En los primeros títulos del proyecto -los más sensibles y que en el conteo preliminar también corrían riesgo de caerse- volvió a haber un empate: 35 votos a favor contra 35 en contra. Volvió a definir la vicepresidenta Victoria Villarruel.

Tal como se esperaba, votaron en contra de las delegaciones, además de Unión por la Patria, los radicales Martín Lousteau y Maximiliano Abad. Sorprendió que Pablo Blanco, que había señalado que no le daría facultades a este Gobierno, como tampoco se las dio al anterior. La llave de la victoria la tuvieron los santacruceños José María Carambia y Natalia Gadano, quienes curiosamente un día antes de la sesión habían llamado a directamente a no dar quórum y votaron en contra de la Ley Bases en general.

Lo cierto es que después de votar en general, se pararon y se fueron los dos juntos. Si hubiesen estado presentes, y votaban en contra, todos los artículos de delegaciones de facultades y privatizaciones , que salieron empatados, se hubieran caído.

CAPITULO PREVISIONAL 

Se eliminó el capítulo previsional, por lo que los eventuales beneficiarios podrán seguir jubilándose sin contar con 30 años de aportes. La derogación de la moratoria anticipada implicaba que 9 de cada 10 mujeres no podría jubilarse a los 60 años y debería esperar hasta los 65 años para acceder a una PUAM, en caso de no contar con aportes, o un retiro proporcional, en caso de contar con aportes por menos de 30 años en total. Esto se debe a que solo el 10% de las mujeres logra completar los 30 años de aportes al alcanzar la edad jubilatoria. Entre los hombres el cambio era menor, en comparación, pero también relevante. Si se hubiera incluido el fin de la moratoria en el texto que se trata en estas horas en el Senado se calculaba que 7 de cada 10 hombres tampoco podrían jubilarse a los 65 años, debiendo optar por una pensión no contributiva o una jubilación proporcional.

RIGI

Cambio al Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI). La primera modificación apunta al artículo 165: ya no será para “cualquier sector”, sino para “foresto industria, infraestructura, minería, energía y tecnología” que cumplan con requisitos previstos. En tanto, habrá un guiño extra para proveedores locales, ya que el compromiso para este caso será “como mínimo el 20% de la totalidad del monto de inversión, siempre y cuando la oferta se encuentre disponible y en condiciones de mercado”. Otro retoque importante será en el artículo 196 -incentivos cambiarios-, sobre el cobro de exportaciones: será de un 20% luego de dos años de iniciada la inversión; 40%, después de tres años; y 100%, a partir de los cuatro años.

Cuando se trate del cobro de exportaciones declaradas como “Exportación Estratégica de Largo Plazo”, a efectos de la excepción de la obligación de ingresar y liquidar en el mercado de cambios, los plazos indicados en los incisos precedentes se computarán de la siguiente manera: Veinte por ciento (20%) luego de transcurrido un (1) año contado desde la fecha puesta en marcha de los Vehículos de Proyecto Único (VPU); Cuarenta por ciento (40%) luego de transcurrido dos (2) años contados desde la fecha puesta en marcha del VPU; Ciento por ciento (100%) luego de transcurrido tres (3) años contados desde la fecha de puesta en marcha del VPU.

se modificó el artículo 205 para que las acciones, cuotas o participaciones sociales de los VPU adheridos al RIGI puedan ser objeto de negocios jurídicos de garantía. “Las acciones, cuotas o participaciones sociales de los VPU adheridos al RIGI podrán ser objeto de prenda, cesión en garantía, fideicomiso y/o cualquier otro tipo de negocio jurídico de garantía con entidades financieras, organismos de crédito, locales o extranjeros, sin autorización previa de la autoridad de aplicación, debiendo ello ser informado a ésta última dentro de los quince días corridos siguientes de ocurrido”, dicta el texto.

Los plazos de aprobación

En el Artículo 175 a través de las modificaciones de los tres primeros párrafos se propone “morigerar el procedimiento de aprobación de un VPU para evitar que, por cuestiones de estricto rigorismo formal, se rechacen proyectos o la administración incumpla plazos de por sí, muy exiguos”.

En concreto, desde la presentación de la solicitud de adhesión y el plan de inversión por parte del VPU (o, en su caso, desde la presentación de cualquier información complementaria o aclaratoria requerida por la autoridad de aplicación al efecto), la autoridad de aplicación contará con un plazo máximo de cuarenta y cinco (45) días siguientes para expedirse aprobándolos o rechazándolos. Además, el acto administrativo de aprobación o rechazo de la solicitud de adhesión deberá ser notificado dentro de los cinco días hábiles posteriores a su emisión. El plazo previsto de 45 días se suspenderá desde la fecha de notificación de la solicitud de información adicional hasta la fecha de presentación de la información complementaria o las aclaraciones requeridas.

PAQUETE FISCAL 

Con nuevas modificaciones cedidas por el Ejecutivo se aprobó un nuevo blanqueo de capitales y una moratoria impositiva, por unanimidad. Pero el oficialismo sufrió un duro revés cuando se le cayó el capítulo del Impuesto a la Ganancias y Bienes Personales.

La reversión de Ganancias tuvo 41 rechazos y solo 31 votos afirmativos. El texto fijaba que el impuesto vuelva a pagarse a partir de un sueldo de $1.800.000 en el caso de solteros y de $2,2 millones para casados. La actualización, por inflación, se fijaba para septiembre de este año, y a partir del año que viene cada seis meses.

Durante el debate en el Senado, y por presión de los patagónicos, el oficialismo incorporó el diferencial del 22 % por zona desfavorable que beneficia a las provincias del Sur. Igualmente los patagónicos votaron en contra.

El kirchnerismo se dividió al momento de votar ganancias: 31 legisladores rechazaron, pero hubo dos que votaron a favor: la jujeña Carolina Moises y el catamarqueño Guillermo Andrada.

También votaron en contra los radicales Martín Lousteau y Maximiliano Abad y la pampeana del PRO, María Victoria Huala. De los bloques federales rechazaron los santacruceños José María Carambia y Natalia Gadano; el entrerriano Edgardo Kueider y el correntino Carlos "Camau" Espínola, la rionegrina Mónica Silva; y las chubutenses que responden al gobernador PRO Nacho Torres: Edith Terenzi y Cristina Andrea Marcela.

El título de Bienes Personales también fue rechazado. El texto del oficialismo planteaba una reducción del piso a partir del cual se empieza a pagar Bienes Personales y una disminución en las alícuotas. De acuerdo al proyecto, el mínimo no imponible subía de $ 27 a $ 100 millones y la deducción por la vivienda familiar iba a pasar de $ 56 a $ 350 millones.

Pero la votación salió rechazada para sorpresa del oficialismo, que no lo esperaba. Hubo 37 votos en contra y 35 a favor. Además de los 33 legisladores de Unión por la Patria, votaron en contra los dos santacruceños, José María Carambia y Natalia Gadano, el radical Martín Lousteau y la rionegrina Mónica Silva.