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24 de abril de 2016

La complicada situación económica se siente fuerte en el interior

Pese a la devaluación y a la quita de retenciones, las producciones regionales aún están en problemas
"Ultimátum salarial a estatales: no hará otra oferta", "Casi toda la provincia en emergencia agropecuaria", "Paro yerbatero y situación de colapso", "Es inadmisible que no hayan empezado las clases", "Acá pone la plata el gobierno provincial, si no sería más grave".

Estos títulos de diario son reales y surgen de una selección tan arbitraria como representativa de los conflictos que desde hace semanas atraviesan a casi todas las provincias.

Las combinaciones varían, pero los ingredientes se repiten: parálisis de la obra pública nacional y pérdida de empleo; aumento de tarifas e impacto en la actividad industrial, comercial y el consumo; conflictos gremiales y crisis todavía palpables en buena parte de las economías regionales. Como corolario letal, las lluvias y crecidas de las últimas semanas con sus consecuencias sociales y económicas. Demasiado para economías castigadas por años de desmanejo fiscal y financiero. Lejos de las primeras señales de recuperación que -devaluación y quita de retenciones mediante- los pronósticos vislumbraban para las provincias a estas alturas de la gestión de Mauricio Macri, la mayoría de las provincias todavía bregan por esquivar el abismo.

En Entre Ríos se perdió toda la cosecha gruesa, están en crisis productores arroceros y lecheros, y las pérdidas se calculan en $6000 millones. Sólo la reconstrucción de infraestructura demandará $ 1200 millones. A ello se le suma el parate en la obra pública tras años de generosidad kirchnerista.

En Córdoba y Santa Fe, donde las pérdidas por las lluvias son igualmente graves (hay miles de hectáreas bajo agua y se perdieron millones de litros de leche), la situación política es inversa. El cambio de gobierno dio cierto aire. El cordobés Juan Schiaretti escuchó promesas de inversión por $ 270.00 millones para los próximos cuatro años y el santafecino Miguel Lifschitz, aliado de Cambiemos, quedó incluido en el Fondo de Emergencia que el Gobierno anunció el viernes para afrontar las inundaciones. También lo integran Corrientes, Chaco y Entre Ríos. Córdoba y Santa Fe ven con preocupación la falta de avances en la negociación para recuperar el 15 por ciento de coparticipación que la Corte Suprema ordenó devolverles a esos dos distritos y a San Luis. El resto aguarda precisiones sobre el plan de devolución escalonada que se acordó a principio de año.

¿Cómo se explica el retraso en la recuperación? Para Jorge Vasconcelos, economista jefe del Ieral, por la combinación de varios factores: lo que llama el "ciclo electoral de la construcción", la crisis fiscal de casi todas las provincias y el modo de implementar la quita de retenciones.

"En los años electorales hay un boom de la construcción y al año siguiente aparece la resaca", graficó ante la nacion. Precisó que el consumo de cemento tuvo su pico en el segundo trimestre del año pasado y que en el primer trimestre de este año (ambos períodos desestacionalizados) registró una caída del 15%. Apuntó además que la mejora de los precios relativos por la devaluación quedó rápidamente eclipsada por la inflación y que el retiro de las retenciones "debió haber sido más gradual".

Aldo Pignanelli también criticó la implementación de esa medida. El economista del massismo planteó que "el Gobierno se olvidó del impacto [de la retención] en el costo de los insumos para las economías regionales" y que debió prever un cupo de producción para destinar al mercado interno.

Desde el oficialismo el diputado Luciano Laspina defendió el modus operandi del Gobierno. Aludió a "los problemas fiscales de arrastre" y destacó que el freno en la obra pública comenzó en el último semestre de 2015. "Estamos avanzando con políticas a largo plazo. Las cosas no se resuelven de un día para otro. Salimos del default hace un día", dijo.

Hay provincias que conviven con una tríada explosiva: conflictos gremiales irresueltos, economías regionales aplastadas y obra pública suspendida.

En Buenos Aires, la Justicia ordenó al gobierno de María Eugenia Vidal reabrir las paritarias municipales, por las que ATE sostiene un conflicto desde enero.

En Mendoza, el radical Alfredo Cornejo decidió cerrar la paritaria docente por decreto y va camino a hacer lo mismo con la de los estatales, con quienes sostiene una guerra fría desde hace semanas. Al foco de tensión gremial se suma el reclamo del sector vitivinícola. Más allá del despegue, aunque lento, de las exportaciones, los pequeños productores no logran salir a flote y acusan grandes pérdidas de rentabilidad.

Algo similar ocurre en Río Negro. Pese a la quita de retenciones y la devaluación, en los últimos meses hubo más de 500 despidos en empresas frutícolas y cerraron plantas de empaque. En paralelo, los estatales de ATE están enfrentados con el gobierno, que sólo negocia con UPCN.

En Misiones el freno en la obra pública se combina con un paro de yerbateros y en Neuquén y Chubut, con la caída del precio del petróleo y los despidosor. Jujuy recibió adelantos para reactivar la obra pública pero enfrenta amenazas de quiebre en la producción de tabaco y azúcar.

Párrafo aparte para Santa Cruz, que arrastra un déficit de $ 7000 millones y donde se perdieron 12 días de clase (las paritarias docente y estatal están estancadas), y Tierra del Fuego, donde los estatales están de paro desde hace casi dos meses y las clases nunca empezaron.

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