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17 de agosto de 2016

Massa reunió a sus íntimos para anticiparles que sería denunciado por Sueños Compartidos by Carlos Tórtora

Como se sabe, el ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido está investigado en la causa por presuntos delitos en el manejo de más de 200 millones de pesos de fondos públicos destinados al programa de construcción de viviendas por parte de la Fundación Madres de Plaza de Mayo. El expediente lo tramita el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi...

Acosado por múltiples procesamientos, la defensa de De Vido eligió en este caso la siguiente línea argumental: la nación le suministró fondos a muchos municipios para la construcción de las viviendas de las Madres pero la responsabilidad central del cumplimiento de los planes fue de los intendentes, quedando sólo para discutirse hasta dónde llegaban las responsabilidades del Ministerio de Planificación en el contralor del uso de los fondos.

Lo cierto es que una ola de procesamientos avanza ahora sobre el conurbano bonaerense con una matriz inequívoca: muchos intendentes y ex intendentes quedarían atrapados en causas penales por las sobrefacturaciones, el pago de viviendas no construidas, etc.

En este sentido, Merlo es un leading case. El intendente del Merlo, Gustavo Menéndez, denunció a su antecesor Raúl Othacehé por presunto enriquecimiento ilícito y defraudación por la construcción de centenares de viviendas para lo cual el municipio bonaerense recibió fondos nacionales.

La presentación fue realizada ante el juez federal Ariel Lijo en los tribunales federales de Retiro y Menéndez estuvo acompañado por el titular de la Fundación La Alameda, Gustavo Vera.

El intendente consideró en la denuncia que debe darse "inicio a una pesquisa integral, dado que lo manifestado en la denuncia amerita actuar en tal sentido y dar respuesta concreta a la sociedad acerca de las conductas denunciadas, que podrían ser constitutivas de los delitos de defraudación en perjuicio de la administración pública nacional".

También se aludió al posible "enriquecimiento ilícito de funcionarios y empleados y lavado de activos".

En concreto, se denunció que en el municipio debían haberse construido 700 viviendas en tres programas diferentes, para lo cual se recibieron transferencias por parte del Estado nacional, pero que las casas nunca han sido finalizadas, según los denunciantes.

En cuanto al posible enriquecimiento, se pidió investigar si el ex intendente cometió ese delito durante sus 24 años de mandato en Merlo, y también se solicitó que la pesquisa abarque a familiares y posibles testaferros.

"No se ha podido determinar si efectivamente trabajaron -o no- en la municipalidad a lo largo de estos 24 años; lo cierto es que recae sobre ellos la sospecha de que podrían ser testaferros de aquellos que sí ocuparon cargos públicos, ya sea como funcionarios o bien como empleados", explicó sobre ellos Menéndez.

Tsunami en las costas de Tigre

En el caso concreto de Sueños Compartidos, la ola amenaza ahora al hombre clave de la política bonaerense: Sergio Massa. Éste, en un gesto que no es frecuente en su estilo, reunió horas atrás a un grupo de dirigentes y legisladores nacionales y provinciales para anunciarles que, en el marco de una inminente ofensiva para averiar su probable candidatura a senador nacional por Buenos Aires el año que viene, sería inminente una denuncia penal acusándolo de defraudación al estado nacional por sobreprecios en la construcción de varios cientos de viviendas de Sueños Compartidos. La denuncia se concentraría en lo ocurrido en el asentamiento de Villa El Garrote cuando Massa era intendente y su esposa Malena Secretaria de Política Sanitaria y Desarrollo Humano. En una parte de su larga declaración ante la justicia, Sergio Schoklender mencionó el hecho de que en Tigre los pagos de las obras pasaban por la esposa de Massa.

Ahora, en medio de un mani pulite tal vez único en la historia argentina, el tigrense empezó a abrir el paraguas y a prepararse para entrar en un juego sucio al cual siempre le escapó.

Las recientes giras de Malena por distintas localidades de la provincia, insinuando que sería candidata a algo el año que viene, formarían parte de las maniobras defensivas. Es decir, plantear que se ataca judicialmente al matrimonio Massa porque están dispuestos a competir con el PRO y pueden derrotarlo.

Esta nueva situación ha generado una nueva situación en el entorno del líder renovador: si las denuncias se concretan, ¿lo mejor es acusar al gobierno de estar detrás del tema o simplemente defenderse tratando de no romper lanzas con Mauricio Macri, lo que llevaría a una inevitable ruptura con María Eugenia Vidal y a que el massismo pierda los cientos de cargos que ocupa hoy en la administración provincial? Todo un dilema pero no el único. Como un tsunami, la ofensiva anticorrupción será inexorablemente el eje de la próxima etapa electoral.

Carlos Tórtora

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