Según establece la nueva normativa, “sancionarán con arresto de entre 5 y 30 días o multas de entre el 50% y el 100% del haber mensual de un oficial subyacente de la Policía de la Provincia de Buenos Aires a la persona que, invocando un vínculo con el alumno, dentro del establecimiento de gestión pública o privada o en las inmediaciones, hostigue, maltrate, menosprecie o perturbe emocional o intelectualmente a un trabajador de la educación, sea docente o no”.

Ademas sancionarán a quien “insulte” a un docente o auxiliar “o provoque escándalo”, a quien “ejerza actos de violencia física”, “perturbe de cualquier manera el ejercicio de la función educativa” o “ingrese sin autorización a un establecimiento educativo y no se retire a requerimiento del personal docente o no docente”. Las penas también alcanzarán a quien arroje “un elemento de cualquier naturaleza” a un trabajador de la educación o “contra un bien de utilidad educativa”, con lo que se incluye a los edificios escolares. En ese sentido, las acciones mencionadas “ se duplicarán” en caso de cometerse frente a otros alumnos.

El proyecto, presentado por el Poder Ejecutivo provincial, había ingresado, meses atrás, a la Cámara de Senadores bonaerense, amparada por el presidente de la comisión de Educación y referente de Cambiemos, Juan Pablo Allan. 

En su texto se advierte que la medida es motivada por “el notable incremento, en los últimos años, de acciones de violencia de padres y/o personas con algún vículo con alumnos sobre trabajadores docentes”.

Se informó que, a partir del trabajo de recolección de datos para impulsar este proyecto, se constató que el año pasado hubo un total de 230 casos. Todos fueron registrados dentro de escuelas o establecimientos educativos. Pero la cifra más impactante es que en ese período hubo 13 hechos sufridos por maestros en los que los agresores llevaron armas para amedrentarlos.