para salvar a los Kirchner y eso motivó que recusaran al juez de la causa "La ruta del dinero K", Sebastián Casanello.
Leandro y Luciana Báez están convencidos de que su padre fue entregado para salvar a los Kirchner y que los abogados de Lázaro y Martín Báez fueron puestos por la ex presidenta, quien supervisaría la estrategia de los defensores para evitar que la Justicia avance sobre ella y su hijo.
Para los hermanos Báez, su padre era testaferro de los Kirchner y el patrimonio de Austral Construcciones es de Cristina y Máximo. Y tendrían en su poder una agenda en la que Lázaro dejó constancia de al menos tres reuniones que mantuvo a la medianoche en la Quinta de Olivos en las que habrían participado Cristina Kirchner y el juez federal Sebastián Casanello. Y que desde meses antes de ser detenido habría comunicaciones entre Lázaro Báez y el magistrado.
Al juez federal lo acusan de direccionar la investigación de la ruta del dinero K para proteger a Cristina y Máximo Kirchner, según publicó el portal Infobae.
"No debe perderse de vista que incluso con anterioridad al video que, según el juez, habría dado pie a una serie de citaciones y procesamientos, existió otro en el cual se observa a distintas personas retirando cajas con documentación pero, en ese momento, el juez nada hizo al respecto", señala la presentación de Leandro Báez.
Y acusó al magistrado de utilizar para el procesamiento de su padre y su hermano la declaración de Fariña pero no tuvo en cuenta otros que apuntarían a quien estaba ejerciendo el Ejecutivo de la Nación en ese momento: Cristina Kirchner.
Destacó además, que a lo largo de la investigación se ha hablado incontables veces de "sobreprecios de obra pública" y de "adelantos financieros" y sin embargo los funcionarios que los aprobaban y que hacían los pagos no fueron citados y ni siquiera investigados por Casanello. Y que existe una gran cantidad de pruebas en la causa por un supuesto delito que sería de imposible cumplimiento sin la participación de una gran cantidad de entes estatales que hasta ahora el juez no ha investigado.
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