Los autores de la defraudación son decenas de partidos que, siguiendo un know how muy perfeccionado, ponen en práctica una forma de embolsarse la mayor parte de los fondos que la Dirección Nacional Electoral les deposita para la impresión de boletas electorales. El delito se comete del siguiente modo: el partido encarga una impresión real de boletas y la imprenta elegida las factura. Pero hay otro encargo -a la misma imprenta o probablemente a otra que funciona sólo como pantalla- por una cantidad todavía mayor de boletas que no se imprimirán. La imprenta que se asocia para delinquir con las autoridades del partido le vende a estas facturas por la impresión no realizada a un precio de entre el 10 y el 15% del monto de la operación. El partido le paga a la imprenta estas facturas -auténticas pero correspondientes a un trabajo no realizado- y luego las presenta en el Informe Final de campaña, cuyo plazo vencerá el próximo 13 de septiembre, junto con las facturas de las boletas que sí se imprimieron. La Cámara Nacional Electoral cuenta sólo con ocho auditores y sólo realiza un control formal de las facturas pero no suele indagar acerca de si la impresión efectivamente existió, así que los dirigentes que lucran con este “negocio” consiguen quedarse con la mayor parte de los fondos asignados a su partido.

Urgente 24 acaba de publicar una reveladora nota sobre algunos de los partidos que ahora están bajo la mira judicial (http://www.urgente24.com/268106-el-estado-sospecha-que-hay-olor-raro-con-el-gasto-politico). Dice el artículo que el espectro de partidos sospechados va “desde el partido político de Alejandro Biondini (Frente Patriota Bandera Vecinal) al de Luis D’Elía (Encuentro Popular por Tierra, Techo y Trabajo) -en ambos casos, hay animadversión por diferentes motivos, y la idea es cumplir con las competencias y regulaciones que concede la legislación vigente- pasando por el Partido Federal, presidido por Daniel Madeo, 1er. candidato a diputado nacional, quien llevó como 1er. candidato a senador nacional al ex juez en lo Penal Económico, Julio Cruciani”.

D’Elía, Biondini y Madeo-Cruciani serían entonces algunos de los casos seleccionados desde el poder para hacer estallar un megaescándalo de corrupción política. Obviamente, las intenciones moralizadoras del gobierno no serían las únicas. EL macrismo, ahora con una opinión pública más proclive a verlo ganador en octubre, vuelve sobre su frustrado objetivo de la reforma política. Su meta central es que en el 2019 rija la boleta electrónica para que Macri pueda ser reelecto haciendo tabla rasa con los aparatos políticos de los barones peronistas del conurbano, cuyo poder sobre el direccionamiento del voto se basa justamente en los manejos con la boleta de papel.

La operatoria del retorno

Por ahora, lo que se ve venir son una serie de denuncias que comenzarían ni bien los partidos entreguen sus informes de campaña a la justicia electoral y aparezcan en los mismos las facturas tanto por impresiones reales como por impresiones inexistentes. En el caso del Partido Federal -uno de los más señalados- sostienen fuentes oficiales que ya se habría tomado conocimiento de la parte final de la operación ilegal que describimos. Esto es, cómo es el circuito de los fondos que deben ingresar mediante cheques de la cuenta partidaria a la o las imprentas que no imprimirán boletas o que sólo lo harán por un porcentaje muy inferior al facturado. La secuencia sería la siguiente: el partido -para reducir los riesgos de que la plata no retorne- le depositaría a la imprenta el monto adeudado fraccionado en muchos pagos. Contra cada pago, la imprenta le daría al partido un cheque a cobrar en ventanilla por la misma cifra. De este modo, repitiendo la operación muchas veces, el partido se va quedando con la plata de las boletas que nunca existieron.

Una detallada denuncia penal ya estaría elaborándose contra el Partido Federal. Una paradoja propia de la política: Madeo y Cruciani hicieron su campaña electoral poniendo el acento en la lucha contra la corrupción y pidiendo “una justicia a la brasilera” pero aspiraban, sólo en Buenos Aires, a embolsarse 22 millones de pesos para boletas. No imaginaron sin duda que, de hacerse realidad sus propuestas anticorrupción, ellos estarían entre los perjudicados.

A todo esto, en el macrismo se espera el tembladeral en ciernes como una especie de mani pulite partidario que no le viene nada mal al PRO por los motivos señalados y porque el gobierno podría colocarse fácilmente entre los damnificados, ya que están en juego fondos públicos.

Alexis Di Capo