24 de julio de 2018

Militares en seguridad: los puntos oscuros por Carlos Tórtora

Finalmente se concretó el anuncio de la reestructuración militar por parte del presidente de la Nación mediante la derogación del Decreto 727 del 2006 y la aplicación del artículo 27 de la ley de Seguridad Interior...

 Esto es, que los militares podrán intervenir en la seguridad interior como apoyo logístico de las fuerzas de seguridad a través de unidades de comunicaciones, transporte, arsenales y sanidad. Concretamente, la nueva directiva presidencial a las fuerzas armadas habla de las nuevas amenazas como el narcotráfico y el terrorismo internacional. La prueba piloto de esta reforma se efectuará en la zona de frontera, principalmente en Misiones, donde se enviarían 4000 efectivos, pero nada impediría utilizar el apoyo logístico militar en zonas urbanas.

De este modo, las fuerzas armadas argentinas se incorporan -al menos parcialmente- a las políticas de seguridad ya imperantes en buena parte de los países de Latinoamérica. Los ejemplos más relevantes son Brasil, Colombia y México. En los tres, las fuerzas militares se enfrentan con poderosas organizaciones de narcoterroristas como el ELN y las FARC en Colombia, los carteles de la droga en México y los grupos que controlan muchas de las favelas de Río y San Pablo. La primera y fundamental diferencia con la Argentina es que aquí no se conocen organizaciones criminales de tamaña envergadura y con un poder de fuego equiparable al de las fuerzas de seguridad. Sí operan en nuestro territorio redes de narcotraficantes que rara vez tienen enfrentamientos armados con las fuerzas del orden y que actúan más bien protegidas por una inmensa trama de corrupción que alcanza a niveles políticos. Es obvio, por otra parte, que las fuerzas armadas están formadas para el combate con enemigos que exhiben algún grado de poder militar y que su participación, aunque sea logística, contra redes de narcos de poca o ninguna envergadura armada, parece al menos complicada o difusa. La persecución legal del narcotráfico en la Argentina es una actividad esencialmente policial, que depende en buena medida de las tareas de inteligencia que les están vedadas a los militares en relación a la seguridad interior. Siguiendo con el narcotráfico, las zonas controladas por el mismo se ubican en villas miseria del conurbano bonaerense, Rosario y hasta la Capital. La pregunta es si está contemplado el apoyo logístico de las fuerzas armadas para intervenir en estos asentamientos urbanos. Si la respuesta fuera positiva, esto aumentaría la posibilidad de enfrentamientos armados con narcos en los reducidos espacios urbanos.

Otra observación se refiere a la absoluta carencia de preparación del personal militar para empeñarse en tareas para la represión del narcotráfico y a la escasa predisposición que tendrían para realizar una actividad para la cual no fueron formados. En cuanto al terrorismo, es obvio que en la Argentina hoy no operan organizaciones de importancia.

En síntesis, la utilización del apoyo logístico militar en zonas de frontera parece venirle como anillo al dedo al gobierno para justificar el desplazamiento de varios miles de gendarmes y prefectos hacia las zonas urbanas y reforzar así la seguridad, previniendo también una escalada de violencia social como consecuencia del actual ajuste económico. En cuanto al resto, es dudoso que los militares vayan a participar de operativos susceptibles de terminar en enfrentamientos. Las fuerzas ya no cuentan con un código de justicia militar y la justicia federal sería presionada por los organismos de derechos humanos para que se procese a cuanto uniformado tome parte de un enfrentamiento. A diferencia de Brasil, Colombia y México, en la Argentina la participación militar en tareas policiales cuenta con el repudio asegurado de la mayor parte del espectro político y mediático. Sencillamente, no parece haber suficientes garantías judiciales ni legales para que las unidades militares puedan correr el riesgo de verse envueltas en una situación de combate.

Carlos Tórtora

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