2 de abril de 2016

Se profundiza la retención de tareas en las escuelas de la Provincia

Luego de la decisión del director general de Cultura y Educación bonaerense, Alejandro Finocchiario, de perseguir penalmente a los/las auxiliares de la educación que vienen realizado retenciones de tareas en el marco del derecho a huelga, y sumado a la firma de la resolución 142/16 que busca introducir empresas privadas para hacer tareas de limpieza en establecimientos educativos bonaerenses (entre ellas una sociedad creada por un genocida de la dictadura militar), el Sindicato de Obreros y Empleados de la Minoridad y la Educación (SOEME) decidió profundizar las medidas de fuerza en todas las escuelas y dependencias de la cartera educativa.

Tal como lo viene denunciando el SOEME, la empresa Ambientación y Paisajismo Obras y Servicios, cuyo personal intenta ingresar a las escuelas de La Plata, fue creada en el año 2006 por Santiago Héctor Kelly del Moral, que llegó a estar preso por crímenes de lesa humanidad durante la dictadura en Entre Ríos. También estuvo prófugo, por lo cual el Ministerio de Justicia de la Nación tuvo que ofrecer una recompensa por su captura. Kelly del Moral fue acusado, por distintos testigos y presos políticos, de haber sido coautor de torturas y de la privación ilegal de la libertad que sufrieron los hermanos Jaime y Emilio Martínez Garbino.

La contratación de esta compañía, y la resolución 142, cosechó rechazos a lo largo y ancho del país. Hubo manifestaciones públicas de repudio de organismos de derechos humanos, como la agrupación HIJOS de Capital Federal, mientras que distintas seccionales del gremio Suteba (San Fernando, Lanús, etc.) elevaron notas y escritos a las autoridades de los consejos escolares. Entre otros términos, en las misivas señalan que el gobierno de la provincia debe respetar el artículo 14 bis de la Constitución nacional referente a los derechos de los trabajadores, por lo cual “la resolución resulta violatoria de las normas de raigambre constitucional”. Asimismo, el escrito señala que la normativa 142 “quiebra el sistema que hace al empleo público y pretende poner en riesgo a personal docente y equipos directivos”.

“Hacemos responsables al gobierno de la provincia de Buenos Aires, al señor director de la DGCyE, a sus funcionarios y toda persona que actúe conforme a esta resolución de los daños y perjuicios que ocasiones o puedan ocasionar”, añade la nota del SUTEBA, seccional San Fernando.

Si bien Kelly del Moral renunció al directorio en 2007, cuando quedó en la mira judicial, existen sospechas de que podría seguir vinculado a la compañía. Ocurre que la sociedad cambió de directivos en reiteradas ocasiones, muchos de cuales serian testaferros (a punto tal que aparecen en los registros societarios nombre de jubilados de más de 80 años y hasta un humilde chofer). La responsable actual sería Griselda Yans, que también habría hecho negocios durante el mandato del polémico ex intendente porteño Carlos Grosso y accedió a contratos millonarios habilitados por distintos funcionarios del gobierno porteño durante la gestión de Mauricio Macri. Asimismo, tiene antecedentes por tener a su personal en negro y por haber despedido a casi 200 personas sin haberles pagado la correspondiente indemnización.

La sociedad Ambientación y Paisajismo, a su vez, emitió en los últimos años varias decenas de cheques sin fondos, tal como consta en los registros del Banco Central.

Las medida de fuerza del SOEME también alcanza a todos los institutos de la Secretaria de Niñez y Adolescencia, donde el gremio que conduce el ingeniero Marcelo Balcedo está denunciado una situación de “caos y colapso absoluto”, producto de que se encuentran alojados personas de hasta 23 años condenadas por asesinatos y violaciones, sumado a graves condiciones de insalubridad que ha provocado que se propaguen todo tipo de enfermedades infecciosas.

Apoyo del Consejo Escolar de La Costa

El Consejo Escolar La Costa manifestó también su rechazo a la Resolución 142/16 que autoriza a los Consejos Escolares a intervenir ante la medida gremial en curso de un sector de los trabajadores auxiliares.

Al respecto, manifestaron en un comunicado que “consideramos que la educación es un derecho social” y “que no avalamos ningún tipo de acción que promueva, intencionalmente, enfrentamientos entre integrantes de nuestra comunidad  educativa”.

Por otro lado, definieron que “la situación que nos atañe es una colisión de derechos cuyo único mediador es el Estado provincial en su función de garante de la Educación Pública, lo que implica ser garante de los derechos de los alumnos y de los trabajadores de la educación”

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