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28 de marzo de 2016

Gradualmente, la lucha por el poder está volviendo a Comodoro Py by Carlos Tórtora

Macri culminó la mejor de sus semanas como nuevo presidente al ser un exitoso anfitrión del jefe de estado más importante del mundo. Una descripción simplemente objetiva de la situación interna indica que, como suele ocurrir en los primeros meses, el gobierno ejerce el poder sin oposición. Su contrincante clásico, el cristinismo, pasó a la defensiva, porque los escándalos que envuelven a Cristóbal López y Lázaro Báez hacen que el entorno en pleno de CFK esté más dedicado a visitar los estudios jurídicos penalistas de sus amigos que otra cosa.

Sergio Massa, por su parte, continuará siendo un aliado semiconfiable del gobierno hasta al menos finales de este año, cuando deba decidir si se lanza a capturar la primera senaduría nacional por Buenos Aires, trampolín presidencial para el 2019 en este caso. En cuanto a los gobernadores peronistas, que son una amenaza latente importante para CAMBIEMOS en las urnas, tratarán de que el 8 de mayo próximo el PJ no se quiebre y soporte una elección interna.

Pero está claro que ninguno de los mandatarios provinciales tiene capacidad -o por lo menos intención- de ejercer un liderazgo opositor nacional como los que, desde la oposición asumieron en otras épocas Antonio Cafiero y Carlos Menem. Juan Manuel Urtubey es, sin duda, el gobernador que la propia Casa Rosada quiere inflar para que le haga de contrapeso a Massa. Pero el salteño es de ritmo cansino y se hace notar más por su novia Isabel Macedo que por otra cosa.

En este aparente paraíso sin oposición real pero con creciente malestar social, el macrismo empezó a lanzar señales en dirección a algunos jueces federales para que se movilicen en su lucha contra la corrupción. Los videos en la financiera SIG con el grupo de amigos de Lázaro Báez contando millones son muy efectivos para canalizar el justo resentimiento social contra el saqueo sistemático de las finanzas públicas por el cristinismo.

Sin embargo, el destape judicial que se insinúa tiene doble filo.

La Cámara Federal de Casación Penal deberá definir en las próximas semanas si revoca una decisión y acepta que una grabación sea incorporada a la causa Skanska. El caso Skanska fue uno de los primeros hechos de corrupción del kirchnerismo. Se trató del pago de sobornos de directivos de la empresa sueca a funcionarios nacionales para la ampliación de dos gasoductos. El expediente tuvo una prueba reveladora: la grabación en la que un directivo de la compañía confesaba las coimas. Pero la Cámara Federal anuló la prueba para ser valorada. Si eso ocurre, el caso puede tener un vuelco ya que hoy se encuentra cerrado.

El diario Perfil reveló en noviembre de 2006 que la empresa Skanska emitía, a través de empresas fantasmas, facturas falsas para evadir impuestos y ocultar el pago de sobornos a funcionarios del Ministerio de Planificación Federal, que dirigía Julio De Vido, para obtener la ampliación de los gasoductos del sur y del norte.

Se iniciaron dos causas judiciales. Una, en la justicia federal, a cargo del juez Norberto Oyarbide, por el caso de corrupción, y otra, ante el juez Penal Tributario Javier López Biscayart por evasión tributaria en el uso de facturas falsas por parte de la empresa.

En un allanamiento a la empresa, López Biscayart encontró una grabación en un servidor de la compañía entre el entonces gerente comercial de Skanska, Javier Azcárate, y el auditor interno Claudio Corizzo. En esa conversación, Azcárate reconocía que la empresa había pagado sobornos a Enargas y a Nación Fideicomisos.

Pero los jueces de la Sala I de la Cámara Federal Eduardo Freiler y Eduardo Farah declararon nula la prueba porque señalaron que se realizó sin control judicial y era una autoincriminación de Azcárate y por lo tanto no es válida como prueba.

