4 de abril de 2016

Crece el reclamo contra la privatización de la Escuela Pública

La intención del gobierno bonaerense de privatizar el servicio de limpieza en los establecimientos educativos, genera un amplio rechazo político. Más del 50% de las escuelas presentan un cese total o parcial de actividades. El SOEME profundizará la retención de tareas en los colegios...

La resolución firmada por el titular de la Dirección de Escuelas, Alejandro Finocchiaro, de buscar privatizar los servicios de limpieza en los establecimientos educativos bonaerenses, originó un amplio rechazo de todo el arco político, desde el radicalismo hasta el Frente para la Victoria y la izquierda, quienes repudiaron la medida.

Legisladores, intendentes, concejales y consejeros escolares, repelieron el objetivo del gobierno de María Eugenia Vidal de tercerizar la higiene en los colegios por medio de la empresa Ambientación y Paisajismo Obras y Servicios, fundada por  Santiago Héctor Kelly del Mora, un represor de la última dictadura militar

Además, se criticó duramente la intención de las autoridades provinciales de denunciar penalmente a quienes vienen manteniendo desde hace meses a los trabajadores vienen reclamando ejerciendo una retención de tareas en sus lugares de trabajo pidiendo un sueldo digno.

Fuerte impugnación

Distintos bloques políticos expresaron su oposición a la medida, a través de más de 50 consejos escolares, quienes reclamaron al gobierno que “respete el artículo 14 bis de la Constitución, que le garantiza a los gremios y los trabajadores los derechos a concertar convenios colectivos de trabajo; recurrir a la conciliación y al arbitraje; y el derecho de huelga. La resolución en cuestión pone en riesgo el sistema educativo".

La UCR de La Plata, a través de su junta Central, emitió un duro documento contra la iniciativa de Vidal. “Responder a un legitimo reclamo de trabajadores con la amenaza velada a sus empleos, no es lo que prometimos en la campaña. Enfrentar pobres contra pobres (papas, auxiliares, directivos y empleados de la empresa de limpieza) no nos parece acertado”, afirmaron.

Por su parte, la presidenta del bloque de Senadores provinciales del FpV, Magdalena Sierra, instó a las autoridades a convocar al diálogo. “No puede ser que ante el conflicto gremial se haya tomado la criminalización de la protesta social con una brutal represión, y que desde el Ejecutivo se intente meter a empresas privadas para cumplir las funciones de los auxiliares, porque lejos de solucionar el problema lo profundiza”, sentenció.

En idéntico sentido se pronunció la senadora Cecilia Comerio, quien afirmó que “preocupa la intención de Finocchiaro de privatizar el cuidado y mantenimiento de las escuelas públicas. Es grave que desde el Ejecutivo se busque posicionar una empresa cuyo fundador está imputado en causas sobre delitos de lesa humanidad como coautor de torturas y privaciones ilegitimas de personas”.

 Sigue la protesta

Un relevamiento efectuado por el Sindicato de Empleados y Obreros de la Minoridad y la Educación (SOEME), indica que más del 50% de los establecimientos educativos presentan un cese total o parcial de actividades. Se prevé que la situación empeore esta semana en caso de que el gobierno siga sin acatar la medida precautelar dictada por el juez Luis Federico Arias que ordena retomar las negociaciones salariales.

“Es muy llamativo que la primera denuncia penal de Vidal sea contra los trabajadores que piden un salario digno y no ser condenados a la pobreza. En cambio, contra Scioli y sus funcionarios, que vaciaron, saquearon y quebraron la Provincia no hubo una sola denuncia. Peor aún, muchos de estos personajes siguen en funciones, especialmente en la Dirección de Escuelas, junto al reaccionario de Alejandro Finocchiaro, que ratificó en el cargo a la directora que desde hace años reparte discrecionalmente subvenciones a los colegios privados, que este años superarán los $15 mil millones”, dijo el secretario general del SOEME, ingeniero Marcelo Balcedo, ante una consulta de Hoy.

Sigue el conflicto con los Judiciales

En el marco de la continuidad de las medidas de fuerza que vienen ejecutando en la Provincia, los empleados nucleados en la Asociación Judicial Bonaerense (AJB) llevarán adelante el miércoles y jueves un paro de 48 horas.

El titular del gremio, Pablo Abramovich, afirmó que “teníamos la expectativa de que el Ejecutivo iba a formular una nueva propuesta (diferente a la del 25,5% en tres tramos), pero al no hacerlo decidimos un incremento de las medidas para que quede claro que no vamos a aflojar”.

El gremio judicial fue convocado nuevamente para este mediodía, aunque afirmaron encontrarse desesperanzados de encontrar soluciones a sus reclamos, razón por la cual mañana realizarán asambleas para analizar los resultados de la reunión y definir los pasos a seguir.

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