Los Rodríguez Saá piensan en mover su alfil -la senadora Liliana Negre de Alonso- y reapareció un clásico, Ricardo Gil Lavedra, cuyo garantismo aumentó de modo geométrico a medida que los Kirchner se afianzaban en el poder. En la comisión redactora de la Reforma Procesal Penal, Gil Lavedra fue sin duda más extremo en sus posturas que el mismo Eugenio Zaffaroni, padre del garantismo criollo. De cualquier modo, aquél sólo cuenta hoy con el apoyo del sector que lidera Ricardo Alfonsín, en pleno retroceso en la interna de la UCR. Otro clásico para ocupar la vacante de Fayt es León Arslanián, pero ya cumplió 72, su estudio factura sumas multimillonarias y no se lo ve con deseos de empezar semejante aventura. En la short list siempre figura también Daniel Sabsay, prestigioso pero con escaso peso político detrás suyo.

El caso es que no hay tragedia alguna en una Corte que funcione provisoriamente sólo con 3 jueces, ya que votarían en cada caso los conjueces establecidos por ley, es decir, los presidentes de las cámaras federales.

Lo importante es lo que viene

Lo importante en este tema pasa por otro lado y es que la renuncia de Fayt crea condiciones más propicias para que el próximo presidente, sea Daniel Scioli o Mauricio Macri, se vea tentado de enviar al Congreso de la Nación un proyecto de ley para ampliar la Corte de 5 a 7 miembros. ¿El motivo? Quien sea presidente, pretenderá contar con una Corte que respalde las grandes políticas del gobierno. Y el caso es que ni Scioli ni Macri confían demasiado en el zigzagueante Ricardo Lorenzetti ni en Elena Highton de Nolasco, que luego de una larga trayectoria moderada en los últimos tiempos adhirió al progresismo judicial. Juan Carlos Maqueda, tal vez por su origen político, es, sin duda, el interlocutor del tribunal más confiable para la dirigencia política.

Si la Corte pasara a 7 miembros, los nuevos 4 pasarían a ser de una importancia fundamental para el futuro gobierno, tal vez más importantes que el propio Congreso. Es que la bomba de tiempo que el cristinismo deja prolijamente montada es de tal magnitud y complejidad que sólo una Corte Suprema sumamente activa y comprometida podría abrirle al próximo gobierno los caminos para hacer efectiva su gobernabilidad. A saber, la erradicación de la masa de funcionarios instalados por La Cámpora en la administración pública nacional sólo sería posible si la Corte avalara con un fallo la prescindibilidad de los mismos por distintas razones, como escasa antigüedad, falta de idoneidad, etc. En caso contrario, la cuestión podría judicializarse largos años. En el caso de la salida del cepo cambiario y de la fijación del tipo de cambios, sólo la Corte Suprema podría determinar criterios definitivos, al igual que con las tarifas de los servicios públicos y las múltiples leyes de emergencia, ya que en las instancias inferiores se multiplicarían los fallos contradictorios y la confusión aumentaría transmitiéndose a los mercados. El rol decisivo de la futura Corte se extendería también a la política internacional. Sólo una sentencia categórica del máximo tribunal podría declarar definitivamente la inconstitucionalidad del fatídico Memorándum de Entendimiento firmado con la República Islámica de Irán. Y ni que hablar sobre la necesidad de un pronunciamiento judicial definitivo sobre los abusivos DNU dictados por CFK, con mega modificaciones presupuestarias.

En síntesis, la madeja tejida por el kirchnerismo difícilmente se pueda deshacer desde un Congreso en el cual el mismo kirchnerismo tendrá un rol decisivo. Sólo la Corte Suprema estaría en principio en condiciones de garantizarle la gobernabilidad al próximo titular del Ejecutivo. Una Corte que esquive estas responsabilidades o que siga un rumbo ambiguo podría condenar al próximo gobierno a quedarse empantanado entre leyes que requerirán complejas negociaciones previas y fallos de distintas instancias que en muchos casos serán contradictorios y complicarán aún más la situación. Esto en medio de una economía ya sin fiestas ni esperanzas de bonanza alguna de corto plazo.

Carlos Tórtora