Para quienes mandan a sus hijos a un colegio privado, el aumento de abril es ya un clásico. El anuncio del valor de la cuota 2023 que, por ley, se hizo entre septiembre y octubre del año pasado sólo se cumple en la matrícula y en la primera cuota del año. Después viene siempre con aumento.

A principio de febrero, el ministro de Economía, Sergio Massa, anunció que los aranceles de los colegios privados entrarían en el programa Precios Justos. Lo paradójico, o demagógico, de esta medida es que se tomó un par de semanas antes de que se cerrara la paritaria docente.

Martín Zurita, líder de AIEPBA, la asociación que nuclea colegios privados de la provincia de Buenos Aires, explicó a MDZ que “el problema fundamental es que el 80% del valor de la cuota está compuesto por costos salariales”.

Así, ponerle un tope a la cuota antes de saber cuánto va a ser el aumento de los docentes, es poner en riesgo la sustentabilidad de los establecimientos educativos de gestión privada.

“Por eso nos negamos a firmar, fuimos la única asociación de la provincia que no firmó. Hoy, los mismos que acompañaron el proyecto se están quejando porque con el aumento permitido no pueden cubrir los costos”, afirma Zurita.

Mientras que el acuerdo de Precios Justos estableció un aumento inicial del 16,8% respecto de la cuota 2022, tres aumentos del 3,35% en abril, mayo y junio, y del 4% en julio, la paritaria docente en la provincia cerró en un acumulado del 40% para la mitad del año en tres tramos de 18, 10 y 12%.

De acuerdo con las estimaciones que hacen los colegios, para poder absorber el incremento salarial, el aumento de abril debería rondar entre el 5 y el 8%, y en mayo un 7,5%. Algunas asociaciones que habían acompañado la iniciativa de Precios Justos, como Acidepba y Epea, hoy se suman al reclamo por una renegociación de los topes.

“El 6 de marzo presentamos una nota pidiendo que se haga efectiva la cláusula del acuerdo que permite reabrir la negociación en caso de que la paritaria se disparara por encima de los Precios Justos”, comenta el líder de AIEPBA, “pero todavía no obtuvimos respuesta, habrá que seguir insistiendo”, se lamenta.

¿Qué pasa con los colegios sin subvención estatal?

De los 6.200 establecimientos educativos de gestión privada que hay en la provincia, 4.300 reciben aportes del Estado. Estas son las instituciones afectadas por los Precios Justos. Las restantes 1.900, tienen más libertad de acción. La ley les permite aumentar hasta un 50% de lo que aumenta el salario docente. En este caso podrán incrementar las cuotas hasta en un 9%, la mitad de lo que prevé el primer tramo de la paritaria.

Sin embargo, aumentar demasiado puede ser contraproducente. La morosidad en los pagos por parte de los padres es un problema que se ha incrementado notoriamente a partir del cierre de las escuelas durante la pandemia. Teniendo en cuenta que, desde el punto de vista legal, los colegios tienen pocas herramientas para cobrar las deudas, es preferible mantener un equilibrio.

Además, “si uno sube mucho la cuota, hay riesgo de que se vaya gente y eso achica el número de los que pagan y vuelve más pesada la estructura para los que quedan. Es un círculo vicioso que hay que manejar con mucho cuidado”, concluye Zurita.