Con respecto a los operativos en busca de rastros sobre Maldonado realizados en la zona del río Chubut lindante con la reserva mapuche Pu Lof, el juez federal de Esquel a cargo de la investigación, Guido Otranto, explicó de un modo singular por qué las fuerzas de seguridad no cruzaron el río e ingresaron a la reserva Pu Lof para continuar la búsqueda. “Cuando no se pasó del otro lado no fue por respetar un lugar sagrado, sino porque no se podía pasar porque no había posibilidad de imponerse físicamente; había un policía con un perro nada más. No se pasó porque ellos decidieron que no se pasaba y ellos (los mapuches) eran muchos. No se pudo pasar, no porque era una tierra sagrada sino porque ellos no lo permitieron”.

Para empezar, es obvio que la búsqueda en el terreno no debería soslayar las tierras mapuches, ya que Maldonado se encontraba involucrado con los mismos. Segundo, un juez federal reconoce que era imposible imponerse físicamente a los mapuches. ¿Por qué no ordenó entonces refuerzos? Y, lo que es aún más grave, consintió que los mapuches decidieran impedir el trabajo de la justicia.

El hecho, mucho más que una anécdota, revela una conducta que linda con la violación de los deberes de funcionario público. Si se tratara de ciudadanos comunes que intentan oponerse a un procedimiento policial, lo más probable es que ya estarían procesados y hasta detenidos. Pero tratándose de mapuches no es así.

Aunque ninguna normativa establece la existencia de fuero alguno para las comunidades indígenas, ni tampoco los tratados internacionales, la conducta seguida por Otranto se allana a los reclamos de los grupos indígenas más extremistas. En efecto, el líder Mapuche Facundo Jones Huala, quien se encuentra detenido desde el 27 de mayo en la cárcel de Esquel, provincia de Chubut, a través de una entrevista reseñada por diversos diarios argentinos dijo que el núcleo del conflicto es el “no reconocimiento por parte del Estado argentino de la posesión ancestral de las tierras y del principio internacional de la autodeterminación de los pueblos”.

Da la impresión de que el juez federal de Esquel admite en la práctica que el pueblo mapuche tiene cierto grado de independencia, que lo coloca fuera de los alcances de la jurisdicción nacional.

Síntomas alarmantes

La gravedad de este hecho que pasó en principio desapercibido se combina con otro factor: no parece probable que pueda avanzar una investigación en el terreno sobre lo ocurrido con Maldonado si la comunidad mapuche queda excluida de la investigación. Sería como investigar una desaparición ocurrida en un pueblo, pero sin hablar con los habitantes del pueblo.

En definitiva, lo señalado es un nuevo indicio de que nos encontramos ante una doble actuación, del Poder Ejecutivo y del Judicial, que se basa más en el marketing que en la búsqueda de resultados concretos.

Carlos Tórtora

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