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ACTUALIDAD

6 de julio de 2021

La Justicia decretó la quiebra del Correo Argentino S.A., perteneciente al Grupo Macri

Lo decidió la jueza Marta Cirulli. La familia del expresidente tuvo la concesión durante la década de 1990 y el contrato fue rescindido por Néstor Kirchner.

La jueza en lo Civil y Comercial, Marta Cirulli, decretó este lunes la quiebra de la empresa Correo Argentino S.A. perteneciente a la familia del expresidente Mauricio Macri.

La decisión hizo lugar a lo solicitado por el procurador del Tesoro, Carlos Zannini, quien ayer había sido acusado por el exmandatario a través de una carta pública en la que sostuvo que “el Gobierno buscaba venganza y tenía como objetivo a sus hijos”.

“Hágase saber la quiebra decretada, a cuyo fin ofíciese a la Inspección General de Justicia, y al Banco Central de la República Argentina. Requiérasele asimismo a este último, que comunique el estado de falencia a todas las instituciones de crédito del país, las que deberán trabar embargo sobre todas las sumas de dinero y otros valores que se encuentren depositados a la orden de la fallida, y procedan a transferirlos al Banco de la Ciudad de Buenos Aires, a la cuenta de autos y a la orden de la suscripta”, dispuso Cirulli en su resolución.

La sentencia dispone, además, que se intime a la empresa, sus apoderados y terceros para que, dentro del quinto día, entreguen o pongan a disposición del síndico la totalidad de los bienes de la deudora. Por otra parte, intima a que, dentro de las 24 horas, se entregue al síndico los libros de comercio y demás documentación relacionada con la contabilidad.

Por último, prohíbe a terceros hacer pagos a la empresa declarada en quiebra, caso contrario estos serán ineficaces, y prohíbe la salida del país de sus administradores hasta el 1 de noviembre, cuando se presentará un informe general.

En su fallo, Cirulli adoptó la misma línea de la fiscal en lo Comercial, Mónica Mauri; de la fiscal general del fuero, Gabriela Boquín; y del procurador Carlos Zannini; así como también de la AFIP.

Así se desprende de los considerandos del fallo, donde la jueza enfatizó que el Estado Nacional se sujetó al procedimiento concursal por casi veinte años, haciéndose parte en el proceso, negociando con la empresa concursada, asistiendo a las audiencias donde fue convocado, todo para obtener el cobro de su crédito (lo cual, en definitiva, se proyecta a la sociedad toda), originado hace al menos veinte años en condiciones económicas y de mercado diferentes a las actuales.

“A ello -agregó- se une que la concursada no tiene actividad comercial, se encuentra en una situación ruinosa, en los términos informados tanto por la Sindicatura Controladora, como por la Sra. Interventora y el Estudio Evaluador, sin poder afrontar mínimamente sus ahora reducidos gastos ordinarios -que se satisfacen mediante donaciones societarias- y con un desmesurado pasivo concursal y postconcursal”.

Para la jueza, esa situación crítica “genera dudas razonables” sobre su capacidad de pago. Por ello no puede cuestionarse, dentro de la órbita concursal, que el acreedor Categoría A (el Estado Nacional) encuentre insuficiente una propuesta que no contempla la entidad actual de la deuda, ni quiera sujetarse a decisiones jurisdiccionales inciertas y extrañas al quicio mercantil.

Una decisión que anticipó Macri

La decisión judicial se da un día después de que el expresidente denunciara en un carta pública que la causa judicial sobre la deuda del Correo Argentino con el Estado -firma estatizada en 2003 durante la presidencia de Néstor Kirchner-, responde a una “venganza” y “persecución política” del Gobierno con el único fin de avanzar sobre él, sus hijos y hacer extensiva la quiebra a Socma, el conglomerado empresario construido por su padre, Franco Macri.

En su misiva, titulada “Persecución y venganza”, Macri se refirió a la causa Correo Argentino y dijo que la Justicia está “manipulada por el procurador del Tesoro Carlos Zannini”.

En una cronología, explicó que en 2001 la empresa “tuvo que presentarse en convocatoria de acreedores por los graves incumplimientos de los compromisos del Estado Nacional” y recordó que el expresidente Néstor Kirchner, a poco de haber asumido, “rescindió la concesión violando el debido proceso”.

El exmandatario habló de “un acto inconstitucional” por el que “le robaron a la empresa todos los activos: la totalidad de su equipamiento, vehículos, instalaciones, infraestructura, sistemas y hasta el dinero en las cuentas bancarias”. Aseguró que “el Estado nunca pagó ni un peso por esos activos”.

Acusó, además, a los gobiernos kirchneristas de haber rechazado “todas las propuestas concursales de la empresa, que siempre contaron con la aprobación de los síndicos y el acompañamiento de la casi totalidad de sus 700 acreedores”. Planteó que “esta situación anormal se dilató durante los últimos 18 años”.

Sostuvo que los accionistas “aprobaron el pago del 100% de la deuda y de todos los intereses de esa deuda según la Justicia determine, agotados por el atropello político y judicial, y sin expectativas de encontrar justicia”. Criticó que “el Gobierno rechazó una vez más esta propuesta”. Además que “se manifestó en forma aún más hostil e ilegal que los gobiernos anteriores de Cristina Fernández de Kirchner”.

Mencionó que Zannini “actuando en contra de los intereses del Estado y de la gente, rechazó cobrar el 100% de lo adeudado” y que en lugar de eso “excediendo sus facultades, exige sanciones y la quiebra de la empresa”.

Macri plateó que la fiscal Gabriela Boquín “rechazó todas las propuestas de pago hechas por Correo Argentino y solo se preocupó por perseguir su quiebra”. La acusó de no querer “que el Estado Nacional cobre” y de buscar “que el Correo Argentino quiebre”. Afirmó que “es raro” y que “este no es el comportamiento que tiene con otras empresas”. Expresó que “es todo lo contrario a lo que hizo con OIL Combustibles, la empresa de Cristóbal López” que le debe a la AFIP $8 mil millones en impuestos.

Y anticipó que un posible rechazo de la jueza Cirulli, que finalmente tuvo lugar hoy, significaría “la destrucción de la seguridad jurídica en nuestro país” y que “haría cada vez más difícil, si no imposible, que empresas argentinas y del mundo confíen en invertir y desarrollar empleo en nuestro país”.

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