Al parecer los legisladores que aprobaron la ley creen que las mayorías simples que obtuvieron en las votaciones respectivas poseen el poder suficiente para cambiar la realidad. A su vez, el informe del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, sostiene que el número de desaparecidos durante la última dictadura fue de 6.348 (662 casos ocurrieron durante el gobierno de Isabel Perón), Luego, la diferencia entre la cifra de la legislatura, que ya es ley provincial, y la oficial del Ministerio de la Nación es casi de un 80% ¿Acaso se trata de un error? Para nada. Treinta y cinco años de gobiernos constitucionales fueron más que suficientes para que familiares o allegados de personas desaparecidas hayan denunciado esa situación en los organismos correspondientes estatales y no estatales. Que son 30.000 no es un error sino una burda y cochina mentira. Mentira que Bonafini y Carlotto esgrimen con cinismo impune contra la montaña de evidencias que la refutan y mentira con la que los legisladores bonaerenses envilecen la política. No existe un solo fundamento en los considerandos de la ley que avale la cifra de 30.000. Apenas y como si se tratara de una gran verdad una cita, que a los efectos nada agrega, de la carta abierta del terrorista-homicida Rodolfo Walsh. Si Buenos Aires fuera provincia de verdad y no de mentira y si este país no fuera bananero, la sola presentación del mendaz y evidente proyecto de ley hubiera desencadenado sobre su autor, el legislador kirchnerista Darío Díaz Pérez, el correspondiente juicio político y destitución. Como es obvio sucedió lo contrario. Ni el sindicalista opositor Baradel, ni el ministro de Educación, Esteban Bullrich, ni los becarios del CONICET, ni obispo alguno de la Conferencia Episcopal Argentina, ni Carrió, Lanata, Leuco o Nelson Castro se pronunciaron en contra de semejante atentado a la verdad. Son COM-PLI-CES. Tampoco, la gobernadora Vidal acusó recibo. Ahora tiene la obligación de vetar la patraña convertida en ley so pena de convertirse en encubridora del delito de envenenar a los niños vía los textos escolares. De no suceder tal cosa estamos en el horno. La posibilidad de que, de oficio, algún fiscal se ocupe de denunciar a los legisladores ante la justicia es más que remota si tenemos en cuenta que la gran mayoría de ellos repite la mentira de los 30.000 en los juicios de lesa humanidad.

Usar el poder del Estado, aventando el odio hacia al colectivo de las FF.AA. instalando, por ley, 24.000 crímenes que jamás sucedieron bien podría encuadrarse tranquilamente en la figura de crimen de lesa humanidad. El cual no prescribe y por él que, si llegamos a recuperar al país de la decadencia en que está sumido, los corruptos y los pusilánimes tendrán que rendir cuentas de su traición.

Mauricio Ortín