Domingo
13 de Julio de 2025
18 de septiembre de 2017
La desaparición de Santiago Maldonado ha vuelto a poner sobre el tapete de la discusión pública la denominada “Cuestión Mapuche”
Si bien las comunidades aborígenes de esta región aún están lejos de protagonizar episodios de violencia como los ocurridos en el sur de Río Negro y norte de Chubut, la cercanía y los vasos comunicantes por una frontera abierta y descuidada con Chile, coloca al tema en el centro de gravedad a un problema serio para el país y da crédito a las innúmeras versiones sobre presencias de elementos terroristas desde hace varios años y la posibilidad que agentes de Inteligencia extranjeros estén accionando para conseguir el fin último: el reconocimiento a nivel internacional de la tan mentada “Nación Mapuche”, una amplia franja territorial que va desde el río Bío Bío hasta el norte de la Provincia de Buenos Aires y desde Valdivia hasta el sur de Bahía Blanca, uniendo a dos océanos y en donde se encuentran los más ricos yacimientos de gas y petróleo (Vaca Muerta incluida) y las fuentes de agua dulce más importantes del continente. También se debe aclarar que los actos de violencia son protagonizados por células pequeñas y extremistas ya que la gran parte de la familia mapuche, especialmente en Neuquén, mantiene una convivencia pacífica de años y está muy alejada de protagonizar estos episodios que se denuncian con llamativa frecuencia.
La presencia del ex juez español Baltazar Garzón en San Martín de los Andes en noviembre del 2014 motorizado por el reclamo Mapuche, es un claro ejemplo de internacionalizar el reclamo ante la Comunidad Internacional para llegar a que la ONU reconozca la existencia de un territorio liberado de las jurisdicciones de Chile y Argentina. En ese momento fue la pulseada por la colocación en la principal plaza pública de la ciudad, de una bandera mapuche que -aún hoy- flamea en el medio de las banderas de la Nación Argentina y de la Provincia del Neuquén. Aceptar por parte del Municipio -en ese momento gobernaba el kirchnerista Juan Carlos Fernández- y su complacencia por parte de la Provincia y de la Nación, de la existencia de ese símbolo de un reclamante de soberanía es darle a la cuestión una clara aceptación del Estado argentino. Hoy las comunidades mapuches de San Martín de los Andes no cesan con su reclamo y pese a que no utilizan, por ahora, métodos violentos la han emprendido contra todo aquello que signifique una fuente económica importante: la pretensión de ocupar tierras del Cerro Chapelco, el más importante centro de esquí de la Argentina y de Latinoamérica, es otro ejemplo más. Lo mismo ocurre con la toma de tierras cercanas a Vaca Muerta, el más rico yacimiento de petróleo y gas y sobre el que convergen millonarias inversiones de las grandes multinacionales petroleras.
De todos modos en la Argentina, más allá de los acontecimientos de Chubut que desencadenaron en la lamentable desaparición de un artesano que vivía transitoriamente en El Bolsón y colaboraba con la “Cuestión Mapuche” desde hace tiempo, no han tomado la virulencia que registra la protesta aborigen en Chile donde, precisamente, hay reclamos judiciales por líderes mapuches (caso Jones Huala) a quienes se los acusa de cometer asesinatos y atentados en la región de la Araucanía que se une a Neuquén y Río Negro por varios pasos habilitados y otros no tanto que posibilitan un tránsito fluido ilegal de personas y de mercaderías. Los asesinos del policía neuquino José Aigo -curiosamente un Mapuche alistado en una fuerza de seguridad argentina- identificados como elementos terroristas desprendidos de organizaciones chilenas como el Frente Patriótico Manuel Rodríguez y el MIR (Movimiento de Intransigencia Revolucionaria, ambos con fuerte actuación insurgente en los 70, pudieron escapar ayudados por Mapuches en el vasto territorio desértico y vacío que une a ambas regiones.
Las denuncias por presuntas presencias de agentes terroristas vinculados a la ETA española o a las FARC colombianas se difundieron por todas partes -las ultimas fueron las de Carlos “Nuno” Sapag, hermano del ex gobernador Jorge Sapag- pero no se conoce que desde la Justicia Federal o desde el mismo Gobierno nacional se hayan tomado cartas serias en el tratamiento de esta situación. Tanto fue el manejo político del caso Aigo que al principio intervino un juez civil de quien se apartó apenas la familia del policía muerto y las presiones de las comunidades civiles de Junín y San Martín de los Andes hicieron que el caso llegara a la Justicia Penal aunque a todas luces se trató de una caso federal ya que intervinieron dos terroristas extranjeros -buscados en su país por la Justicia chilena- y mataron a un agente de un Estado extranjero (Aigo) en territorio de ese país. Al principio se dijo que al estar involucrado un hijo del intendente Fernández, se trataba de darle una supuesta protección política. Las razones son mucho más profundas. Las FARC gozaban de la protección del gobierno venezolano de Hugo Chávez, quien mantenía una relación más que carnal con el gobierno argentino de Cristina Fernández, donde ejercía fuerte influencia el ex secretario general de la Presidencia y posterior jefe de la AFI (Ex Side), Oscar Parrilli, un hombre que dominó ampliamente al Frente para la Victoria (FpV)en Neuquén.
Precisamente, ahora, en medio del revoleo por el caso Maldonado y la intervención de la Gendarmería y de los allanamientos en Chile de territorios mapuches por parte de Carabineros, avalados por la Justicia Criminal de ese país en busca de pruebas sobre atentados y muertes, acaba de descubrirse un denominado “MANUAL DE RESISTENCIA MAPUCHE” cuya finalidad es la de instruir a las comunidades para organizar y enfrentar a los gobiernos de Argentina y Chile, de cuyas constituciones se reniega rotundamente.
Estos son los aspectos más importantes: