22 de noviembre de 2015

¿Hasta cuándo tendrán protección Hebe de Bonafini y los funcionarios? by Jorge Vitale

¿Cuándo comenzarán las indagatorias en la causa de los sueños compartidos?
¿Cuántos muertos más debe haber para que esta causa avance? Chaco tenía destinados más de 200 millones de pesos para viviendas que quedaron en el camino de la corrupción. Estos son verdaderos sueños incumplidos...

El día 18 de julio, murió Marcela Díaz, empleada de la fundación Sueños Compartidos, que había denunciado a punteros de Hebe de Bonafini y en especial a Rubén Pocho Brizuela. Los acusaban por una serie de delitos y por los que específicamente se investigan en la causa que tramita muy lentamente Martínez Di Giorgi.

A esta testigo la mató una bala perdida. Cuando estaba amenazada, había realizado la denuncia, no la protegieron y así termino. Sin embargo, la causa no avanza, pese al fallo de la Cámara que imputa a los funcionarios.

La causa de las construcciones de la fundación Madres de Plaza de Mayo está parada desde hace más de nueve meses. El juez sigue demorando sin que la prensa y la oposición digan o hagan nada. Salvo honrosas excepciones, el resto sólo se preocupa por salvar a los kirchneristas.

El estado actual de la Justicia Federal en la Argentina llegó a los más bajo que uno pueda imaginarse. El Congreso aprobó la estatización de la Universidad de las Madres de Plaza de Mayo y la presidenta promulgó la misma. Esto hace la plena vigencia, pretendiendo de esta manera encubrir los 2.000 millones de pesos que se pagaron a la fundación y a la universidad desde el 2004. A la fecha, Schoklender pidió el sobreseimiento en la causa, ya que corresponde acusar a los funcionarios y el juez nada hace.

Comenzó en el año 2004, cuando Néstor Kirchner, a través del Banco Nación leasing, le hizo entrega a la universidad y a la fundación de entre 40 y 50 millones de dólares. A esta suma se le deben agregar los 1.200 millones entregados para “sueños compartidos”, más los subsidios y el pasivo que hoy asume la Nación. Mientras esto ocurre, el Juez Martínez Di Giorgi nada dice y siguen acusándose Schoklender con Hebe de Bonafini sobre hechos que son delitos, pero que pretende con esta nueva denuncia de falso testimonio, parar la verdadera causa en la que están involucrados los funcionarios.

El gobierno asumió con esta estatización el pasivo de 325 millones, ya que al decir 200 millones no se computan los juicios que son el resto, además de blanquear todo el dinero utilizado con otros fines, que no son precisamente la educación. Lo que no avanza es la causa penal, que todavía no fijó indagatorias para los funcionarios públicos y las autoridades de la fundación.

Oyarbide quería salvar a Bonafini y De Vido por la estafa de Sueños Compartidos. Por eso, está bien el fallo de la Sala 1, que acumula esta causa con la que lleva Martínez Di Giorgi. Es importante que el juez actúe, porque tiene elementos suficientes, y tome su verdadero camino, donde la fundación pasa de ser damnificada a imputada.

En esa causa se demuestra un mecanismo de corrupción donde están involucrados varios organismos del Estado. Ahora debería actuar el juez, pero el Gobierno la tapa y pretende que quede en la nada. Desde que resolvió la Cámara, el juez no tomó una sola medida concreta, cuando los ilícitos surgen a simple vista y, además, este contrato fue rescindido por el propio Gobierno.

El gobierno le entregó a la fundación $ 1.200 millones pero sólo terminaron una de cada cinco viviendas planificadas y ahora, estatizada la deuda de la fundación, que son 325.millones. Por eso yo digo: ¿Cómo no van aplaudir, si el pago que reciben es constante y muy grande? Pero lo más grande son los ilícitos que cometieron con los sueños de mucha gente de tener la vivienda propia.

En realidad, el Juez Norberto Oyarbide trató por todos los medios de imputar todos los delitos a los Schoklender y sobreseer a Hebe de Bonafini y los funcionarios responsables del Ministerio de Planeamiento. Por eso, es lógico prever que la acumulación a la causa principal es positiva.

A esta altura de la causa, lo importante son los funcionarios firmantes de los contratos y que autorizaron los pagos. Hebe de Bonafini es quien debería revelar dónde están los $ 450 millones que le faltan a la fundación y dónde se encuentran los 40 millones que Néstor le dio en el año 2004 por intermedio del Banco Nación, con la colaboración de la ex ministra Micheli.

En su momento, el peritaje de la Policía Federal determinó la falta de más de $ 150 millones en la administración del programa. Sin embargo, ese “faltante” llegaría a $ 450 millones, ya que el Gobierno les entregó a los responsables del programa $ 1.200 millones, pero lo cierto es que de 15.000 viviendas sólo fueron entregadas 2.000 unidades.

