Hay muertes que son evitables o, por lo menos, formas de evitarlas sin pérdida de tiempo, pero entre la corrupción y la desidia se producen a diario. Como el futbolista de 16 años que falleció hace unos días cuando una insensata medida de entrenar bajo más de 40 grados de sensación térmica no le aguantó su cuerpo y en el trayecto hacia el hospital más cercano no le dio tiempo de recuperarse.

El último fin de semana se jugó tenis profesional en horarios en que la práctica deportiva puede ser letal. Ya se sabe: primero está el bolsillo de los dirigentes y organizadores y después la salud de los competidores.

Jorge Bombau era un pibe de 14 años que falleció en el Club de Amigos de Capital aunque le hicieron maniobras de resucitación (RCP).

El titular de una empresa de atención de urgencias, Mario Clemente, nos señaló un detalle que todos desconocemos respecto a esas maniobras:

“Cuando una persona se descompensa repentinamente, suele tener vómitos y no cualquiera puede realizar respiración boca a boca en esa circunstancia. Podés tener la mejor buena voluntad, pero el regurgitar de la persona caída produce un rechazo que no siempre es manejable”, dice el titular de Emerger. SRL.

En las principales capitales del mundo tiene lugar una norma obligatoria. Los lugares públicos deben contar con un aparato llamado DEA, un desfibrilador automático que no hay que ser profesional de la salud para utilizarlo.

Así como no hay que ser bombero para utilizar un matafuego, no hay que ser médico para usar ese aparato portátil.

En el momento en que cae una víctima, se pone el DEA sobre el pecho de la persona grave, se presiona un botoncito verde y el dispositivo actúa solo, de inmediato. No hay que esperar la ambulancia para intentar la reanimación.

En julio del año pasado, el Congreso sancionó una ley en la cual se obliga a todos los sitios públicos y privados (instituciones deportivas, cines y demás) a contar con un DEA (desfibrilador externo automático). Pero entonces el Ministerio de Salud no reglamentó la sanción parlamentaria, y la misma cayó por el paso del tiempo.

¿Qué intereses de corporaciones médicas afecta la sanción? Habría que preguntarle al ex ministro y actual Gobernador de Tucumán, Jorge Manzur.

Le preguntamos a Mario Clemente cuánto sale ese aparatito de última generación. Nos dijo que 3000 dólares. No es un costo prohibitivo y menos cuando de lo que se trata es de salvar vidas.

Ni Manzur ni nadie se hace cargo de haber dejado afuera una ley que hubiera impedido que murieran esos chicos, como tantas otras muertes que no salen en los diarios. Los gobiernos tiran dinero como manteca al techo para cualquier estupidez, pero para salvar vidas jamás mueven un pelo.

Jorge D. Boimvaser

@boimvaser