Las empresas, agrega la ONG que defiende a usuarios y consumidores, “deberán tener a simple vista y en el primer acceso en link mediante el cual el consumidor podrá solicitar la baja del servicio contratado”, indica expresamente el artículo primero de la normativa publicada por la Dirección Nacional de Defensa al Consumidor, organismo de la Secretaria de Comercio del país.

La medida surge como respuesta a la cantidad de reclamos de los consumidores que encuentran difícil dar de baja los servicios que contrataron, tanto en la etapa de solicitud como en la posterior concreción de la cancelación. Entre los argumentos esgrimidos también se menciona el artículo 42 de la Constitución Nacional, en el que se establecen los derechos que tienen los usuarios de bienes y servicios en la relación de consumo.

Las firmas  que brinden atención telefónica o por cualquier medio informático a sus usuarios deberán establecer un horario de atención de consultas o reclamos que no puede ser inferior a los días y horarios en que operar comercialmente. Quedan exentas de esta obligación, aunque están invitadas a implementarla, las micro, pequeñas y medianas empresas.

Por otra parte, el proveedor de servicios deberá informar al consumidor el código de identificación de la baja dentro de las 24 horas a contar desde la solicitud de rescisión. Ante el incumplimiento de alguna de las medidas expresadas, las firmas son punibles de recibir alguna de estas sanciones: apercibimiento, multa económica, decomiso de mercadería y productos, clausura, suspensión o pérdida de la concesiones.