Así las cosas, es imposible imaginar que a tal cantidad de fondos la hayan llevado Sergio Schoklender y sus hermano Pablo sin la participación y consenso de los funcionarios nacionales. Y para arribar concretamente a esta conclusión, lo que cabe es el seguimiento de la causa 6204/11, que hoy está paralizada y que el Juez Federal Marcelo Di Giorgi deberá activar.

La inició el abogado Jorge Vitale por “violación a los deberes de funcionario público y malversación de caudales públicos” contra los ministros Julio de Vido, Aníbal Fernández y la titular de la fundación, Hebe de Bonafini, principales responsables del programa “sueños compartidos”.

Los principales argumentos para fundamentar la denuncia se asientan en que la ejecución del referido plan de viviendas registra “sobreprecios, mala calidad de materiales y de construcción, así como la adjudicación directa de obras, que la legislación vigente prohíbe”. En la demanda se afirma que “el poder ejecutivo le ha otorgado a la referida fundación que preside Bonafini, fondos que por cada unidad, suelen duplicar y triplicar el valor de plaza de esas construcciones”.

La presentación afirma que las viviendas que construyeron la fundación que lidera Bonafini son en base a “planchas de telgopor de 8 cm, reforzadas por dos mallas de alambre y recubiertas por otras dos delgadas capas de cemento”. En su respaldo, el denunciante cita declaraciones de Ricardo Siri, presidente de la cámara argentina de la construcción del Chaco, para quien el Gobierno Nacional le paga a la fundación $ 210.000 por cada vivienda mientras que ellos las construyen a razón $ 81.000 por unidad. A demás recurre a una auditoría de la subsecretaría de desarrollo urbano y vivienda que reveló las deficiencias de esas construcciones.

Otras de las pruebas que presenta es el informe que en 2009 realizó la Sindicatura General de la Nación.

* “La dirección nacional de políticas habitacionales no posee estructura aprobada, ni manuales de procedimientos. la dotación del personal es escasa y el equipamiento escaso y desactualizado”.

* “Del análisis de los anticipos financieros pagados a los contratistas, se observan en varias jurisdicciones prolongadas demoras en el inicio de las obras”.

* “Se detectaron incumplimientos en los estándares mínimos de calidad para viviendas de interés social: en las ventanas, aleros, veredas, zócalos y solados”.

Por último, se refiere a la ausencia de controles sobre la operatoria financiera, tanto como sobre la ejecución de las obras. Son cuestiones que al afectar directamente fondos públicos, hacen responsables al ministro del área, Julio de Vido, al jefe de gabinete nacional y a la misma Bonafini por presidir la fundación y por consiguiente, ser responsable de las irregularidades que se denuncian, en la financiación y concreción del programa.

Por todo lo que está en discusión en esta causa, es el perjuicio que sufrió el Estado Nacional y no sólo si la fundación fue perjudicada, como se pretende hacer creer, para ocultar la realidad y por ende, eludir la responsabilidad de los funcionarios nacionales.

Schoklender, además, dijo ante el juez que Felisa Miceli administraba la fundación madres junto con Bonafini y el resto de autoridades. Un dato que la misma Miceli, en la causa donde fue condenada a cuatro años de prisión, confirmó.

Todos sabemos cómo actuó el Juez Oyarbide, hoy fuera de la causa. Pero no olvidemos a Di Giorgi, porque es grave su silencio acerca del pago de $ 1.200 millones que hizo el ejecutivo y a pesar que sólo se terminó de construir el 20% de la obra comprometida. Claro que el kirchnerismo ha utilizado varias empresas off-shore para consumar lavado de dinero, como ocurrió en los casos Ciccone-Boudou, tarjeta sube y otros casos que son de conocimiento público.

La Cámara Federal confirmó que la causa aún no se encuentra en condiciones de ser elevada y debe pasar a la causa principal y, por lo tanto, no son suficientes las imputaciones que se le realizan a los Schoklender y a los 44 imputados, sino que faltan los funcionarios públicos. Por eso este fallo de la cámara pone las cosas en claro y apunta donde debe ir, es decir, a investigar porque se pago, se construyo con sobre precios y no se concluyó.

Todo esto ya lo tiene el juez al que se le derivo la causa, pero además tiene la causa principal y sigue inmovilizada. También es importante que investigue a la empresa Meldorek S.A. y Antártida Argentina S.A., que están en relación con empresas uruguayas, una de ellas PPB Bursátil, que es la que intervino en el PPP español de fondos de corrupción.

El juez uruguayo Valenti habría detectado esta circunstancia y, además, que esas empresas están constituidas por la escribana, que es la actual esposa del renunciado Moreno. Como si fuera poco, con la compra de “Ciccone” y con la estatización les van a regalar 325 millones que debe la fundación y, lamentablemente, lo pagamos todos. ¿Cuándo se va animar el juez a fijar las indagatorias que tenía programadas y no notifica?

Jorge Luis Vitale

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