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15 de febrero de 2018

¿DNU o Bazar? por Fabián Medina

El Poder Ejecutivo dio a conocer sorpresivamente en el mes de enero, el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 27/2018, intentando demostrar una vez más “gestión” y “actividad” luego de los poco afortunados recortes sobre los jubilados realizados a fin de año.

Tan magnánimo intentó (o intenta) ser éste DNU que su nombre sólo ya parece ser todo un logro “Desburocratización y Simplificación”. ¿Quién podría oponerse?

Sin embargo, lo primero que se observa al analizarlo es que este DNU no es un DNU común. Es un “mega DNU”, extenso que deja sin efecto 19 leyes y modifica 140 de diversos rubros y dependencias nacionales tales como el SENASA, el ANSES, la UIF, Actividades Portuarias, ley de Sociedades, Fondos Fiduciarios, Aviación Civil, Tránsito y seguridad, Marcas y patentes, derechos laborales entre otros.

Es decir, el DNU es como un gran bazar. Hay de todo. Y cuando eso pasa es un síntoma de alerta ya que hay que analizarlo con más cuidado para ver qué es lo que se está intentando pasar entre tanta modificación y derogación. Uno puede negar información por no darla o por entregarla en tal cantidad que se hace difícil su análisis. Este último parecería ser el caso del DNU, que por ello requiere un análisis más puntual.

La primer pregunta es: ¿Por qué un DNU de este estilo? ¿Cuál es el apuro? ¿Cuál la “necesidad y urgencia”?

En realidad, no se aprecia cual era la necesidad y urgencia de este decreto que además legisla sobre temas de índole penal y tributaria, cosa prohibida para los DNU en la Constitución Nacional.

A poco de leerlo, se advierte que no se apunta sólo a la “desburocratización” sino que en algunos casos se afectan derechos importantes que merecerían al menos una discusión más puntual en el Congreso, tales como los cambios en la regulación de las relaciones laborales, que tratan de modificaciones que empeoran la situación de los trabajadores para beneficiar a las empresas. Es así que se modifica el artículo 147 LCT alterando en perjuicio del trabajador el régimen de embargo sobre su sueldo, ya que se permiten mayores embargos en las cuentas sueldo de los trabajadores. El propósito de la medida es -según el DNU- “mejorar la calidad crediticia de los trabajadores”. Eufemismos si los hay, sobre todo porque en realidad los únicos beneficiados de esto son los acreedores del trabajador, seguramente bancos y financieras. Entiendo que lo único que va a conseguir esta ley es que los trabajadores no dejen un peso en sus cuentas, ya que el embargo no se aplicará sobre el saldo de la cuenta sueldo en la medida de que se trate de montos derivados de una relación laboral y/o de prestaciones de la seguridad social cuando ese importe no exceda el equivalente a tres veces el monto de las remuneraciones devengadas por los trabajadores. Es decir, por sobre eso, dudo que se deje dinero en el banco.

Se establece una reducción de sanciones a empresas que hayan evadido las leyes laborales y tributarias en materia de cargas sociales, las que no hayan registrado o hayan registrado defectuosamente trabajadores, beneficiando a quienes tienen trabajadores en negro, al privar de los aportes a los trabajadores.

También los jubilados se verán afectados al permitir a la ANSES, en su carácter de Administrador del Fondo de Garantía de Sustentabilidad del Sistema Integrado Previsional Argentino, a constituir y/o estructurar fideicomisos, financieros o no, alquilar o prestar títulos y acciones y, en general, a realizar toda otra operación propia de los mercados financieros y bursátiles permitidas por las autoridades regulatorias. Es decir, a invertir en casi cualquier cosa sus fondos, lo que busca una vez más destinar el dinero de la ANSES a la financiación del Estado Nacional, ya que ninguna duda quepa que se usara el dinero para comprar bonos del Estado.

Esperemos que el Congreso se tome su tiempo y asuma la responsabilidad que le cabe a la hora de analizar, discutir y proponer cambios o no a este DNU, que de por si necesita un estudio puntual a la hora de ver a quién beneficia y a quien perjudica. No desburocratiza ni simplifica, sino que cambia y modifica derechos.

No nos engañemos con el título. Parece aquellos negocios que dicen que liquidan por cierre todo el año, cuando en realidad se manejan con precios normales. Parecería que alguien va a salir perdiendo de aprobarse esto como se presenta, y parecería que sería como casi siempre, la clase media y los trabajadores.

Dr. Fabián Medina

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