Mediante aprietes a los españoles por la falta de inversión y los retiros que la misma Argentina había autorizado. Por eso los funcionarios permanentemente decían que no íbamos a pagar nada. Esto se paralizó porque ya habían avanzado las investigaciones en España y en Brasil. Ya había arrepentidos. A los K no les alcanzaba con tener hoteles y propiedades; necesitaban ser petroleros.

Hasta los españoles dicen que, al momento de la expropiación de Repsol, la empresa tenía un saldo positivo de 8.813 dólares; es decir, se habían llevado ese dinero sin que fueran utilidades, que es una empresa que evade impuestos, que no es una empresa española sino que tiene sede en España, pero además, trece filiales en paraísos fiscales, no respeta el medio ambiente y vulnera a las comunidades mapuches, como sucedió con Cerro Bandera y Loma de la Lata.

Todo esto está corroborado por el Observatorio de la Deuda en la Globalización (ODG), el Observatorio de las Multinacionales en América Latina (OMAL), Ecologistas en Acción (Alsur-Las Segovias) y Associació Catalana D'Enginyeria sense Fronteras (ESF) y miles de españoles que se han expresado en contra de la defensa que hacía Rajoy de esta empresa.

ESTO NO TIENE OTRO NOMBRE: ES CORRUPCIÓN

La expropiación de Repsol-YPF fue realizada para tapar la corrupción, ya que se distribuyeron durante los últimos años utilidades que no existían. Se llevaron más de 12.000 millones de dólares con esta mecánica y el grupo Eskenazi compró una parte de la empresa sin dinero. Esto está debidamente comprobado por peritos de la Corte Suprema de Justicia y por una ONG que dirige un conocido perito forense. Pero además de eso, el valor según balances es de 2.300 millones de dólares. El valor que tenía al momento de la expropiación era de menos de 4.000 millones de dólares y el pasivo que dejó Repsol al momento de la expropiación era de 9.000 millones de dólares. Y ahora, a las apuradas, el tribunal de tasación -dominado totalmente por los K- dijo que el precio es correcto.

La mecánica de la corrupción en la Argentina fue similar en todos los casos: el dinero se fuga al exterior, ya que es imposible justificar los montos, por los sobreprecios, los retornos y otros rubros. Pero además, las causas están todas planchadas. La expropiación de YPF fue para ocultar la compra sin fundamento y sin dinero que realizó Néstor Kirchner, con la familia Eskenazi. Si esto fuera poco, la falta de control en las inversiones y permitir la distribución de utilidades que la privatización no había previsto. Se expropió justamente para todo esto: para evitar investigar todos estos actos irregulares -que son delitos-, cuando se hubiera podido rescindir el contrato con Repsol por falta de cumplimiento, sin derecho a ningura indemnización. Pero claro, en esto estaban involucrados los K y ahora todos nosotros, es decir, el Estado pagó a Repsol 10.000 millones de dólares en diez años, cuando la Argentina podría haber pedido indemnización. Esto es lo que produce la corrupción.

La operación fue la siguiente: en diciembre del 2007, Repsol y el grupo Peterson firmaron un acuerdo para que la familia Eskenazi adquiriera el 14,9% por 2.235 millones de dólares, 50% con un crédito del Suisse Credit (que es el mismo banco adonde Néstor Kirchner transfirió los fondos de Santa Cruz) y el otro 50% lo financió Repsol, es decir, sin un dólar. Luego siguieron comprando y llegaron al 25%. Esta modalidad de compra es la que hay que analizar. Se hicieron del 25% sin un solo dólar y con esta misma mecánica pretendieron comprar otro 26%, para ser dueños de la empresa con testaferros.

La misma implementación en el caso Boudou-Ciccone, Schoklender y la empresa que controla SUBE. Todas estas causas tienen muchas cosas en común y son también motivo de la fuga y lavado de dinero al exterior. Todo esto tiene su fundamento en lo que dicen los distintos organismos internacionales sobre la corrupción en la Argentina. El GAFI dice que el gobierno anterior no realizó nada para evitar la corrupción porque sus autoridades estaban involucradas en esto.

