No es una metáfora, sino una postal real y lamentable de la década kirchnerista: en los últimos doce años, la corrupción del poder no discriminó víctimas y arrasó con todos. Hasta con los bebés. 

En ediciones anteriores, Hoy dio cuenta cabal del entramado delictivo que giró en torno a Qunita, el plan que la presidenta Cristina Kirchner presentó el 16 de julio pasado y cuyo objetivo oficial era distribuir unos 150 mil kits para embarazadas y recién nacidos, con un costo estatal de $1.100 millones. Pero, más importante que lo dicho por el relato, es lo que este omitió: las irregularidades, el direccionamiento y los importantes sobreprecios en beneficio de empresas que, en su mayoría, no tenían experiencia en el rubro maternal y que habrían puesto en riesgo la vida de miles de niños.

Por eso, ayer el juez federal Claudio Bonadio procesó al exjefe de Gabinete, Aníbal “La Morsa” Fernández; a los ex ministros de Salud, Juan Manzur (actual gobernador de Tucumán), y Daniel Gollán; y al exviceministro de Salud, Nicolás Kreplak, por los supuestos delitos de “fraude”, “abuso de autoridad” y “violación de deberes de funcionario público”, en el marco de esta causa iniciada a raíz de una denuncia de la legisladora porteña por Confianza Pública, Graciela Ocaña.  Además, entre los procesados se encuentran los adjudicatarios de cuatro firmas platenses que fueron beneficiadas con la contratación sin dedicarse a la construcción de cunas, tal como denunció nuestro diario en ediciones anteriores (VER).

El incumplimiento de funciones en que Fernández habría incurrido en esta adjudicación cuando era Jefe de Gabinete de Ministros, según el juez, “sólo demuestra su intención de adjudicar la licitación a las seis empresas que debían resultar ganadoras”.

En un fallo de casi 150 páginas, Bonadio concluyó que “existieron importantes sobreprecios” y “precios abusivos e irrazonables engrosados por la necesidad de la intermediación”. Por ejemplo, mencionó “la diferencia abismal” de unos $3.000 en cada kit al registrar “las ofertas presentadas” por los oferentes que consistían en “un valor promedio de $7.800” contra los precios estimados por la SIGEN y el propio Ministerio de “$4.096,37” y “$4.500”, respectivamente.

“Es incuestionable el direccionamiento arbitrario de la licitación desde su inicio en favor de las firmas que resultaron adjudicadas”, sostuvo el juez, y describió que en la licitación hubo “una estrategia cartelizada desarrollada por todos los oferentes”.

También, Bonadio citó, “como dato de color”, el precio estimado por Cristina al momento de presentar Qunita y recordó que ella dijo: “Todo esto junto no cuesta $11.000 pesos, puedo dar fe de que no, cuesta mucho más… Yo que estoy comprando cosas no sale eso, sale más”.

23 imputados

Además de Fernández, Manzur y Gollán, el juez procesó a otros 11 funcionarios políticos y de planta de la Jefatura de Gabinete y del Ministerio de Salud, contra todos los cuáles mandó a trabar un embargo total por $440 millones.

Y de las empresas ganadoras -Fasano S.R.L.; Fibromad SA.; y las platenses Grupo Diela S.R.L., Compañía Comercial Narciso S.R.L., Delta Obras y Proyectos S.A. y Dromotech S.A.- procesó a nueve adjudicatarios de la licitación, contra los cuáles dispuso trabar embargos de 12 a 20 millones de pesos.

Cunas inseguras

Como si los sobreprecios y el direccionamiento en la licitación no hubiesen sido graves, los mismos favorecieron a compañías sin experiencia en el rubro maternal. El resultado fue la construcción de cunas “precarias”, con “bordes afilados y aristas peligrosas”, tal como determinó el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), que detectó que los kits de Qunita “podrían ser inseguros” para los bebés, según informó Hoy en su edición del lunes. Por esto, el Ministerio de Salud de la Nación dispuso que se discontinúe con la entrega de las bolsas de dormir y las cunas. En tanto, el gobierno bonaerense adhirió a la medida y, por orden de la ministra de Salud, Zulma Ortiz, suspendió el plan en hospitales y maternidades de la Provincia.

Como uno de los ejecutores del programa, “La Morsa” no contempló esa inseguridad. “No es más que una sensación”, habrá dicho.

La caradurez de Aníbal Fernández

Así se camufle con barba tupida o se vaya muy lejos de la Argentina -a Praga, República Checa, donde está ahora-, el exjefe de Gabinete, Aníbal “La Morsa” Fernández, no podrá escaparle a su pasado como ministro K, ni hacer nada contra su sospechosa sombra como presunto autor intelectual del triple crimen de General Rodríguez; sus supuestos vínculos narcos; o el desvío de fondos públicos a través de planes gubernamentales como Qunita. 

Sin embargo, desde Praga, exacerbó su impunidad: “Ni sé de qué se me acusa”, expresó sobre su último procesamiento, y agregó: “No tengo que ocultar nada”.

Pese al procesamiento y las maniobras que ensombrecen su gestión, defendió  que  se ha “ganado algún respeto por la forma de administrar al Estado”.

Así, adelantó que apelará su procesamiento, al igual que el exministro de Salud, Juan Manzur.