¿Por qué sucede? Porque:

1. los gobiernos no peronistas asumen con dificultades para asegurar la gobernabilidad, en un país federal donde los justicialistas controlan el Senado y pueden convertirse en un obstáculo;
2. los líderes sindicales, mayormente peronistas, siempre son huesos duros de roer a la hora de establecer alguna suerte de paz social que no potencie la puja distributiva; y
3. la propia necesidad de un ajuste agrava los 2 primeros factores.

Los 2 grandes ajustes con mayor grado de éxito -en el sentido que terminaron desembocando en procesos de inflación controlada y recuperación económica por un tiempo- los hicieron peronistas, dado que controlaban en parte los factores 1 y 2. De ahí que siempre exista el interrogante sobre la gobernabilidad en manos de un mandatario no justicialista.

Frente a este debate surgen siempre 2 reacciones clásicas:

1. los que dicen que no hace falta, porque en la Argentina cada sector hace lo que quiere y el Estado no tiene poder para realizar un arbitraje efectivo; y
2. los que siempre ponen de ejemplo el Pacto de la Moncloa, sin el cual -se asegura- España no podría haber tenido tantos años seguidos de crecimiento ordenado.

A favor del primero se debería decir que la sociedad argentina es suficientemente compleja y conflictiva como para ponerla en caja, y que la única manera de ordenar las cosas es con un peronista que actúe con mano de hierro y habilidad política. Para atenuar un poco esa visión se deberá decir que el Diálogo Argentino de 2002, impulsado por la Iglesia Católica y avalado por Duhalde, tuvo alguna incidencia.

A favor del segundo solo existen ejemplos extraños a nuestra historia. De modo que nunca se sabrá hasta que alguien lo intente.

En las últimas semanas se conocieron varias anécdotas de la disconformidad del oficialismo gobernante con la actitud de algunos empresarios. Desde las denuncias altisonantes de Carrió, hasta los ruegos públicos del propio presidente, pasando por alguna declaración fuerte del radical Ernesto Sanz.

En el medio de todo este batifondo del debate sobre la llamada ley anti despidos, algunos opositores moderados -como Massa y Urtubey- le solicitaron a Macri que llame a un acuerdo económico y social. Este pedido también forma parte de la agenda de la UCR planteada en la mesa chica de Cambiemos que se reúne todos los martes.

En el marco de un gobierno que hace del diálogo y su capacidad de aprendizaje 2 virtudes, nada se debería dar por cerrado. Sin embargo, el interpretar que las causas de la inflación son exclusivamente monetarias, y confiar en la buena voluntad de los actores políticos y sociales, va en contra de la necesidad de un acuerdo de ese tipo.

De todos modos, el escenario no queda acotado al ámbito de los actores sociales y económicos, salvo que el gobierno de turno controle ambas cámaras del Congreso. Como eso no sucede, el acuerdo no podría ser solo económico y social, sino también político con el peronismo blando y otras minorías.

Todo este debate permite sacar varias conclusiones:

1. Efectivamente, los actores sociales están acostumbrados a la pulseada dura, y usualmente se disparan a mejorar sus posiciones para una mejor capacidad de negociación.
2. El Estado argentino no dispone de las suficientes herramientas para encauzar un proceso de este tipo (parece que las opciones son “ruego” o “Moreno”).
3. A poco de andar el gobierno toma nota que la buena voluntad no alcanza, y que quizá un poco de Moreno no estaría mal.

4. Como siempre, en política jugarse todo a una sola opción es un riesgo mayúsculo: ni solo acuerdo, ni solo reducción de la emisión monetaria.
5. Las fuerzas políticas también cuentan en este contexto.

El presidente podría reflexionar que ni se sale de una dictadura con un gobierno de transición, ni estos sindicatos, empresarios, partidos y sus líderes son los de España de 1977.

Pero dado que el presidente actual por primera vez no es ni peronista ni radical, un intento concreto de establecer -aunque sea parcialmente- algún marco de acuerdo no le vendría nada mal a la Argentina. Sobre todo porque Macri no sufre las amenazas institucionales que padecía Adolfo Suárez.

Carlos Fara