También revocaron los procesamientos del entonces secretario de Energía de la Nación, Daniel Cameron, del interventor del Ente Regulador del Gas (Enargas) Fulvio Madaro y del titular de Nación Fideicomisos, Néstor Ulloa, y de varios directivos de Skanska.

El tribunal se basó en una pericia que concluyó que no se pagaron sobreprecios en las obras de los gasoductos y que, por lo tanto, no hubo coimas. El fiscal de la Cámara, Germán Moldes, no apeló el fallo. Pero sí lo hizo el titular de la Fiscalía de Investigaciones Administrativas (FIA), Manuel Garrido.

La causa entró en una discusión respecto de si la FIA podía continuar el caso cuando el fiscal de la causa no lo hacía. La Corte Suprema de Justicia le dio la razón en diciembre pasado a la FIA y ordenó que se vuelva a analizar el caso.

Así, la Sala IV de Casación, integrada por los jueces Ángela Ledesma, Mariano Borinsky y Juan Carlos Gemignani deberán resolver si confirman o no el uso de la grabación. Para eso citaron a una audiencia que se realizará el próximo jueves con todas las partes del caso.

La ex FIA, actual Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), a cargo de Sergio Rodríguez, sostiene que la prueba es válida porque las grabaciones entre particulares no tienen los mismos requisitos que las hechas por el estado. Además, considera que, si bien fue una grabación oculta, Azcárate no fue inducido durante la charla a revelar las coimas.

Si reabren la causa, hay que ver cómo impactaría, porque hoy los sobreseimientos están firmes. Las particularidades del caso Skanska son dos: que afecta en parte a empresarios del tronco macrista y, en segundo lugar, que junto con su cierre se produjeron negociaciones que dieron mucho que hablar en su momento. Para empezar, la historia de Skanska es densa. Esuco, la compañía de Carlos Wagner, ex presidente de la Cámara Argentina de la Construcción, formaba parte de otra UTE, llamada Caminos del Valle SA, que estaba sospechada en escandalosas causas de corrupción e integrada por otros actores de la Cámara Argentina de la Construcción. Por ejemplo, Burgwardt y CIA, la constructora perteneciente a Juan Carlos Burgwardt, suplente de la comisión revisora de cuentas de Camargo. Pero también Kank y Costilla S.A., que cuenta entre sus socios a Myriam Elisabet Costilla, la ex esposa de Ricardo Benedicto, uno de los socios desconocidos del imperio del juego de Cristóbal López, el máximo exponente de los empresarios K.

La historia indica que cuando Cristóbal López todavía era un simple hombre de negocios de Santa Cruz, su competencia más fuerte estaba encarnada en Burgwardt S.A., cuyo gerente general era el propio Ricardo Benedicto, y que fue él quien lo convenció para que entrara en el mundo del juego, con el que hoy gana millones de dólares.

Kank y Costilla S.A. es otra de las grandes beneficiadas de la obra pública en la provincia de Santa Cruz. Según un informe elaborado en 2005 por la gobernadora de Tierra del Fuego, Fabiana Ríos (CC), esta empresa “fue penalmente denunciada por la AFIP de Comodoro Rivadavia por una importante evasión fiscal, facturas y sellos apócrifos, maniobra que permitiría el lavado de dinero y el pago de comisiones”, en una causa que involucra nuevamente a Julio De Vido como facilitador en los procesos licitatorios.

La cuarta empresa integrante de la UTE Caminos del Valle es Contreras Hermanos, investigada por supuesto lavado a raíz de un reporte de operación financiera sospechosa elevado por el Banco Francés en 2007, por el que advirtió que dos empleados de la firma, que ganaban un sueldo promedio de 4.500 pesos, depositaron 1.143.967 pesos en efectivo de la sucursal Neuquén del Banco Francés e inmediatamente fueron retirados por otro empleado en la sucursal Río Gallegos.

