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11 de enero de 2016

El Plan Bomba está estallando by Carlos Tórtora

La captura de Martín Lanatta en Santa Fe, trece días después de su fuga de general Alvear, deja una estela de derivaciones de todo tipo y que merecen un análisis pormenorizado. De lo que no hay duda es de que la ya histórica fuga forma parte del campo minado dejado por la gestión cristinista. En una columna semanal como ésta, no hay espacio para adentrarse en cada detalle...

 Pero los que facilitaron la fuga y el largo escape pusieron en evidencia que el kirchnerismo dejó un sistema de seguridad desquiciado. El Servicio Penitenciario de Buenos Aires deberá ser reestructurado íntegramente y la fuga puso en evidencia que no pocos mandos de la policía bonaerense se comunicaron ilegalmente con los prófugos y les facilitaron las cosas, lo que no pasó todavía a mayores gracias a la participación del Ministro de Seguridad Cristian Ritondo, que prepara una nueva reestructuración policial. La intervención sorpresiva del fiscal Jorge Di Lello en la causa, a raíz de sus conexiones con el narcotráfico, puso otra pesa en la balanza. En la casa Rosada no se confía en buena parte de la Justicia bonaerense, mucho más adoctrinada que la nacional por los seguidores de Eugenio Zaffaroni. La guerra legislativa en torno a la aprobación del presupuesto provincial es otro factor a tener en cuenta, aunque políticamente más normal. Otra bomba que está detonando es que, con toda lógica, los tres niveles del Estado nacional están despidiendo sobre todo a los empleados públicos designados en los últimos tramos de la gestión de CFK. Los mismos ya son muchos miles y serán más, conformando una masa de agitadores que puede adquirir un fuerte protagonismo hasta en la Capital Federal. La vieja guardia de los dirigentes de los movimientos sociales, como el Movimiento Evita, por ejemplo, acuciados por la necesidad de mantener su cuota de planes sociales, se muestran negociadores y pacíficos con la Casa Rosada. Pero surge entonces una nueva generación de activistas: los beneficiarios del empleo público clientelar, los defensores del macroestado.

Pero Buenos Aires también contiene otras bombas políticas: para empezar, está en juego quién se quedará con el control del peronismo, que ahora tiene una composición extraña: su primera minoría sigue siendo el cristinismo, con su núcleo de acero y sus disidentes. Cuanto mayor sea la conflictividad social provocada por el inevitable ajuste, hay que suponer que, de un modo u otro, Cristina Kirchner recibirá oxígeno. Sergio Massa encontró por ahora su perfil más cómodo: seguir sin batallar en la interna del PJ, negociar la gobernabilidad con Macri y esperar para lanzarse como candidato a primer senador nacional en el 2017. O sea, una alianza que terminaría en meses más en una competencia. Metódicos y prudentes, Juan Manuel Urtubey y José Manuel de la Sota tantean el suelo bonaerense sabiendo que hoy por hoy no suman un intendente. Todos especulan con lo mismo: si Macri mantiene el pie en el freno de las medidas profundas de ajuste, habrá espacio para un peronismo moderado que vaya desplazando al kirchnerismo. Si, por el contrario, los duros del gabinete como el Ministro de Energía, José Luis Aranguren, y el presidente del Banco Nación, Carlos Melconian, logran que se abran paso las políticas de shock, habría conflicto social y el peronismo moderado quedaría entrampado. Salvo lo ocurrido durante las dos presidencias de Carlos Menem, los dirigentes peronistas nunca optan por acompañar políticas de ajuste y apertura de la economía si el costo social es alto. Siempre se inclinan por la variante populista.