El Consorcio de Periodistas de Investigación (ICIJ) elaboró un informe especial sobre nuestro país donde describe una alto grado de corrupción. El informe de Hillary Clinton al Congreso de los EEUU de los años 2009/12, donde hace saber el alto grado de corrupción, sumado a lo informado por el IPC (Índice de Porcentaje de Corrupción), nos ubica como un país que no cumple con los niveles mínimos de corrupción, junto con Venezuela, Paraguay, Afganistán, Corea del Norte y Somalia. El último informe al Congreso de los EEUU todavía es más lapidario sobre el desarrollo de la corrupción en la Argentina.

En España, en la causa Gurtel, en la que interviene el Juzgado de Instrucción N° 5 de la Audiencia Nacional, a cargo del Dr, Pablo Ruz, que investiga el caso Barcenas, la corrupción, los sobresueldos, también se investiga a la Argentina, en especial a esta empresa y otras, la conexión Argentina-Brasil.

En Uruguay, el juez Néstor Valetti, la fiscal Mónica Ferrero y el fiscal Juan Gómez investigan todas estas conexiones.

1. Los imputados son funcionarios públicos.
2. Las empresas imputadas son off shore, es decir, internacionales, porque sus constituciones se realizan en el exterior y son registradas en la Argentina.
3.  Se vislumbran sobreprecios en el servicio a prestar.
4. Forma y modo de contratación: puede ser directa o en el caso de ser por licitación publica, lo hacen de manera totalmente digitada.
5. La forma y modo de esconder las sumas por los sobreprecios y la corrupción es a través del lavado de dinero, el giro al exterior de estas sumas.
6. Los fines para los cuales se constituyen estas empresas nunca terminan por cumplirse con su objeto, salvo el de la corrupción.

Ninguno de estos hechos fue investigado por los fiscales de oficio o por la Fiscalía de Investigación Financiera.

En todos estos contratos hubo ausencia de contralor. Es decir, no hubo intervención de la UIF, AFIP, IGJ. En la causa Ciccone hubo ausencia por parte de la Casa de la Moneda.

El anterior Gobierno Nacional reconoció las irregularidades -delitos- y producto de ello es que han rescindido los contratos con las empresas intervinientes en el caso Schoklender y en el caso SUBE. Mientras que en el caso Boudou-Ciccone se ha dictado un decreto para expropiar, como en el caso de YPF-Repsol.

Pero en ninguno de estos cuatro casos han hecho referencia al perjuicio económico que se ha producido al estado por esos contratos. Por eso, esta expropiación, que podría haber finalizado con una rescisión de contrato con indemnización a nuestro favor, termina con una deuda para el próximo gobierno de más de 20.000 millones de dólares. Esto es lo que produce la corrupción: deuda más deuda. Pero además, ya se pagó mediante un vaciamiento acordado de corrupción por el orden de los 12.000 millones de dólares y, además de todo esto, hoy pagamos un valor superior al real de libros y del mercado con la agravante de que Repsol aún tiene un paquete de acciones de más del 10%, que no entra en este convenio.

Por todo esto, es necesario que los jueces paren este latrocinio que ya nos costó 12.000 millones de dólares. Y ahora se le agregan 10.000 millones, cuando el valor de libros es 2.300 millones. El pasivo es de 9.000 millones y, además, se suman ahora los juicios que tenga Repsol en la Argentina. El congreso no lo realizó; por eso lo deben de hacer los jueces.

¡Qué razón tenía el ex ministro de economía cuando decía que la indemnización era cero dólares! Pero ahora estamos pagando cuatro veces más el valor real, cuando lo justo hubiera sido que la Argentina rescindiera el contrato antes de expropiarlo y fuera Repsol la que tuviera que indemnizar.

En estas operaciones realizadas por los K, cuanto menos, hay malversación de caudales públicos, violación de los deberes de funcionarios públicos y negocios incompatibles con la función pública. Y quizás se descubra también la vía por donde se fugaron los fondos de Santa Cruz.

Dr. Jorge Luis Vitale

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