Contreras Hermanos tuvo el “14,28 por ciento de las obras públicas de Santa Cruz”, de acuerdo a la denuncia de la líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, contra el ex Presidente Néstor Kirchner por supuesta asociación ilícita.

Las empresas fantasma

Tamaños antecedentes se suman a una de las denuncias más resonantes de la era kirchnerista, en la que también está involucrada Caminos del Valle: el caso Skanska.

Esta investigación empezó a fines de 2006, cuando la casa matriz de la compañía sueca Skanska admitió “irregularidades” en el pago de impuestos de su filial argentina, lo que dio lugar a un proceso por evasión tributaria por medio de facturas de empresas fantasma y luego a otro por cobro de sobreprecios y presuntos sobornos.

La maniobra sospechada es que uno de los gerentes encabezaba una compañía que se encargaba de emitir facturas falsas, con las que Skanska disimulaba los pagos por la ampliación del Gasoducto del Norte durante el gobierno de Néstor Kirchner.

Con la conjetura de que podían haberse llevado a cabo maniobras similares a las de la compañía sueca, el ex fiscal Anticorrupción Manuel Garrido averiguó qué otras empresas registraban operaciones por más de 30.000 pesos con las firmas fantasma que había usado Skanska. Luego determinó cuáles tenían o habían tenido contactos con el Estado.

El resultado fue un grupo de nueve empresas, que reconocieron operaciones con las firmas consideradas como fantasma por más de 15 millones de pesos en total. La cifra en juego es justo la misma cantidad que, según la Justicia, pagó Skanska. Caminos del Valle está en esa lista.

El caso Skanska y los sobreprecios en Yacyretá no son las únicas denuncias que salpican a integrantes de la Cámara Argentina de la Construcción. Hay más.

Antes de renunciar al cargo de titular de la Fiscalía de Investigaciones Administrativas, a principios de 2009, el fiscal Garrido denunció escandalosas irregularidades en la prórroga de la concesión del corredor 29, que une Cipoletti con Neuquén.

La acusación vincula a la Unidad de Renegociación y Análisis de Contratos de Servicios Públicos (UNIREN) con Caminos del Valle.

Garrido detectó que en la renegociación se otorgaron a la firma “ventajas indebidas que han resultado perjudiciales para los intereses del Estado nacional”.

“Es un resultado que se parece demasiado a una concesión de obra pública por peaje, pero sin obra pública”, sostuvo el fiscal en la denuncia.

Todos en todo

La lista de las conexiones entre los integrantes de la Cámara Argentina de la Construcción, las firmas que presiden, las adjudicaciones de obra pública para el Estado que obtienen esas empresas y las vinculaciones con causas de sobreprecios y corrupción en las que están implicadas, parece interminable.

El protesorero de Camargo es Gustavo Weiss, propietario de Eleprint S.A., otra de las favoritas en obras viales de Santa Cruz, investigada en el caso de los sobreprecios de las obras en Yacyretá y vinculada también a las operaciones dudosas del caso Skanska: sospechan que facturó más de 6 millones de pesos como empresa fantasma.

Hay, además, un dato que llamó la atención del juez Javier López Biscayart: de acuerdo a una fuente judicial, Weiss habría sido socio del ex CEO de Skanska Mario Piantoni y del gerente de esa empresa, Héctor Obregón.

Angelo Calcaterra, primo de Mauricio Macri, era vocal de Camargo. Está al frente de la empresa familiar Calcaterra S.A. y es propietario de Creaurban e IECSA S.A., otra de las sospechadas en el caso Yacyretá. Las constructoras habrían aportado alrededor de 400.000 pesos para la campaña presidencial de Cristina Kirchner.

A Calcaterra se lo conoce por los fuertes vínculos que mantiene con Julio De Vido y con el secretario de Transporte, Juan Pablo Schiavi. Fue uno de los miembros del consorcio del tren bala.

