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30 de noviembre de 2017

¿Quién haría las pericias del ARA San Juan? por Carlos Tórtora

Partiendo de la hipótesis de que finalmente el ARA San Juan será no sólo encontrado sino también rescatado por los equipos especiales de la armada de los EEUU o de Rusia, ya se abren especulaciones sobre cómo seguiría, por lo que promete ser una batalla judicial y política de alto vuelo.

 El eje de la misma será la averiguación de los hechos, lo que no es poco. Para la Argentina, el tema tiene un costado de alto interés militar que parece colisionar con la cuestión política: lo que ocurrió al Ara San Juan, ¿es el resultado de actos de corrupción que llevaron a deficiencias en la reparación y el mantenimiento del submarino? La Jueza Federal de Caleta Olivia, Marta Yáñez, ya abrió el paraguas y planteó que, para poder investigar, la justicia requiere que el presidente levante el secreto de estado.

La magistrada indicó que la única forma de avanzar en la investigación es que se releve el derecho de confidencialidad de las Fuerzas Armadas, el cual está amparado por la Ley.

La figura del secreto de confidencialidad está definida en la Ley de Inteligencia Nacional 25.520, sancionada el 27 de noviembre de 2001, que en su artículo 15 detalla: "El acceso (a la información) será autorizado en cada caso por el Presidente de la Nación (...) La clasificación sobre las actividades, el personal, la documentación y los bancos de datos referidos (a la seguridad interior, la defensa nacional y las relaciones exteriores de la Nación) se mantendrá aun cuando el conocimiento de las mismas deba ser suministrado a la Justicia".

La batalla por el manejo de la información

Este tema se vincula directamente con lo que ocurriría si el ARA San Juan fuera llevado a puerto y puesto, como corresponde, a disposición de la justicia. Casi todo se resume en una sola pregunta: ¿qué institución se haría cargo de los peritajes para establecer lo ocurrido?

El último antecedente de un barco de la Armada Argentina hundido se dio en enero del 2013 cuando el destructor que participara de la guerra de Malvinas, el Santísima Trinidad, se fue a pique   amarrado en la Base Naval de Puerto Belgrano, en el sur de la provincia de Buenos Aires, estando ya fuera de servicio. El caso del Santísima Trinidad es el ejemplo opuesto al del ARA San Juan: se hundió amarrado a un muelle, no hubo víctimas y su triste final no interesó a la opinión pública. Asi fue que la investigación careció también de interés judicial. El 23 de enero del 2013, el entonces Ministro de Defensa Arturo Puricelli se hizo presente en Puerto Belgrano en su visita a Puerto Belgrano, se dirigió hacia el muelle donde se encontraba hundido el buque que participó de la Guerra de Malvinas en 1982, acompañado por ingenieros navales del astillero Tandanor, entre otros especialistas, y también abordó el destructor Hércules (gemelo del Santísima Trinidad), donde observó el amarre del barco y el funcionamiento de los compartimientos de máquinas.

El buque, que estaba fuera de servicio desde hacía varios años, a partir de entonces   quedó «asentado y estático para permitir el ingreso y comenzar con la investigación pertinente.

O sea que la Armada se hizo cargo de la investigación y no hay datos periodísticos de cómo terminó el sumario

Esta situación sería ahora irrepetible. Para empezar, existe la posibilidad de que haya responsabilidades penales que les quepan a miembros de la Armada y de los astilleros Tandanor, entonces mal podrían estas instituciones ocuparse del peritaje. Obviamente, no hay en el país otra institución que cuente con peritos en siniestros de submarinos, ya que la Prefectura por ejemplo carece de los mismos. El clásico recurso de pasarle la investigación técnica a una fuerza federal que no intervino en los hechos sería en este caso imposible.

Siguiendo con las deducciones, se le plantearía entonces a la justicia la opción de pedir la colaboración de peritos extranjeros que podrían ser estadounidense hasta rusos pero obviamente no ingleses. En tal caso, volvería a   presentarse el conflicto entre el secreto de estado y la investigación judicial.¿ Admitiría Macri que una armada extranjera sea la que obtenga toda la información del siniestro, lo que incluye la misión de la nave y supuestos secretos militares que ya fueron remarcados por la jueza Yáñez? ¿Optaría el presidente por mantener el secreto de estado y aumentar todo tipo de sospechas?

¿Hay en el casco del Ara San Juan secretos que comprometen la seguridad nacional o que pueden generar una crisis diplomática?. El misterio de los 7 buzos que transportaba el submarino es altamente sugestivo. La ruta de patrullaje seguida también sugiere preguntas. No menos llama la atención que, una vez conocida la desaparición del submarino, a las pocas horas se hicieran presentes para participar en la búsqueda varias naves de guerra de USA y el Reino Unido. Una hipótesis trascendida en Cancillería es que ambas armadas estaban realizando maniobras cerca de las costas patagónicas destinadas a ensayar operativos de control relacionados con la reunión del G-20 en Buenos Aires el próximo año. Y algunos deslizan que el objetivo de este despliegue sería detectar si en la zona operan submarinos de Corea del Norte, cuyo gobierno está en plena escalada de tensión nuclear con la administración Trump.

Carlos Tórtora

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