Éste es el núcleo de la bomba dejada por Cristina: con el gradualismo alcanzaría para minimizar los conflictos pero no para hacer crecer la economía. Y con las políticas de shock la economía arrancaría pero el peronismo saldría a la calle en tono antimacrista. La primera victima de esta disyuntiva puede ser Maria Eugenia Vidal, porque el PRO no cuenta con otra dirigente que mida lo suficiente como para ganarse a la clase media bonaerense. Los números que se conocerían esta semana indicarían que la triple fuga no hizo mella en la imagen de la gobernadora, pero sobre todo porque casi ni se había sentado en su despacho. Vidal ha pasado a ser un dilema dentro de la misma cúpula del PRO: si fracasa, puede arrastrar al Gobierno nacional en su caída. Pero si triunfa en la más difícil de las provincias, puede adquirir un rol demasiado estelar. Desde la jefatura de gabinete, Marcos Peña no se cansa de decir que hay que volver a una máxima macrista: privilegiar la gestión por sobre la política. Muchos piensan que esto servía para la ordenada Capital Federal pero no para la vorágine bonaerense. Ya se habla de que María Servini de Cubría podría, una vez más, intervenir el PJ Nacional (para lo cual sobran motivos). Esto pondría en marcha una lucha más abierta entre el kirchnerismo y los moderados, con Urtubey y De la Sota para quedarse con el sello partidario. En suma, a más gradualismo, menos éxitos económicos pero mayor gobernabilidad. Con políticas de shock, rápido crecimiento económico pero alta conflictividad,

El eco nacional

A nivel del gobierno nacional, la triple fuga de General Alvear también tiene su impacto. En su nefasta gestión, el ex secretario de seguridad Sergio Berni dejó desarticulada la coordinación entre las fuerzas federales. Ahora, el traspaso de 15.000 policías federales a la órbita de la Ciudad trae inevitables conflictos jurídicos, salariales, escalafonarios, etc., al punto que esto tardará mucho más que el año anunciado.

Ayer, la afirmación y posterior desmentida de que hubiesen sido detenidos también Cristian Lanatta y Víctor Schillaci tuvo su broche de oro en la denuncia de Patricia Bullrich acerca de que se había tratado de una maniobra destinada a facilitar que los fugados ganaran tiempo y siguieran huyendo. A todo esto, el Presidente y buena parte de su gabinete ya habían quedado en una posición insostenible al dar por hechas dos capturas que no existieron. Bullrich habló de complot del narcotráfico y le dio un tono de gravedad institucional al tema. ¿Se trata de una acusación de complicidad con los fugados dirigida a mandos de la Policía Federal, de la Gendarmería, o a funcionarios judiciales. De cualquier modo, el episodio revela la ausencia del más elemental sistema de controles. La información sobre la captura de Cristian Lanatta y Schillaci debió necesariamente constar en un parte policial y tal vez en un acta judicial. Sin copia de estos elementos de prueba, ¿cómo se le aseguró al Presidente que las capturas eran un hecho? ¿Por qué ningún funcionario de Presidencia o antes algún mando de las fuerzas constató debidamente el hecho? ¿O Bullrich dio a entender que se falsificaron pruebas para engañar a Macri? De ser así, el narcotráfico estaría operando en los niveles más altos del Estado, lo que hace que la corrupción de la policía bonaerense parezca menos trascendente si la conspiración llega a la misma Casa Rosada. Lo que parecía un fenómeno típico del conurbano pasó a ser así una amenaza a la seguridad nacional.

Aparte, la saga sangrienta de los Lanatta y Schillaci, con todos sus puntos oscuros, lleva a preguntas que el gobierno aún no contesta. ¿Qué fue del aparato de inteligencia clandestina montado por el general César Milani desde la Dirección General de Inteligencia del Ejército? ¿Dónde está este equipamiento, el más avanzado del país? ¿Fue recuperado en secreto o hay una quinta columna de inteligencia en operaciones para desacreditar al Gobierno de Macri?

Para empezar, no existe al respecto, en un tema tan grave, ni una sola información pública. En segundo lugar, lo ocurrido en la inteligencia de Ejército con Milani no debería ser secreto de Estado, porque más de un sector sospecha que no sólo en la bonaerense y la policía de Santa Fe operan mafias. Está la percepción de que el cristinismo cuenta con un servicio de inteligencia propio para, cuando se den las condiciones, hacer aquello que ella tanto criticaba: poner en marcha un golpe empujado por maniobras como la triple fuga o tal vez más graves. De cualquier modo, lo que es realmente más preocupante es que el Estado nacional no pueda todavía decir una sola palabra concreta sobre la trama de complicidades que rodean la triple fuga, con excepción de la obvia participación de los guardiacárceles.

Carlos Tórtora

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