Calcaterra S.A. tiene a cargo las tareas sobre el arroyo Maldonado, una iniciativa que estaba parada por orden judicial, sospechada de sobreprecios. La empresa del primo de Macri fue contratada, además, junto a Supercemento SAIC, por el ministerio de Planificación, en el marco del Plan Federal de Viviendas, para construir 1.099 casas en Monte Grande. Esa adjudicación también estaba sospechada por sobreprecios, que alcanzarían el 98 por ciento del valor calculado.

Así y todo, a principio de 2009, el Gobierno nacional le otorgó a Calcaterra S.A. e Isolux la adjudicación de las centrales térmicas de generación eléctrica en la localidad de Ensenada y en la santafesina Sauce Viejo, cubriéndole el costo del emprendimiento con una inversión que iba a superar los 3.000 millones de pesos.

Una eventual reactivación del caso Skanska pondría sobre el tapete las sospechas que acechan al Grupo Calcaterra, del riñón macrista. Pero además revolvería otro tema.

Montenegro

El costado más espinoso de Skanska es justamente el aparente final de la investigación La Cámara Federal notificó oficialmente que el caso de corrupción conocido como Skanska pasaría a partir del 11 de abril del 2008 a manos del juez federal Norberto Oyarbide, que se hará cargo momentáneamente de todos los expedientes del juzgado que dejó vacante el ex juez y ex ministro de Seguridad porteño Guillermo Montenegro.

Fuentes judiciales confirmaron a Infobae.com que Oyarbide recibirá el expediente que actualmente se encuentra en el juzgado del juez Sergio Torres y en el que aún no fueron resueltas las situaciones procesales de los indagados, entre ellos dos ex funcionarios del gobierno imputados en el caso en el que se investiga la ampliación de un gasoducto.

De esta forma, el juez Oyarbide tuvo en su juzgado los casos más resonantes que se ventilan en el fuero federal, entre ellos los crímenes cometidos por la Triple A y el del ingreso irregular de autos para diplomáticos.

El caso Skanska fue abierto a partir de la confesión de la constructora sueca Skanska acerca del supuesto pago de coimas en la ampliación de un gasoducto. En la causa se investigaban los delitos de cohecho y además si Skanska y otras compañías cobraron sobreprecios.

Por otra parte, hay una investigación abierta en el fuero Penal Tributario a cargo del juez Javier López Biscayart que investiga la maniobra pero como una evasión fiscal. El magistrado dictó el procesamiento de ex directivos de Skanska y de Néstor Ulloa, ex gerente de Nación Fideicomisos y administrador de los fondos de esta obra pública. Si bien Montenegro llegó a indagar a Ulloa y a Fulvio Madaro, ex presidente del Ente del Gas, nunca resolvió su situación, como tampoco lo hizo el juez Torres.

¿Que había pasado en el medio? Macri había sido electo en octubre del 2007 jefe de gobierno y le ofreció a Montenegro ser su Ministro de Seguridad y Justicia. Éste aceptó y renunció a su juzgado facilitando que el caso Skanska quedara en manos de Oyarbide.

La síntesis final de esta trama está claramente descripta en un artículo del diario La Nación del 18 de noviembre del 2011 y que lleva por título: “Caso Skanska, ejemplo de impunidad”. Reproducimos el mismo: “La Sala I de la Cámara Federal ha dado un paso tan importante como nefasto para ampliar la impunidad con la que, en forma creciente, se protege a funcionarios y ex funcionarios sospechosos de graves actos de corrupción.

Lo hizo en el llamado caso Skanska, uno de los principales escándalos de la última década, asociado con en el presunto pago de sobreprecios y coimas durante la ampliación de los gasoductos.

Pues bien, no hubo pagos de sobreprecios ni de coimas, y el caso Skanska dejó de ser un caso para ser una simple ampliación de los gasoductos, según se desprende del fallo de los camaristas Eduardo Freiler, Jorge Ballestero y Eduardo Farah.

