El proyecto fue aprobado con críticas de la oposición, que reclamó al Ejecutivo por no aportar durante el año datos respecto a la marcha de la emergencia durante su primera año de aprobación.
La iniciativa dispone que una vez que venza el plazo de la actual emergencia, el 26 de enero próximo, la misma quedará prorrogada por un año más.
El proyecto fue cuestionado por las bancadas peronistas. El diputado del bloque FpV-PJ, Andrés Quinteros, sostuvo que la aprobación de la prórroga es “un acto de fe”, y reclamó que “hubiera sido interesante que esta cámara para valorar los términos de la prórroga tuviera más información sobre lo hecho en ese plazo”.
El legislador pidió detalles al Ejecutivo sobre la cantidad del personal policial, las tasas de presentismo, la participación en la resolución de casos y la compra de insumos en el marco de la emergencia.
Por su parte, el diputado kirchnerista Marcelo Torres indicó que “la emergencia en seguridad le preocupa mucho al oficialismo, salvo cuando debió confeccionar el Presupuesto”. En ese marco, el legislador remarcó que el Ejecutivo “debería darle un presupuesto mayor al Ministerio de Seguridad si está tan preocupado en la emergencia”.

LA INICIATIVA
El proyecto había sido solicitado hace dos semanas por el ministro de Seguridad, Cristian Ritondo, a la salida de una reunión con los legisladores que integran la Comisión Bicameral de Seguimiento y Control para la Emergencia en Seguridad, un cuerpo justamente creado en la ley que habilitó la medida. 
En ese entonces, Ritondo resaltó la “necesidad de extender la emergencia para el año que viene”, y sostuvo que la medida “nos da una gran oportunidad de realizar compras, también nos sirve muchísimo en lo que tiene que ver con la estructura”.
La Emergencia en Seguridad y Servicio Penitenciario fue aprobada el 15 de enero pasado y entró en vigencia el 26 de ese mes, con su publicación en el Boletín Oficial. La norma rige por el término de doce meses, y faculta a los ministerios de Seguridad y de Justicia a “adoptar en forma inmediata todas las medidas que resulten necesarias en el marco de sus respectivas competencias” para lograr el objetivo de “resguardar la integridad física y los bienes de todas las personas”.
En ese marco, ambas carteras tienen la potestad de “adecuar y redefinir la estructura, misiones, competencias, funciones y acciones de las Policías y del Sistema Penitenciario de la Provincia de Buenos Aires; optimizar los recursos humanos, tecnológicos y materiales, así como la adecuada prestación del servicio en cada área; y garantizar derechos, condiciones, elementos de trabajo y hábitat laboral del personal policial y penitenciario”.
Para todas estas funciones, los ministerios tienen la posibilidad de apartarse de los pasos establecidos por los organismos de control con el fin de agilizar los trámites, aunque luego éstos deben revisar los procedimientos.