El sector -tal como ha ratificado un reciente fallo judicial- se encuentra enmarcado dentro un llamativo y peligroso “vacío legal” porque carece de un marco regulatorio específico.

Más allá del duelo nacional por la tragedia dispuesto por el PEN y las explicaciones oficiales que buscaron descargar toda la culpa del accidente en el chofer, la empresa de turismo y la falta de control de la Gendarmería; la inexistencia de un marco regulatorio constituye un grave incumplimiento tanto de las autoridades de la Comisión Nacional Reguladora del Transporte (CNRT) que encabeza Pablo Castano; como del ministro de Transporte, Guillermo Dietrich.

Tras el accidente en la ruta de Mendoza, esta situación adquiere una mayor relevancia política y obliga a la Oficina Anticorrupción (OA) que comanda Laura Alonso a darle curso a la denuncia específica de esta cuestión que tiene en su paralizada en su escritorio desde principios de año.

Con el patrocinio del ex secretario de Transporte, Armando Canosa; la Asociación de Consumidores y Usuarios de la República Argentina (ACUDA) denunció ante la OA que “practicamente todas las empresas que operan las líneas de colectivos en la región metropolitana y de larga distancia tienen los permisos vencidos y siguen prestando servicios sin contar con las habilitaciones administrativas correspondientes”.

La presentación de asociación de usuarios resaltó que “el autotransporte automotor de pasajeros del área metropolitana (AMBA) está sumergido en un verdadero caos. Los denominados “permisos de explotación” que son los títulos que tienen los prestadores para realizar los servicios están casi todos vencidos y, en algunos casos, esa caducidad ya acumula más de 10 años”.

A la titular de la OA, Laura Alonso, los dirigentes de la ACUDA le pidieron que investigue “la inacción de la cartera de Dietrich” ante la ausencia total de un marco regulatorio del sector como consecuencia de la caída de la ley 12.346 que regulaba todo lo atinente al transporte automotor.

“La ley 26.939 que aprueba el Digesto Jurídico Argentino declaró expresamente que la 12.346 no se encuentra vigente conforme surge del Anexo II en el Segmento Transporte y Seguros Numeral 34, con lo cual todo el sistema se encuentra sin una norma que permita que el Estado regule la actividad a la que destina millonarios subsidios mensuales”, precisó la denuncia.

Con los elementos y las pruebas aportados, la asociación de usuarios reclamó una “inmediata investigación de la OA a efectos de adoptar las medidas correspondientes para hacer cesar las ilegítimas omisiones y a su vez denunciar penalmente a los responsables, tanto sean autoridades, como particulares que pudieran estar involucrados”.

A las pocas horas del mortal accidente de San Rafael, desde el organismo regulador salieron rápidamente a difundir que el ómnibus “con patente EEZ673 que volcó el domingo en la ruta nacional 144 en cercanías de la ciudad mendocina de San Rafael y causó al menos 15 muertos no estaba habilitado, ya que había sido dado de baja el 12 de diciembre de 2016".

El ómnibus, que volcó cuando trasladaba a un contingente de chicos de una escuela de danzas del municipio bonaerense de Malvinas Argentinas, "tomó rutas alternativas para evadir los controles planificados, por lo que las pericias para determinar las causas del accidente están en curso", señaló el comunicado de la CNRT.

Esas explicaciones oficiales no lograron ocultar ni responder el interrogante clave que resuena cada vez con más fuerza entre los especialistas y empresarios del transporte: ¿Por qué el sector sigue operando en una nebulosa legal y sin marco regulatorio específico?

A mediados de mayo, un fallo de la Cámara Contencioso Administrativo Federal, al hacer lugar a una medida de no innovar reclamada por una compañía de ómnibus de larga de distancia, reconoció que existe un “estado de incertidumbre jurídica” debido a que la ley 26.939 que aprobó el Digesto Jurídico Argentino (DJA) declaró como “norma general no vigente” a la ley 12.346 que regulaba todos los servicios y la actividad de las empresas dedicadas al transporte automotor de pasajeros.

Con ese fallo, los jueces de la Sala III Jorge Argento, Sergio Fernández y Carlos Grecco le advirtieron al Gobierno que los ómnibus carecen de una ley regulatoria y que todas las empresas que prestan servicios de pasajeros tienen sus permisos y concesiones en el aire y sin sustento alguno.

Antonio Rossi