Lo preocupante es que uno de los principales argumentos de los magistrados es que la sospechosa ampliación de la red de gasoductos fue primordialmente una "decisión de gobierno".

En la misma resolución se sobreseyó por "inexistencia de delito" al secretario de Energía, Daniel Cameron, y al ex interventor del Enargas Fulvio Madaro, quien estaba procesado por cohecho y fraude. También se sobreseyó a ejecutivos de las empresas Transportadora de Gas del Norte y Transportadora de Gas del Sur, y se revocó el procesamiento de Néstor Ulloa, ex titular de Nación Fideicomisos. Ulloa está procesado en una causa paralela que tramita el juez en lo penal económico Javier López Biscayart, en la que se investiga una usina de facturas truchas, que entregó esos comprobantes a Skanska por servicios nunca realizados para justificar erogaciones de dinero que, se sospechaba, encubrían el pago de coimas a funcionarios.

Luego del fallo de la Sala I, aquella causa por evasión sería prácticamente lo único que quedaría en pie del caso Skanska, aunque aún es posible que el caso llegue a la Cámara de Casación.

La adjudicación de las obras fue una "decisión política de ampliar la red de gas" para aumentar el suministro, sostuvieron los camaristas. Recordemos que una de las licenciatarias, Transportadora de Gas del Norte, en reiteradas oportunidades le comunicó por escrito a Madaro que las constructoras, como Skanska, cotizaban las obras por encima de los precios de plaza. Pero finalmente Madaro dispuso, de todos modos, que las obras se realizaran.

Sostuvieron los camaristas en un fallo muy crítico sobre el juez instructor, Norberto Oyarbide, que no hubo sobreprecios y para ello se basaron en un cuestionado peritaje contable realizado por los peritos de la Corte Suprema de Justicia, avalado por el ministro de Planificación, Julio De Vido, y cuya nulidad había pedido el fiscal federal Carlos Stornelli.

Tampoco aceptaron la existencia de coimas para consentir los sobreprecios. Existe en la causa una grabación que menciona las coimas, pero esta misma Sala I la había declarado nula tiempo atrás. En esa grabación, un auditor de Skanska confesó que se pagaron "comisiones indebidas" y otro imputado declaró que funcionarios del Gobierno le pidieron que consiguiera las facturas falsas.

Conocido el fallo, el ex fiscal nacional de Investigaciones Administrativas Manuel Garrido expresó su asombro porque aún se está discutiendo en la Cámara de Casación la validez de la grabación. Por su parte, el Centro de Investigación y Prevención de la Criminalidad Económica (CIPCE) consideró que los sobreseimientos son "una nueva dosis de impunidad a la corrupción".

Por desgracia, es así. A diferencia de otros casos de presunta corrupción, Skanska posee amplia documentación probatoria. Pero, como puede advertirse, el camino de la impunidad se preparó primero al anular pruebas comprometedoras y, luego, al no tenerse en cuenta otras. De este modo, despojado de esos cruciales elementos, el hecho se reduce a una "decisión de gobierno".

A la lentísima instrucción del cuestionado juez Oyarbide le ha seguido ahora un escandaloso fallo de la Cámara Federal, que encierra todo un mensaje de tranquilidad a aquellos funcionarios comprometidos en casos similares. Y un mensaje de impunidad para los que en estos momentos puedan estar delinquiendo”.

Esta larga descripción de un caso complejo como éste lo que pone en evidencia es que, aunque lejos de poder compararse con la monumental corrupción kirchnerista, el macrismo también puede verse salpicado judicialmente. Esto en una batalla donde los fuertes operadores de la ex presidente harán de las suyas, con el objetivo de intentar una mega negociación política que le garantice impunidad a aquella y su círculo intimo.

La guerra por frenar o acelerar la revisión judicial de la década K recién acaba de comenzar.

Carlos Tórtora

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