El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires celebró un acuerdo con el PAMI y la Anses para facilitar los trámites de constitución de asociaciones civiles en el distrito.

"Es un paso muy importante para miles de entidades de la provincia que no pueden dirigirse hasta La Plata para regularizarse, ahora pueden hacerlo directamente en la Anses", señaló el titular de la cartera de Justicia y Derechos Humanos, Julio Alak.

En este sentido, quienes deseen conformar asociaciones de tipo Club de Barrio, Centro de Jubilados, Centro Cultural, Jardín Comunitario, Sociedad de Fomento u Organización de Comunidades Migrantes podrán tramitar su registro en cualquier delegación del Inssjp o Anses.

En tanto, la rubrica del convenio se dio entre el ministro Alak y la Directora Ejecutiva de Anses, Fernanda Raverta, organismo que además se facultó para certificar firmas y documentaciones.

"Se trata de una política muy importante porque desde la Anses los cambios vienen de entender la lógica de una salida comunitaria que permita dar soluciones y a través de este instrumento nos ponemos a disposición para lograr el objetivo", remarcó Raverta.

Luego, Alak celebró el acuerdo con la directora Ejecutiva del PAMI, Luana Volnovich, con el fin de promover la creación de espacios ciudadanos asociativos que aportan a la vida democrática, en materia de fortalecimiento de espacios públicos, educación, cultura, deportes y recreación.

"Para nosotros los centros de jubilados son actores claves dentro del territorio y queremos que tengan más herramientas para profundizar su rol dentro de la comunidad", sostuvo la titular de PAMI.

En este marco, se determinó, también, que el personal del INSSJP y ANSES reciba una capacitación particular para poder recepcionar las solicitudes correspondientes y realizar las derivaciones de los trámites ante la Dirección Provincial de Personas Jurídicas.

Vale recordar, que el año pasado se sancionó en la Legislatura bonaerense una ley que declara de interés público a las asociaciones civiles de bajos recursos y a las mutuales de organizaciones de comunidades migrantes.

La norma prevé que las entidades accedan a beneficios tales como tarifa cero en el servicio público de agua, gas, electricidad, internet y telefonía para las de bajos recursos y pago por consumo real para el resto (mientras dure la emergencia sanitaria provincial).