Las pensiones por invalidez se otorgan a toda persona que presente una disminución física que se presume grave.

En un primer momento se estableció que los beneficiarios debían acreditar una incapacidad laboral de un 76%. Sin embargo, lo que desató el escándalo y la aparición de pensiones truchas fueron las numerosas flexibilidades que se implementaron en sus criterios como la falta de controles médicos, o entregarla a toda persona que estuviera imposibilitada para la plena inclusión social.

Es por esto que las pensiones por invalidez se convirtieron en una asistencia social muy subjetiva y casi abierta a todo el mundo.

Para obtener la pensión por invalidez laboral, el trámite se realiza en un hospital público ante un médico especialista en medicina laboral.

El paciente presenta los certificados médicos que acrediten sus patologías. Cada patología tiene un porcentaje de invalidez laboral, establecido por un baremo internacional. La suma de estos porcentajes debe superar el 76% (antes era el 66%) para acceder a la pensión no contributiva por invalidez en Argentina.

Una vez determinada la incapacidad laboral (si la persona tiene igual o más del 76%), se entiende que no puede trabajar formalmente y tiene derecho a la pensión.

Durante la vigencia de la pensión, la persona también puede acceder al programa "Incluir Salud" (anteriormente PRO.FE), que funciona como una "obra social" federal o nacional. Al cumplir la edad jubilatoria, la persona tiene derecho al PAMI.

El filtro médico lo realiza el médico laboral mediante el certificado médico oficial (CMO) en un hospital público. ANSES evalúa ingresos, capital y propiedades, así como la situación laboral y la obra social.

Certificado Único por Discapacidad

En cuanto al Certificado por Discapacidad, se le entrega a toda persona que presente una disminución física. Desde agosto se establecieron una serie de criterios para otorgarlo sin vencimiento en algunos casos, mientras que en otros requiere de una actualización de acuerdo a las prestaciones que necesite la persona.

El Certificado Único de Discapacidad es un documento público válido en todo el país que permite ejercer los derechos y acceder a las prestaciones previstas en las leyes nacionales 22.431 y 24.901.

La evaluación es realizada por una Junta Evaluadora interdisciplinaria, que determina si corresponde la emisión del Certificado Único de Discapacidad. Su tramitación es voluntaria y gratuita.

El CUD también se obtiene a través de un trámite en un hospital público que cuente con una Junta de Discapacidad.

Esta junta, compuesta por un médico, un psicólogo y un trabajador social, evalúa los certificados médicos que acrediten la patología y el estado funcional de la persona. El objetivo es determinar el nivel de dependencia en diferentes aspectos de la vida diaria, no solo laborales.

Si la junta considera que la "desventaja" es significativa, otorga el CUD y establece la orientación prestacional.

El CUD garantiza prestaciones de salud, educación y habitacionales, cubiertas directamente por el Estado o a través de la obra social, si se posee.

Además, las personas con discapacidad con CUD pueden trabajar en empleos formales y existen incentivos fiscales para empresas que contratan a un porcentaje de empleados con discapacidad.